Un gran debate ha generado el alza de las cuentas de electricidad. El bolsillo de la clase trabajadora se mantiene amenazado tras el alza de hasta un 43% en algunas regiones (Valparaíso y Atacama) y pese a la subida del sueldo mínimo y la postulación al subsidio eléctrico (que beneficia al 40% del Registro Social de Hogares por un monto único) el gobierno de Boric se encuentra a la espera de las reacciones de la población tras la primera boleta de luz con esta primera alza.

Sin embargo, un sector del empresariado también se ha manifestado en contra de esta alza. De acuerdo a un estudio de Accenture, más del 10% de los ingresos anuales de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, están destinados a cubrir los gastos eléctricos. En ese contexto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pidió a todo el sector empresarial tener “paciencia” al respecto y adelantó un "perdonazo" a las mineras. “Hay que tener paciencia para ver en detalle lo que se está proponiendo, porque en el caso particular de las mineras habrá un efecto compensado, porque para ellas se va a reducir el costo de la energía”, planteó Marcel en diálogo con radio Infinita.

Se trata de volver al discurso de "los expertos" de los 30 años, el cual trata de profesionales vinculados con los partidos políticos del régimen realizando políticas públicas en favor del empresariado. Factor que fue denuncia y motor de las movilizaciones de la revuelta del 2019.

Se trata de la deuda de 6.000 millones de dólares con un total que supera los 1.800 millones de dólares de interés, la cual fue pactada durante el último gobierno de Sebastián Piñera con los empresarios en el contexto de la revuelta del 2019. Aunque se descongelaron transitoriamente en 2022, volvieron a fijarse en 2023, cuando el actual gobierno decidió no publicar los decretos con la actualización de las tarifas.

Según la investigación del medio CIPER, el 2023 el Ministro de Energía Pardow (CS) se reunió reservadamente con integrantes de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta. De dicha reunión, lo único que la cartera transparentó fue la decisión que adoptó el gobierno de contratar a dos profesionales que han trabajado para diversas empresas eléctricas: Ramón Galaz y Andrés Romero. Ambos forman parte de la consultora Valgesta. A ellos se les encargó que diseñaran una fórmula de pago que subiera de manera progresiva el precio de las cuentas de electricidad de los usuarios.

"Ramón Galaz Arancibia, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica e ingeniero comercial de la Universidad de las Américas, es director ejecutivo de Valgesta. Andrés Romero Celedón, abogado de la Universidad de Chile, es presidente del directorio de la misma consultora. Romero fue, además, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet. En ese cargo fue uno de los promotores de la iniciativa para instalar medidores eléctricos inteligentes que debían financiar los usuarios, proyecto que tenía un costo de unos US$ 1.000 millones. Cuando CIPER reveló ese plan en marzo de 2019 se generó un amplio debate público y un fuerte rechazo ciudadano a la iniciativa." sostiene CIPER.

En su web, Valgesta informa que ha prestado servicios a 56 empresas del sector: 46 generadoras, seis compañías dedicadas a la transmisión y cuatro que operan en la distribución. También indica que ha trabajado para asociaciones empresariales del rubro. Algunos de los clientes que declara en su web son Enel, CGE, Colbun, Aes Gener, Transelec y Chilquinta. Entre las asociaciones empresariales que ha atendido se cuentan la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol) y Generadoras de Chile.

Entre 2006 a 2016 la consultora también asesoró a organismos públicos en 25 ocasiones. Principalmente, según consta en los registros de Mercado Público, a la Comisión Nacional de Energía (CNE). El total de los servicios pagados por el Estado en esa década asciende a $596 millones.

Además, los contactos con el mundo político de Ramón Galaz no se limitan al Senado. En 2021 conformó el equipo programático del entonces candidato presidencial de la derecha, Sebastián Sichel.

"Deuda que no se paga, sale más cara", fue la frase de Gabriel Boric que alude a una deuda que no fue consultada ni acordada por las y los usuarios. Mientras que, son las mismas familias trabajadoras la que costean la deuda a través de los mismos subsidios eléctricos, los cuales son pagados por los impuestos de todos y todas las trabajadores.

Por su parte, desde el oficialismo han presentado un pequeño fuego amigo a través de la Asociación de Municipios Libres -en mira a las elecciones municipales en octubre próximo-, quienes llegaron este lunes a La Moneda a entregar una carta para que el Gobierno aumente el subsidio por el alza de las cuentas de la luz a un 80% para la población con menos recursos.

Quienes realmente ganan con las alzas es el empresariado a través de las distribuidoras de luz y que a su vez, tienen de inversionistas multinacionales y bancos.

La Compañía General de Electricidad (CGE) es una trasnacional China dirigida por State Grid Chile Electricity SpA con un 97,145% de participación. En la actualidad, CGE es la mayor empresa distribuidora de electricidad en Chile, y su adquisición por parte de State Grid se agregó a la de Chilquinta, que realiza el mismo tipo de actividad, la cual fue comprada en octubre del 2019. Su ganancia bruta durante el primer semestre del 2023 fue de $66.544.994 (GCE Transmisión S.A).

Otro ejemplo es el grupo Enel, el cual se presenta como el segundo distribuidor de energía, que también es una trasnacional que realiza operaciones en más de 30 países en 5 continentes. Su área de concesión en Chile abarca 33 comunas de la Región Metropolitana y entre sus mayores accionistas se encuentran bancos como Citibank (4,94%), Banco de Chile (4,12% y 3,13%) y las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Es urgente que los precios de la distribución eléctrica se congelen y no continúen en alza. Las y los trabajadores y el pueblo pobre no podemos pagar la deuda desde nuestros bolsillos. Hay que desprivatizar los servicios básicos. El Estado debe hacerse responsable. La estatización y nacionalización es una vía clave y necesaria para que Chile, no siga dependiendo de grupos empresariales extranjeros. Sin embargo, con esto último sería insuficiente si las y los trabajadores no salen en escena.

Es por esto que, las gestión de las empresas y servicios básicos deben ser puestas bajo el control y la dirección de los trabajadores y de las comunidades de los lugares donde se genera la energía para que en conjunto con los consumidores puedan generar planes de abastecimiento acorde a las necesidades de la sociedad y la conservación del medio ambiente.

Y es que si se trata de una medida de fondo es que los trabajadores deben proponer planes de inversión y de coordinación de los sistemas, y una planificación para que la producción de energía tenga como primera prioridad las familias del país y no las necesidades grandes empresas, comenzando con la contratación y paso a planta de los trabajadores de las empresas de la energía y electricidad.

Joseffe Cáceres, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) señala la importancia de la organización de las y los trabajadores a través de sus direcciones y organismos: "La CUT debe romper su silencio. Y, junto a organizaciones de mujeres, estudiantiles y sociales, es su deber convocar a movilizaciones para frenar esta alza en las tarifas de consumo de electricidad y para conquistar sueldos que efectivamente nos permitan llegar a fin de mes y garantizar la canasta básica familiar, como una cuestión estructural. Desde el movimiento de mujeres, que conformamos miles de trabajadoras, también podemos jugar un rol clave, utilizando nuestro potencial revulsivo como una palanca que desequilibre la balanza y que permita a otros sectores impedir estos ataques.".

Te puede interesar: No más alzas. El sueldo mínimo “con justicia de género” del gobierno que se apaga al encender la luz