El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) prohibió a sus trabajadores el uso de las palabras “agroecología”, “crisis climática”, “biodiversidad”, “género”, “huella de carbono”, “prohuerta” y “sustentabilidad” en los documentos y publicaciones de la institución, según lo denunciaron desde Apinta (Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Un disparate anticientífico pero que tiene como objetivo callar toda perspectiva crítica.
Quienes están detrás de esta censura son las principales autoridades de esta institución, representantes de la Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria, Confederaciones Rurales (CRA), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y la Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea).
Solo por nombrar un ejemplo, su actual presidente Juan Cruz Molina Hafford, fue miembro activo miembro de CRA, Aapresid y Aacrea y es reconocido por su gran oposición a la agroecología y por ser impulsor del agronegocio.
Esta censura está alineada con el plan que el actual gobierno de Javier Milei, negacionista de la crisis climática, tiene para la profundización del agronegocio, el cual comenzó con el cierre del INAFCI (Instituto Nacional de Agricultura familiar, campesina e indigena) despidiendo a más de 800 trabajadores y la eliminación del PROHuerta, un programa creado para fomentar la soberanía alimentaria y la producción de alimentos para las familias campesinas e indígenas, entregando anualmente hasta un 1 millón de kits de semillas a huertas familiares, escolares y comunitarias y más de 200 mil aves a las familias.
Además, Caputo viene de premiar al agronegocio bajando los impuestos a las importaciones de agrotóxicos y, recientemente, en el anuncio del “Pacto de Mayo”, Milei hizo especial énfasis en la profundización del saqueo de los bienes comunes naturales y tomó como blanco de ataque al ambientalismo: “Vamos a necesitar el compromiso de las provincias para explotar los recursos naturales que dios (sic) nos ha dado pero los políticos han escuchado más las demandas de minorías ruidosas y organizaciones ambientalistas”.
Un pasado de censuras
En junio del 2023, el INTA censuró los resultados del SPRINT, un estudio encabezado por Virginia Aparicio en Argentina, parte de una colaboración internacional y financiado por la Unión Europea, para analizar la presencia de agrotóxicos en personas voluntarias y en el ambiente.
En ese estudio se comprueba que los agrotóxicos utilizados en los cultivos, no solo se extienden hacia los perímetros de las hectáreas fumigadas, sino que por diferentes mecanismos llegan también a los centros de las ciudades y están en enorme cantidad y variedad en la orina, sangre y heces de las personas.
Trabajos similares de detección de agrotóxicos en matrices ambientales han sido realizados por Aparicio y el equipo del INTA-Balcarce sobre muestras tomadas en Lobos, Trenque Lauquen, General Lamadrid, General Pueyrredón, entre otros. Se trata de un trabajo muy importante para denunciar los efectos del agronegocio, que son financiados por las propias poblaciones para saber cuál es su situación sobre esta problemática.
El estudio realizado en la localidad de Lobos arrojó la presencia de 11 agrotóxicos o plaguicidas, incluyendo 2,4D y atrazina en el agua subterránea (pozos particulares, escuelas y redes de agua corriente); 12 plaguicidas en el agua superficial; 7 plaguicidas empezando por el glifosato en los sedimentos de la Laguna; 6 de estos plaguicidas en el material vegetal del casco urbano; y 5 plaguicidas (nuevamente el glifosato y el resto de este cóctel) en los suelos. En todos los casos, superan los valores máximos admitidos por la Unión Europea (0,1 microgramo de molécula de un pesticida por litro; o 0,5 microgramos sumando moléculas de distintos pesticidas).
A fines del 2022, el INTA de Córdoba realizó un sumario al ingeniero agrónomo César Gramaglia – especialista en agroecología – por difundir técnicas agroecológicas para el control de plaga de langosta y por no promover un manejo acorde al funcionamiento del agronegocio.
En mayo del 2017, se impuso también desde el INTA la prohibición de la palabra agrotóxicos. A través de sus redes sociales, el director del Centro Regional Buenos Aires Norte, Hernán Trebino, le señaló a sus “estimados directores” que “en las comunicaciones de los profesionales, así como en los materiales impresos, virtuales, o en cualquier otro tipo de comunicación institucional correspondiente al INTA o a alguna de sus unidades, programas, proyectos, o instrumentos de intervención, deberá practicarse una abstención irrestricta del empleo del término ‘agrotóxico’, ya que su empleo implica una posición valorativa negativa que presupone un uso inadecuado o inapropiado de una alternativa tecnológica que bien empleada no debería constituirse en riesgo para la salud humana o ambiental”. El director señalaba que “se debe emplear ‘productos fitosanitarios’ o ‘agroquímicos’ en vez de ‘agrotóxicos’ o cualquier otra referencia que implique un posicionamiento sobre estos productos que no se corresponde con decisión institucional alguna”.
A pesar de estos intentos de tapar el sol con la mano, la numerosa literatura científica y comprometida sobre el tema muestra que aún “bien empleados” los agrotóxicos contaminan el ambiente y nuestros cuerpos. Querer censurar la alternativa a este modelo productivo contaminante, la agroecología, habla de un posicionamiento y un claro interés económico en favor de las grandes empresas del agronegocio, que son quienes se vienen beneficiando desde hace décadas, gobierne quien gobierne y que ahora con Milei, han saludado la regresiva y corrupta Ley Bases. El Consejo Agroindustrial Argentino, la Cámara Aceitera de la Industria Argentina, la Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural Argentina y Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas todos saludaron y se pronunciaron a favor de la quita de derechos laborales y mayores beneficios impositivos, aduaneros, fiscales y ambientales para grandes capitales.
Así como el INTA tiene un historial de censuras a todo tipo de prácticas que fomenten otros modelos productivos, por fuera del agronegocio, las asambleas ambientales, comunidades originarias y trabajadores también acumulan años de resistencia y defensa de los bienes comunes naturales y los territorios frente a cada ataque. Hace un año, lo vimos en Jujuy donde las comunidades originarias estaban en primera línea en defensa de sus territorios y de los salares – humedales altoandinos – contra el saqueo del litio. También se expresó un enorme repudio a la megaminería en Chubut en el año 2021, como también en Mendoza cuando la legislatura provincial quiso modificar la ley 7722, que protegía el agua, en el año 2019 y se manifestaron miles de personas logrando frenar este intento del gobierno provincial.
Si vienen por el agua, los minerales, nuestras semillas y contra la agroecología, se vuelve fundamental la organización y unidad de todas las asambleas ambientales para derrotar este avance extractivista que viene a profundizar lo que ya conocemos quienes habitamos los territorios arrasados por este modelo de producción hace décadas.
Pero también para plantear que, por ejemplo, se puede producir alimentos basándonos en las necesidades de la población y sin destruir ecosistemas enteros o afectando la salud de las poblaciones. Necesitamos lograr la unidad entre las asambleas ambientales, los profesionales, las comunidades originarias, quienes habitan los territorios y los trabajadores, para llevar a cabo las producciones en nuestro beneficio y no de los mismos empresarios y gobiernos que nos trajeron hasta acá. |
