A las 11hs de la mañana del día de hoy, 02 de julio, las y los trabajadores de la Secretaría de los derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, realizaron una Olla Popular con mates y tortas fritas, en las puertas de dicha dependencia. Representantes de organizaciones sindicales, ATE, SIPRUS, ADUL, CTA A, de la Asamblea Ni Una Menos, y de las agrupaciones La Marrón, En Clave Roja y Tinta Roja del PTS participaron en apoyo de la acción.
Contratados, contratadas y residentes reclamaron no haber recibido el aumento salarial acordado entre el gobierno provincial y el gremio ATE el mes pasado. A principios del mes de junio, se acordó un aumento de los contratos nombrados a un piso de $260 mil para no profesionales y un escalón más arriba, hasta ese momento indefinido, para profesionales. Sin embargo, en el día de ayer facturaron sin dicho aumento, pese a la situación de inflación y devaluación que tanto ha deteriorado los salarios.
Los trabajadores profesionales y no profesionales que prestan servicios en hogares de la Secretaría reiteraron, además, la gran preocupación por la expiración de sus contratos en el mes de agosto. Son 165 trabajadores contratados bajo la modalidad de locación de servicios durante la gestión del ex gobernador Omar Perotti. La gestión actual considera canalizar el vínculo de este grupo de profesionales a través de la figura de Asistente Técnico (AT) de los niveles 7 a 10, previa revisión de roles, funciones y carga horaria. Sin embargo, aún no está definido, y se acorta el plazo para una pronta solución.
En el marco del Estado de Asamblea Permanente, los trabajadores precarizados decidieron visibilizar sus reclamos ante la falta de respuestas concretas. En forma autogestionada, se organizaron para elaborar tortas fritas y compartirlas con sus compañeros que están en planta permanente, y a quienes transitaban por la vereda y circulaban por la calle, frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, del que depende la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Conversamos con algunos asistentes. Carolina declaró “estamos pidiendo que se revea el aumento a estos compañeros, porque no se puede vivir con 130 mil pesos. Hay profesionales que cobran 148 mil pesos. Se toman medidas excepcionales, se trabaja con familias, con niños. La secretaría es garante del derecho de los niños. Por lo tanto, exigimos al gobierno, al ministerio, que es el que tiene la potestad de hacerle el pedido al ejecutivo para que se renueven estos contratos. Acá también hay otra modalidad, que son los residentes comunitarios, que es un programa que también están sosteniendo efectores públicos (…) Nosotros venimos haciendo estado de asamblea, el jueves a las 10 hs. haremos una movida en el ministerio de desarrollo, porque es el ministerio que tiene que tomar la decisión. También estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Género que pertenece ahora al Ministerio de Desarrollo. Ahí hay 43 cesanteados. Vamos a sumar los reclamos para que el ministerio nos dé una respuesta.”
Federico relató que vienen reclamando desde la gestión anterior. “Nosotros estuvimos desde la pandemia laburando acá (…) Hubo un pase a planta del cual quedamos afuera por cuestiones de los años que llevábamos adentro, entonces, nos hacen el artículo 169. Ese contrato se termina en agosto (…) Pullaro ni bien asumió sacó una cláusula como parte de un decreto que decía que los contratados por artículo 169 de su gestión iban a cobrar por arriba de los 200 mil pesos, pero que los que venían de la gestión anterior no iban a tener ningún tipo de incremento en su remuneración hasta que se venzan. Ahora estamos próximos al vencimiento y no hay ningún avance en la negociación (…) Todo parece indicar que esperan que nos vayamos solos los que todavía no nos hemos ido. Éramos 195 los contratados laburando en todo el territorio provincial para la Secretaría, ahora quedamos 165, porque hubo quienes se vieron obligados a renunciar por la situación económica. (…) Hemos decidido convocar acciones así para visibilizar un poco, para pasarla bien en la lucha, porque son situaciones dolorosas, hay que crear empatía y solidaridad entre los compañeros porque sino la lucha se cae. Lo que era una lucha por aumento hoy parece ser una lucha para que resuelvan nuestra condición laboral porque sino en agosto nos quedamos sin trabajo.”
Patricia explica la modalidad de las acciones. “El Estado de Asamblea permanente es de 11 a 13hs. Venimos 6.30-7.00 AM y trabajamos hasta que comienza la asamblea. A las 11 nos reunimos adentro o hacemos acciones para visibilizar hacia afuera (…) Pero venimos a laburar todos los días, después de las 13hs algunos nos quedamos para terminar cosas pendientes” Con respecto a las perspectivas de cómo seguirá el conflicto, afirma “estamos en un silencio de radio, no hay respuestas. Supuestamente íbamos a tener respuesta el viernes pasado o el lunes. No hubo ninguna”. También se refirió a los residentes que están trabajando “bajo el potenciar trabajo, algunos con el nombre de Potenciar Crianza, que es un potenciar trabajo que tiene cualquier organización para laburos comunitarios de los barrios. La precarización y el trabajo mal pago lo podes ver desde varios lugares. En los hogares hay compañeros que cobran 70 mil pesos, y son quienes cuidan a los pibes y pibas, cumpliendo funciones de planta. Trabajando de noche, feriados, pasan Navidad y año nuevo con los pibes (..) es un laburo muy sacrificado y si no lo hacemos quienes lo sabemos hacer, los que lo venimos haciendo, no es fácil que ingrese gente nueva. Porque más allá de que nadie es indispensable, hay un saber, un conocimiento, una práctica que venimos ejerciendo hace un montón de años y eso se estaría desperdiciando”.
Fede y Patricia quisieron comunicarle a la gente, “con respecto al discurso de odio que se baraja a nivel nacional, que sostiene que hay que achicar el Estado porque está lleno de ñoquis, que en esta Secretaría hay un montón de gente que labura con vocación, que cumplimos horario, nos especializamos, estudiamos, nos formamos. Recibimos migajas a cambio. Por eso hay que dejar de demonizar al laburo estatal. Que se fijen lo que cobra un funcionario y van a ver que los ñoquis no somos los trabajadores.”
Mientras tanto el gobierno nacional anunció una nueva tanda de 2300 despidos de trabajadores y trabajadores estatales, según contabiliza ATE Nacional. En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el lunes pasado se reprimió a los trabajadores que realizaban una manifestación pacífica sobre la vereda. En el Hospital Posadas hubo una importante asamblea a raíz del despido de 90 trabajadores esenciales. El Gobierno nacional avanza en el vaciamiento de los Centros de la Memoria, en línea con su discurso negacionista y de reivindicación de la última dictadura cívico-militar. Por lo que se impulsaron movilizaciones en la ex ESMA y el ex Ministerio de Mujeres, géneros y diversidad.
Para estar a la altura de los ataques de los gobiernos ajustadores, nacional y provincial, hay que buscar vías para romper la pasividad para movilizar masivamente, y superar la división que nos imponen las dirigencias gremiales.
UPCN está dejando pasar los despidos. Por su parte, ATE no ha tenido ninguna política para preparar la lucha ante una tanda de despidos que era anunciada y esperada. La espera pasiva y el que cada sector, en cada lugar, se defienda como pueda disminuye y desgasta las posibilidades de la lucha y la resistencia de los trabajadores. Frente a un ataque que pretende vaciar sectores enteros de la Administración Pública y que busca aleccionar al conjunto de la clase trabajadora, necesitamos unificar las fuerzas y oponer una respuesta contundente: la unidad de acción y la lucha en común es una tarea de primer orden. Hace falta organizar un plan de lucha y marchar hacia un nuevo paro general.
