La encuesta Plaza Pública de la empresa Cadem reveló que un 72% de los encuestados durante la primera semana de julio expresó su desacuerdo con la necesidad de descongelar las tarifas eléctricas y aumentar el precio de la luz. En cuanto a los responsables de este significativo aumento, un 32% atribuye las condiciones del mercado, mientras que un 25% señala al gobierno del Presidente Gabriel Boric. Además, un 18% responsabiliza a los parlamentarios y un 15% al gobierno anterior de Sebastián Piñera.
Paralelamente a este incremento, se implementó un subsidio económico temporal llamado Subsidio Eléctrico, destinado a proporcionar un descuento mensual en las facturas de electricidad a las familias más vulnerables del país, beneficiando a aproximadamente 1,5 millones de hogares, lo que equivale a cerca de 3 millones de personas.
En las regiones de Valparaíso y Atacama, a pesar del aumento del sueldo mínimo y la disponibilidad del subsidio eléctrico, que beneficia al 40% de los hogares registrados en el Registro Social de Hogares con un monto único, el gobierno de Boric está observando atentamente las reacciones de la población ante la primera factura de luz con este incremento inicial.
En relación con este subsidio, el sondeo indicó que el 62% de las personas sabía de su existencia pero no había postulado, mientras que el 22% estaba informado y había realizado el trámite, y un 16% aseguraba desconocer este beneficio.
En cuanto a la declaración de Gabriel Boric sobre la deuda impaga que afecta a los usuarios, "Deuda que no se paga, sale más cara", se refiere a una obligación que no fue consultada ni acordada por los usuarios. A su vez, son las mismas familias trabajadoras quienes costean esta deuda a través de los subsidios eléctricos, financiados con los impuestos de todos los trabajadores.
Recientemente, desde el oficialismo se ha visto un apoyo dividido a través de la Asociación de Municipios Libres, especialmente con miras a las elecciones municipales de octubre, quienes entregaron una carta en La Moneda solicitando un aumento del subsidio para las cuentas de luz al 80% para la población más desfavorecida.
Es evidente que quienes más se benefician con estos aumentos son las empresas distribuidoras de electricidad, muchas de las cuales tienen inversores multinacionales y bancos.
Por ejemplo, la Compañía General de Electricidad (CGE), dirigida por State Grid Chile Electricity SpA, es la principal distribuidora de electricidad en Chile, con una participación mayoritaria de una empresa china. Otra importante empresa es el grupo Enel, el segundo mayor distribuidor en el país, con operaciones en numerosos países y participación accionaria de bancos importantes como Citibank y Banco de Chile.
La propuesta de estatización y nacionalización del servicio eléctrico, bajo el control de los trabajadores, se presenta como una medida urgente para detener el aumento de precios. Es esencial que el Estado asuma la responsabilidad en la gestión de servicios básicos, asegurando que estos estén al servicio de las necesidades de la sociedad y la protección del medio ambiente.
En este contexto, es crucial que los trabajadores y las comunidades donde se genera la energía participen activamente en la gestión y planificación de la producción energética, asegurando que las decisiones prioricen el beneficio de las familias chilenas sobre los intereses de las grandes empresas. | 
