La aprobación de la Ley Mordaza en 2015 bajo el gobierno del PP liderado por Mariano Rajoy supuso un avance en la impunidad y la brutalidad de la represión a activistas de movimientos sociales y políticos, a la juventud y a las personas migrantes por parte de las fuerzas represivas del estado.

Con la implantación de esta ley se criminalizaba aún más las protestas y a les luchadores, persigue el ocio de la juventud o perpetúa las redadas racistas contra las personas migrantes y las sangrientas políticas de las fronteras. Todo esto, mientras blindaba la impunidad policial y reforzaba a los cuerpos represivos. Un auténtico ataque a la clase trabajadora y a los sectores populares más oprimidos.

Desde su aprobación en 2015 hasta 2022, los últimos datos disponibles, se han impuesto más de 291.400 sanciones. Según Amnistía Internacional, la mayoría de ellas se aplicaron apoyándose en dos artículos principales: “faltas de respeto a la autoridad” y “resistencia, obediencia o negativa a identificarse”. Esto supone una ofensiva contra los derechos de manifestación y protesta.

En los últimos años, incluso bajo los gobiernos progresistas de PSOE-UP y ahora en su reedición con Sumar, la Ley Mordaza se ha utilizado junto con otras reformas legales para perseguir y reprimir a luchadores sindicalistas, a activistas ecologistas, a los sindicatos de vivienda, a artistas que expresan su rechazo a la monarquía o al podrido régimen del 78 o a estudiantes acampados en solidaridad con Palestina.

Y mientras tanto, quienes prometieron derogar esta ley, como Podemos y ahora también Sumar, durante las últimas legislación “más progresistas de la historia” se limitaron a llevar a cabo una reforma light que simplemente maquillaba algunos aspectos, pero que mantenía los puntos más represivos. Una promesa vacía más de la izquierda institucional reformista. Tampoco olvidamos el silencio cómplice de Podemos cuando el gobierno del PSOE aprobó la Ley de Mordaza Digital en 2019 contra “la república digital catalana”, que permite cerrar páginas web o eliminar la conexión a Internet en ciertas zonas sin necesidad de una orden judicial.

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La represión policial que se hace más difícil de responder por la Ley Mordaza sigue vigente, permitiendo el uso de pelotas de goma o proyectiles de foam que han demostrado en múltiples ocasiones su alcance destructivo, provocando mutilaciones como pérdidas de ojos y graves lesiones. Numerosas organizaciones por los derechos humanos han señalado el carácter extremadamente violento del uso de estos métodos.

Por otro lado, la impunidad policial que la misma ley permite, ha posibilitado las infiltraciones policiales en movimientos sociales y políticos, como organizaciones independentistas catalanas, asociaciones ecologistas, sindicatos de vivienda, etc. Esta táctica utilizada sistemática por el Ministerio del Interior ha llevado a decenas de infiltraciones a lo largo de los años e, incluso, instrumentalizando vínculos sexoafectivos con militantes de dichos movimientos.

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Por otro lado, la Ley Mordaza se utilizó para el refuerzo de las actuaciones policiales contra las personas migrantes y racializadas. Pero ésta se sumaba a prácticas como las redadas racistas en barrios populares, o las llamadas “devoluciones en caliente” que vulneran sistemáticamente los derechos de las personas migrantes y en busca de asilo.

A pesar de que era también una de las promesas de Podemos antes de llegar a los ministerios, la cuestión de las devoluciones ilegales e improcedentes quedó relegada a la Ley de Extranjería, la cual ni Podemos ni Sumar se han atrevido a mover ni una sola coma en todos estos años de gobiernos progresistas. Mientras tanto, el imperialismo europeo y las políticas antiinmigración se siguen cobrando la vida de miles de personas en las fronteras y el mar Mediterráneo, como en la masacre de Melilla de la que hace apenas unas semanas se cumplían dos años.

Leyes como ésta buscan desmovilizar y reprimir a la clase trabajadora y la juventud, un intento de garantizar que nuevos ataques pasen sin una respuesta capaz de tumbarlos. No es sorprendente que la derecha y la extrema derecha se aprovechen de reforzar las leyes represivas, pero tampoco podemos esperar que el cambio venga de la supuesta izquierda que se integra en las mismas instituciones capitalistas e imperialistas.

La izquierda reformista ha demostrado en estas últimas dos legislaturas que están dispuestos a ser la pata “izquierda” del régimen actual a cambio de mantener unas cuantas posiciones. No obstante, la izquierda institucional es la misma que le abre las puertas a la derecha, aplicando y reformando sus propias políticas represivas y en contra de la clase trabajadora.

El mismo gobierno progresista que mantiene la Ley Mordaza acaba de pactar la perpetuación de una casta judicial reaccionaria que emite condenas de prisión a jóvenes como los 6 de Zaragoza por manifestarse contra la extrema derecha o a sindicalistas como las 6 de La Suiza, por protestar en un conflicto laboral.

Combatir la represión es una clave para poder seguir luchando, para defender las propias fuerzas, los derechos y avances conquistados y poder asegurar nuevas victorias. Es necesario levantar un movimiento desde abajo que luche contra la represión y persecución policial, por la derogación de la Ley Mordaza y la amnistía total de todos los luchadores, contra todas las leyes antidemocráticas, contra las leyes de extranjería. En definitiva, que luche por destruir el régimen del 78 heredero del franquismo con las herramientas de lucha de la clase trabajadora junto a los sectores oprimidos para poner en jaque a este sistema.