Durante el reciente proceso electoral del 2024 podrían señalarse tres momentos críticos en torno a las nociones generales sobre la problemática “del narco”, la violencia y su articulación (o no) con el gobierno actual y el Estado mexicano. En gran medida, son elementos que trascienden la fecha de la elección y que su difusión masiva en medios de comunicación busca, entre otros objetivos, moldear la opinión pública que legitime narrativas hegemónicas sobre lo que puede entenderse acerca de estos hechos y problemas. Entre otros, un plan de fondo es la imposición a sangre y fuego de agendas rapaces, securitarias y represivas que garanticen los intereses capitalistas (y de su Estado y distintos grupos de poder). Es por ello, que hay que marcar algunas coordenadas para continuar con un debate abierto respecto al problema del narcotráfico y la violencia, para lograr guías hacia la acción política.

Las palabras cuentan y las fuentes también

Un primer momento crítico es la publicación de la investigación sobre el supuesto financiamiento del narcotráfico a la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2006. El 30 de enero de 2024, el reportaje de investigación firmado por Tim Golden aparece en Pro Publica y, simultáneamente, en otros medios de comunicación; ahí se presentan testimonios que sostienen que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió apoyo financiero del narcotráfico a través de la entrega de dinero a operadores políticos de su equipo en la campaña electoral del 2006. Con lo cual, intenta instalarse un sentido común utilizado, principalmente por la oposición de derecha, sobre un supuesto narcogobierno al servicio del "cartel" de Sinaloa, como explicación de la violencia criminal y asesina que se vive en el país.

Sin embargo, una lectura detallada del reportaje de Golden, lejos de mostrar evidencia convincente, sólo se basa en falacias e información inconsistente proporcionada por la DEA; lo cual, reconocerían posteriormente medios como el propio New York Times. Esta operación mediática no podría pensarse por fuera del contexto político electoral reciente en México y la tensa relación entre la DEA y el presidente López Obrador. Como lo menciona el análisis de Osvaldo Zavala publicado en el portal Sin Embargo [1], donde la noción que se discute en ese sentido, es que la información es tendenciosa y que esta investigación toma como fuentes veraces lo que la DEA considera debe decirse y el momento en el que debe hacerlo.

Hay que considerar, como plantea Juan Villoro, que la violencia genera narrativas y que "cometer delitos, combatirlos o simular que se combaten, depende de explicaciones". En este sexenio, más allá de que institucionalmente no continuó el discurso oficial de una "guerra contra el narco", el problema es que siguen instaladas como "verdad", las nociones narrativas que se impusieron desde el 2006 en el sexenio de Felipe Calderón. Por ello, en su columna del diario Reforma “La DEA opina”, Villoro refiere que la supuesta guerra contra el narcotráfico es, en realidad, una contienda para controlar los negocios derivados de la droga y que, para lograrlo, "políticos, militares y criminales cuentan historias que justifican sus actos" [2]; es decir, que estas narraciones sobre la mal llamada "guerra contra el narco", se convierten en un paradigma cognitivo que sirve para justificar y explicar injerencias, militarización, problemas sociales, políticas represivas y violencias contra la población.

En este contexto, no aceptar la definición de un "narco gobierno" de la 4T a secas, no significa de facto el apoyo político al gobierno de AMLO, al que desde estas páginas se ha criticado por su continuidad en la militarización del país, es más bien la negativa a aceptar los discursos que legitiman no sólo la injerencia imperialista, sino que cubren de niebla el denso bosque que es el entramado del crimen y la violencia que ha ejercido el Estado mexicano durante muchas décadas. Podría decirse que, si tienen que debatirse las conclusiones que aluden a que AMLO es un "narco gobierno", si se basan en lo que expone esta investigación que sigue los dictados de la DEA, tendría que responderse: no, no es un "narco gobierno". Pero, esto no es una negación a que el orden de los negocios criminales legales e ilegales sea una correa de transmisión, que tiene al Estado mexicano como un actor central y que recorre, en diversos grados, a las distintas administraciones gubernamentales.

A su vez, señalar el papel central que cumple el intervencionismo imperialista (principalmente, estadounidense) no debe caer en una idea que, sin querer, le abra la puerta a la noción de "estado fallido"; ya que, la forma actual de la violencia en México, pone también en plena responsabilidad compartida a las instituciones y el propio carácter del Estado mexicano que, lejos de estar sólo en sintonía con los intereses de Estados Unidos, se mueve facciosamente entre los intereses de otras potencias y "sus mafias".

Esto ha sido su actuar desde su constitución como Estado y ser árbitro entre distintos intereses de las facciones burguesas incluye las drogas y otros negocios criminales ilegales como la trata de personas, así como negocios criminales legales en la expoliación de recursos naturales y concesiones gubernamentales. Esto, desde luego, desarrolla pugnas y disputas por su control, donde se entra en un terreno encubierto y que supera en sus atrocidades lo pensable y lo decible, como se aborda en el artículo de Julián Contreras y Elías Hernández [3].

Montajes sobre montajes

Un segundo momento crítico (y simbólico) sobre la violencia en México en el contexto electoral, podría considerarse el pasado domingo, 21 de abril; aquel día, es interceptado el vehículo donde Claudia Sheinbaum viajaba por Chiapas, la entonces candidata de Morena a la presidencia de la república. En una sugerente reflexión, el periodista Ignacio Alvarado se cuestiona sobre este hecho [4] y surgen preguntas que es complejo de cerrar; sin embargo, nos remitiremos sólo a una veta que se desprendió de ese suceso. ¿Sería posible que un grupo armado del "crimen organizado" fuese capaz de acercarse a la candidata de Morena (virtual presidenta) sin que las fuerzas militares tuvieran conocimiento y control del episodio? Si cabe la posibilidad de que sean dos hechos paralelos, ¿cuál de los dos sería el montaje?, ¿a qué objetivo o interés responde que se siembre la duda de esa posibilidad de acción de los grupos criminales?

Puede pensarse, que la utilización del montaje como recurso para generar opinión pública a favor o en contra de un personaje político o algún plan de gobierno, es inverosímil en la política gubernamental, la experiencia muestra todo lo contrario. Muchas veces se descartan estas explicaciones por pudor a ser señalado de "conspiracionista", pero, no serlo no indica que no existan conspiraciones (y que se puedan exponer o sugerir) y, por tanto, no deben tampoco descartarse los montajes. Esto, sobre todo con casos donde abundan las pruebas claras, un ejemplo de ellos será el de cacicazgos políticos como el de Melesio Cuén en Sinaloa (y desde la Universidad Autónoma de Sinaloa), como lo documenta Norberto Soto [5].

Lo anterior intenta definirse sin ningún afán de naturalizar la violencia asesina, que cobró la vida de muchas y muchos candidatos y miembros de sus equipos de campaña en las pasadas elecciones. Al destacar casos de caciques como Cuén en Sinaloa, sirve para señalar cómo es utilizado de manera maniquea este discurso por grupos reaccionarios, pero ello no implica desconocer el manto de corrupción, impunidad y violación de las garantías democráticas y violencia asesina en los procesos electorales.

En ese sentido, es más bien el cuestionar que sea la acción de los carteles que —supuestamente— rebasan al Estado, por lo que es necesario debatir y explicar en cada caso, quiénes son los actores e intereses en juego y el contexto que permite esta violencia. Es irrebatible el hecho de que en México se sufre un alto riesgo si se decide ser candidato de elección popular a cualquier cargo, particularmente aquellos de resonancia local y que probablemente incidan sobre intereses de grupos empresariales y de poder político regional; sin embargo, el sentido común impuesto en que "es el narco" quien —sin servir a ningún interés de actores empresariales, políticos o estatales— asesina candidatos, abona a la impunidad impuesta.

Legitimación securitaria

Para continuar la crítica a las explicaciones de la "guerra contra el narco", es pertinente cuestionar la noción de "cartel", ya que, como argumenta Osvaldo Zavala [6] se inscribe en una lógica funcional a la política de seguridad de Estados Unidos. En ella, propagar la idea de estos "carteles" como supuestos imperios criminales que amenazan la seguridad hemisférica y superan a los Estados latinoamericanos, se propagó como el mito que alimenta la invención del enemigo que hay que liquidar y que legitimó en apariencia ante la población, la real injerencia e implementación de planes imperialistas, así como la militarización, las políticas securitarias y de exterminio contra las masas populares.

Junto a los intereses imperialistas, también entran en juego intereses de las burguesías locales y objetivos del Estado, que se sirven del discurso de la "guerra contra el narco" para detener procesos de autoorganización y lucha; por ejemplo, si uno se pregunta qué está en juego tras los recientes ataques con drones y explosivos, que se han desatado contra la comunidad indígena de Ostula en Michoacán y que se le atribuyen al llamado Cartel Jalisco Nueva Generación, tomando en cuenta los efectos que producen estas ofensivas armadas, puede suponerse que hay intereses de mineras, talamontes y otros sectores de poder económico y político local, nacional e internacional, por apropiarse, desplazar y despojar al pueblo de Ostula, de sus recursos naturales y su territorio. Es desde este cuestionamiento, que el llamado CJNG puede verse como un grupo paramilitar abocado a desarticular los esfuerzos de autodefensa de la población y sus recursos. El papel del Estado, en el mejor de los casos, se muestra en un "dejar hacer, dejar pasar".

En La Miseria de la filosofía, Karl Marx [7] decía que todos los fenómenos destructores, que se suscitan por la libre concurrencia en el interior de un país, se reproducen en escala gigantesca en el mercado mundial. Explica cómo el libre cambio capitalista es incapaz de comprender cómo un país puede enriquecerse a costa de otro, así como tampoco quieren comprender cómo en el interior de un país una clase puede enriquecerse a costa de otra. Por ello, es importante, para entender las aristas del problema de la violencia y la respuesta del Estado mexicano, comprender que se desenvuelven distintos procesos que cuentan con una base estructural inherente al sistema capitalista y procesos de acumulación por desposesión que buscan reforzar y crear mejores condiciones para la explotación y el despojo capitalista e imperialista.

De tal manera, que lo que podría señalarse como un tercer momento crítico es una situación que recorre el periodo electoral y trasciende los tiempos de la elección. En ese sentido puede tratarse de entender la violencia que se desarrolla en determinadas regiones del país, donde es innegable el vínculo de esta problemática con el consumo de drogas y la violencia que genera su venta y distribución en muchas ciudades y comunidades; sin embargo, no es el único negocio criminal que motoriza los asesinatos y la violencia.

Si seguimos el caso emblemático de Ciudad Juárez, como Ignacio Alvarado menciona: “muchos de los asesinatos en la ciudad están relacionados con las docenas de grupos criminales rivales que luchan por controlar varias economías criminales lucrativas, incluido el tráfico de drogas” [8]. Este ejemplo aplicado al panorama mexicano se puede aludir en estas “economías criminales lucrativas”, que se mueven entre las barreras formales de la legalidad y la ilegalidad y que incluyen un complejo entramado que contempla: la trata de personas, la venta de órganos, el comercio de animales salvajes, el robo de autos, el secuestro, la extorsión y “derecho de piso”, el huachicol —en particular el de gran escala—, los booms inmobiliarios, la privatización de recursos naturales como el agua y los energéticos, la tala clandestina, el control de las redes de prostitución y otros.

Por ello, así como puede hablarse de estas y otras atrocidades, que en investigaciones mencionan llegan hasta la desaparición de personas vinculadas al cine gore, rituales satánicos o de logias secretas, debe contemplarse que esta criminalidad usa la violencia para imponer monopolios en negocios como la venta de alimentos como el pollo o el aguacate, hasta llegar a otros negocios trasnacionales que son lícitos desde el orden capitalista, como la explotación minera. Todo lo anterior no podría explicarse sin que el Estado juegue un rol central en el funcionamiento y control de este entramado, donde se gestan disputas entre distintas facciones burguesas y grupos de poder y donde también se expresan disputas de orden imperial que provienen más allá de las fronteras.

En esta situación opera la presión del injerencismo imperialista, que juega un papel muy importante para legitimar la militarización. Es la punta de lanza de un discurso muy peligroso, que alimentando la idea del combate al enemigo señalado por esta estrategia que son los supuestos "carteles de la droga" para su seguridad nacional, ha llegado a conjugar propuestas como las de algunos gobernadores en Estados Unidos, que han recomendado invadir militarmente la frontera norte de México con drones. La realidad es que las políticas securitarias y la militarización han cumplido un papel de disciplinamiento social y de inhibición de la movilización y la lucha en las calles. El feminicidio y el juvenicidio son caras atroces de este proceso, donde parafraseando al poeta Roque Dalton, se ha configurado una cárcel maldita y de tristeza donde no se castiga el delito, se castiga la pobreza.

Toda esta política oficial e institucional cumple, a su vez, un rol preventivo a que sean las poblaciones y sectores de la clase trabajadora organizados, como podría ser desde las organizaciones sindicales y campesinas, indígenas y populares, las que tomen el camino de la autoorganización para defenderse y garantizar "su propia seguridad"; sin embargo, el camino para una propuesta de movilización nutrida y con capacidad de defensa y preservación, cuenta con la inercia adversa de años de atomización social, la pérdida de las calles y los espacios públicos, así como las propias características de fragmentación y aislamiento del territorio mexicano, donde el uso del paramilitarismo es una política represiva sistemática que desalienta las posibilidades de respuestas masivas y democráticas.

Es fundamental pensar estos aspectos cuando apelamos a articular propuestas de lucha y movilización contra la violencia y la militarización; sin embargo, esto en gran medida debe partir de la pelea contra las nociones culturales, comunicativas, sociales e ideológicas, entre otras, que, sobre estos hechos se han instalado. Se puede decir, que "construye realidades" desde una suerte de plataforma epistémica —que conforma las coordenadas desde donde se explica y puede conocerse "algo" al respecto— que se ha impuesto en la opinión pública desde los gobiernos y los medios de comunicación y, por ello, hay que romper de manera tajante con ella. Si esto no es posible, por lo menos dudar sí es necesario.