El violento allanamiento al Comedor Popular Luisa Toledo y la radio Villa Francia realizado este sábado 6 de julio por parte de la policía del GOPE generó un fuerte repudio de parte de distintas organizaciones del sector de los derechos humanos y de medios alternativos y comunitarios.
El operativo respaldado por el gobierno de Boric y por la delegación presidencial (FA) resultó en la detención de 14 personas bajo sospecha de estar relacionadas con la colocación de artefactos explosivos durante las recientes conmemoraciones del Día del Joven Combatiente. Pero solo uno de los detenidos quedó en prisión preventiva y nueve de las detenciones habían sido declaradas ilegales.
Sin embargo, este martes 9 de julio en una decisión que revierte la postura anterior del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, el tribunal de alzada decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los nueve detenidos, al considerar que representan un peligro para la seguridad de la sociedad.
¿Un nuevo montaje?
El fiscal Claudio Orellana, de la fiscalía Metropolitana Sur, respaldó esta decisión al señalar que “existen antecedentes que justifican la existencia de los delitos por los cuales se formalizó”. La causa, vinculada tanto a artefactos explosivos como a infracciones a la ley de armas, involucra a un total de 14 personas. De estos, 12 están ahora en prisión preventiva mientras que los dos restantes enfrentan medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. Entre ellos se encuentra el destacado periodista de los derechos humanos Marcelo Garay, que quedó en prisión preventiva el sábado, imputado por infracción a la Ley 20.000 de drogas, y al estudiante José Luis Araya Vidal, que fue formalizado y quedó en prisión preventiva este lunes y que había sido detenido por una orden judicial por su presunta responsabilidad en la colocación y activación de un artefacto explosivo, que no detonó, en una automotora de Estación Central el 29 de diciembre de 2023.
Según señaló la abogada y defensora de uno de los acusados, María Rivera (MIT y ex candidata a convencional) señaló la falta de evidencias presentadas por el Ministerio Público, considerando la tecnología disponible en el siglo XXI. Rivera planteó que a pesar de haber iniciado la investigación en diciembre de 2023, no contaban con grabaciones o fotografías que respaldaran sus acusaciones.
Además, se destaca que el Comedor Popular Luisa Toledo es un espacio autogestionado y en memoria de Luisa Toledo, reconocida activista por los derechos humanos, por la justicia y lucha de sectores populares, ad portas de su aniversario de fallecimiento. Luisa Toledo fue madre de los hermanos Vergara Toledo, quienes fueron asesinados por carabineros en la dictadura cívico militar.
Desde el oficialismo se expresan fuertes tensiones desde la coalición "Socialismo Democrático" (PS, el PPD y los liberales) con el Partido Comunista, puesto a sus declaraciones en contra el allanamiento. En entrevista con Cooperativa, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, dijo que “en distintos momentos hemos visto cómo algunos representantes del PC tienen esta crítica al Presidente (Gabriel Boric) en materia de derechos humanos (...). Pareciera haber un PC que está en el gobierno y uno que está contra el gobierno. A veces, en particular, contra Interior”.
Lo cierto es que la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo (PC) defendió la acción policial. Mientras que, Lorena Pizarro, diputada PC y ex vocera de la AFDD, fustigó las declaraciones de la Ministra del Interior en contra del "lineamiento del PC" y el festejo de las detenciones : “La molestia de la ministra Tohá desvía la atención de lo central, que es si aquí estamos frente a un hecho que podemos llamarlo o no un montaje”.
Libertad inmediata
Este tipo de medidas ponen en peligro las libertades democráticas y tienen un fin represivo y de clara persecución contra quienes se organizan, puesto que se basan en sospechas infundadas de porte de armas. Cabe recordar que este tipo de prácticas fueron vistas en dictadura, en la reciente rebelión popular de 2019 e incluso es lo que vive el pueblo Mapuche cotidianamente. Esto ocurre en un contexto donde se encarcela a la opinión de sectores de izquierda críticos al gobierno, como el vocero de la CAM, Héctor Llaitul; o como alternativas electorales de un sector de izquierda como Daniel Jadue (PC).
Ante la falta de pruebas y un juicio que sólo busca perseguir y criminalizar a organizaciones de izquierda es urgente la libertad inmediata para los detenidos. Desde La Izquierda Diario llamamos a la total solidaridad con las organizaciones y activistas afectados. Es necesario que todos los organismos de Derechos Humanos, organizaciones que se digan de izquierda y democráticas, sindicalistas, del movimiento estudiantil, se pronuncien en contra de estos hechos y nos pongamos a disposición de la defensa activa de los compañeros. | 
