Si no bastaba con las brutales alzas de la luz, ahora el gobierno nos sorprende con las alzas del transporte público, en este caso para Santiago, pero apenas comenzó a circular por los medios de comunicación la noticia que desde este lunes 14 de julio comenzaría a regir la nueva alza de 20 pesos, la indignación por redes sociales corrió como reguero de pólvora, lo que obligó al gobierno a retroceder en la medida, dejándola en 10 pesos.

Una nueva medida que viene a afectar directamente a las familias trabajadoras, las principales usuarias del sistema de transporte público, que ya vienen de cargar otras dos alzas del pasaje en menos de un año, como fueron la de agosto del 2023, de $10, la primera alza luego de la rebelión, que tuvo como gatillante el alza de $30 de octubre del 2019, y que definió el lema del estallido, "No fueron 30 pesos, son 30 años", y la segunda alza de este febrero 2024 de $20, lo que con esta nueva alza en menos de un año sube en 40 pesos el costo del transporte público.

Pero la medida no viene sola, aparte del alza del pasaje en Santiago, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció también ayer los detalles de su nueva campaña anti-evasión. Multas que rondaran desde los $66.000 a $99.000, además de castigos como quedar imposibilitado de sacar licencias de conducir y recibir devolución de impuestos. Como si la población de Santiago no se viera obligada muchas veces por los altos costos evadir el pasaje para poder llegar a su lugar de trabajo o a su hogar, un ataque sin ninguna proporción del gobierno que solo apunta a los sectores más precarizados de la población.

Pero mientras a las y los trabajadores y sus familias les tocan las alzas de algunos de los principales servicios esenciales para el desarrollo de la vida, como la luz, que ya definió el gobierno con las grandes eléctricas que aumentaran en un 60% en aumentos sucesivos en tres tramos, ahora en los meses de julio, octubre y enero (2025), también hay que sumarle la alza de la parafina, crucial en los hogares, en especial en este invierno que ya supera algunos records, pero al contrario los perdonazos millonarios para las grandes empresas no se dejan esperar, como es el caso de las isapres, o ahora mismo con las grande empresas eléctricas, donde nos dicen que tenemos que nosotros pagarles una deuda totalmente ilegítima, y que el gobierno nos dice que es nuestra.

Una muestra más de como funciona el Estado de Chile, y los gobierno de turno que lo administran, que a la hora de proteger la ganancia de los grandes empresarios, siempre esa será la prioridad, en especial en las concesiones, en lo que tienen en común en este caso las empresas eléctricas y las empresas del transporte en el sistema RED de Santiago, donde el Estado les asegura el negocio y un margen de ganancia, un negocio redondo a costa de la población que depende de estos servicios que son esenciales.

Nuevas razones para abrir el cuestionamiento de porque estos servicios públicos esenciales tienen que estar en las manos de privados, como muchos otros más privatizados y/o concesionados por el Estado, cuando por sus propias características de monopolios naturales, deberían dejar de concesionarse y funcionar bajo un sistema público de administración, bajo el control de sus mismos trabajadores y usuarios, que asegure que el funcionamiento de los servicios tenga solo el objetivo de satisfacer a la población y no a la ganancia, que en estos casos hablamos de millones de dólares que llegan a los empresarios que se benefician de estos contratos con el Estado.