A partir de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 749, el gobierno provincial de Maximiliano Pullaro habilitó a las empresas del transporte a subir un 35.35 %. El boleto mínimo entre localidades vecinas como Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez cuesta ahora $980. A Rosario desde San Lorenzo $2509 y por autopista, $3400; a Villa Gobernador Gálvez, $3724. Desde Bermúdez o Granadero Baigorria a San Lorenzo cuesta $1279. En tanto desde Andino a Rosario la tarifa se eleva a $5065. Desde VGG a Rosario $1566.
Esta medida implica un ataque contra las mayorías populares y al nivel de vida de los trabajadores que no dejan de decaer sus salarios con los constantes aumentos. Las empresas del transporte y el gobierno provincial quieren justificar los aumentos por la eliminación del fondo compensador del interior que recibían del gobierno nacional que significa la reducción del subsidio al transporte, una decisión que es parte del ajuste a pedido del FMI y el gobierno de Milei.
Los aumentos que se dieron en 2023 supuestamente mejorarían el servicio, pero la realidad muestra que el boleto está cada vez más caro y los usuarios viajamos cada vez peor, en condiciones de hacinamiento. Es común la irregularidad en las frecuencias, quedarse varado por desperfectos en las unidades, que en verano no funcione el aire acondicionado y en invierno la calefacción. El transporte público tiene que estar al servicio de los usuarios al llegar a su destino, y no tiene porqué ser fuente de lucro empresarial.
Para enfrentar los tarifazos actuales y desmentir las maniobras empresariales, hay que exigir el acceso a los balances de las empresas para tener un real conocimiento de los costos e inversiones. Es necesario terminar con la herencia de las privatizaciones de los años 90. El estado provincial debería estatizar el servicio, bajo control de sus trabajadores y los usuarios para contar con un transporte público, económico de calidad, y que no sea un negocio para unos pocos. | 
