El reciente fallo judicial que revocó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declaraba a las telecomunicaciones como servicio público esencial es un claro ejemplo de cómo el poder judicial actúa en beneficio de las grandes corporaciones y en detrimento de la clase trabajadora y los sectores populares. Esta decisión no solo pone en peligro el acceso a un servicio básico, sino que también refuerza el dominio de los monopolios sobre servicios que al día de hoy se vuelven básicos.
La declaración de las telecomunicaciones como servicio público era una medida mínima y necesaria para el acceso a la conectividad, un recurso indispensable en la era digital. Sin embargo, este fallo judicial, que responde a los intereses de las élites económicas, prioriza las ganancias de las empresas de telecomunicaciones por encima del derecho fundamental de la población a comunicarse y acceder a la información.
El impacto de esta decisión se verá reflejado en el aumento de las tarifas y en la calidad del servicio. De este modo, las empresas de telecomunicaciones, TELECOM/Clarin, CLARO y Movistar, tienen vía libre para establecer tarifas prohibitivas, incrementando así la brecha digital. Esta situación se agrava en el marco político actual del gobierno de Javier Milei, cuyo programa neoliberal y pro-mercado busca desmantelar las conquistas históricas de la clase trabajadora y reducir la intervención estatal en sectores estratégicos. Las políticas de Milei apuntan a debilitar los derechos laborales y sociales, favoreciendo a los grandes capitales y profundizando la precarización de los trabajadores. Recordemos que estas empresas vienen aplicando tarifazos, periódicamente, desde hace años, y también son de las empresas más cuestionadas por el mal servicio que brindan a los usuarios.
El gobierno y sus políticas envalentonan a los sectores empresariales con sus discursos contra los trabajadores y sus políticas de ajuste que benefician a las patronales y perjudican a los trabajadores como la ley bases recientemente aprobada. Este fallo judicial es un reflejo más de la ofensiva generalizada contra los derechos de los trabajadores y el pueblo, que quiere imponer el gobierno y sus aliados en el poder judicial y económico.
Mientras estás empresas tienen vía libre para ajustar a los usuarios, las empresas de telecomunicaciones quieren llevar adelante un plan de despidos encubiertos a través de los retiros voluntarios de las personas con más antigüedad en las empresas. Así lo anunció la empresa TELECOM está semana, mientras la empresa gana millones busca avanzar con un plan de mayor flexibilización para sus trabajadores, con peores convenios y terciarización.
Florencia Saracho, trabajadora de Telecom y referente de la Agrupación Violeta nos decía “es necesario que la conducción de Foetra y la Consitel, rompan el inmovilismo y convoquen asambleas en los lugares de trabajo. Mientras estas empresas pretenden avanzar en el aumento de la productividad y en despidos en compañeros tercerizados en el interior y retiros en efectivos que no son más que despidos encubiertos, aumentan todavía más sus ganancias a costa de los usuarios que también son trabajadores. No podemos mirar para otro lado mientras ajustan a los usuarios, se hace imposible para todo el mundo llegar a fin de mes. Diariamente vemos cómo los Magnetto y Slim de Claro, y los CEO de movistar facturan millones, y ahora buscan sacarle aún más a los usuarios y también a los trabajadores” y continuó “Estás empresas eran estatales en los noventa y fueron todas privatizadas por el menemismo. Desde la Agrupación Violeta vemos necesario la nacionalización de las empresas de telecomunicaciones bajo control de los trabajadores y usuarios. Durante la pandemia, quedó muy claro cómo las telecomunicaciones son parte de nuestra vida cotidiana, creemos que es fundamental garantizar un servicio accesible y de calidad para los trabajadores y las mayorías populares”. |
