Pasados más de dos años de su detención y de su puesta en libertad, bajo medidas cautelares, el dirigente sindical maderero de la región de Guayana (Venezuela), Jean Mendoza, ha sido convocado por el tribunal penal para la realización de la audiencia preliminar de su caso, atendiendo a la acusación de la gerencia de la empresa que pretende incriminarlo por "instigación al odio". Mendoza es actualmente Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Empresas Manufactureras de la Madera y sus Similares (SITRAEMAS), pero la transnacional se niega a reconocerlo como legítima representación.

El grupo transnacional de empresas MASISA, agrupa las entidades de trabajo FIBRANOVA C.A., OXINOVA C.A., TERRANOVA DE VENEZUELA S.A., ANDINOS C.A., y tiene plantas industriales en otros países latinoamericanos (actualmente Chile, México y Venezuela).

Al igual que en la previa audiencia de presentación, que se realizó recientemente, el sindicalista Mendoza, que ha sido pasado a juicio por un tribunal de Puerto Ordaz, se declaró inocente de los cargos interpuestos y continúa sometido a medidas cautelares restrictivas de sus derechos, a la espera del proceso judicial.

En Venezuela se ha vuelto común la utilización de la muy cuestionada Ley del Odio por parte el gobierno y por la burocracia del sector público para reprimir al activismo laboral que reclama y lucha, pero además, también es utilizada por empresas de capital privado, como es el caso de la transnacional MASISA, para mantener a raya al movimiento obrero. Se da entonces una situación paradógica, como se comenta en el ámbito sindical: "que los verdugos que explotan el trabajo asalariado y violan derechos de la clase trabajadora, aparecen como víctimas de quienes reclaman y tratan de defender esos derechos".

Por reclamar y denunciar puede ir preso un obrero o un dirigente sindical, a través de la acusación de "instigación al odio", y la sensación es que las pruebas son lo de menos, porque el sistema judicial no garantiza la independencia e imparcialidad en sus funciones y mucho menos el respaldo al débil jurídico frente al poder y la influencia del capital o del gobierno en las instituciones.

Las medidas cautelares, que ha debido soportar a lo largo de más de dos años el luchador laboral y activista sindical Jean Mendoza, incluyen un régimen de presentaciones periódicas ante el juez y la prohibición de la salida del país, además de la advertencia de no emitir declaraciones que puedan ser catalogadas como de "instigación al odio", lo cual, como se sabe, queda a expensas de una interpretación discrecional y arbitraria a la hora de calificar cualquier queja elemental, por más que esté apegada a la ley. Cuando ya éstas medidas cautelares se encontraban caducas o en perención, el dirigente ha sido convocado de nuevo para la apertura de juicio, con la insistencia de los representantes de la empresa, que presionan para que sea encarcelado mientras se le procesa. A todas luces esto es percibido en el mundo laboral y sindical como un hostigamiento o persecución. El juez de la causa declinó llegar a ese extremo y Jean Mendoza seguirá compareciendo sin que se le prive de libertad pero manteniéndose las medidas cautelares, hasta que se le dicte sentencia.

Queda entonces en manos de la solidaridad del movimiento obrero venezolano y de la solidaridad internacional el objetivo de que no sea complacida la firma extranjera que busca criminalizar y castigar la defensa de derechos.

ANTECEDENTES DEL CASO DE HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIÓN LABORAL Y JUDICIAL A JEAN MENDOZA: ¿QUIÉN ODIA A QUIÉN?

Revisando un poco la historia del caso, ésta se remonta a enero de 2022, cuando Mendoza, quien era vocero y delegado de prevención de los trabajadores de MASISA, fue puesto preso por varios días, pero se logró que fuese liberado gracias a una rápida e intensa campaña solidaria, nacional e internacional. Dicha campaña fue emprendida con la participación de dirigentes y activistas laborales, sociales y políticos de izquierda de América, Europa África Asia y Oceanía, de al menos unos 20 países. Bajo la coordinación nacional de Marea Socialista en Venezuela y de la Liga Internacional Socialista (LIS) en el resto del mundo, exigieron su libertad mediante cartas públicas y mensajes en las redes sociales, así como con visitas de piquetes a embajadas de Venezuela (sobre todo en el Cono Sur de América latina). Hubo pronunciamientos de personalidades reconocidas en favor del dirigente obrero.

Ahora, los promotores de aquella campaña, se encuentran nuevamente en alerta y dispuestos a actuar, junto con los trabajadores de Guayana y con espacios unitarios de los trabajadores y de la izquierda crítica venezolana (no gubernamental), para exigir de nuevo su liberación y el cierre definitivo del caso, con el levantamiento de todas las medidas cautelares y la plenitud de sus libertades limitadas por disposición judicial. Dichas medidas indudablemente tienen el efecto de servirle a la empresa MASISA para entorpecer o destruir el desempeño del líderazgo y la representación sindical; lo que revela el peso de esta compañía transnacional y los resortes que tiene para hacer que las leyes se tuerzan a su conveniencia, pese al "nacionalismo" que se pregona en Venezuela.

Es importante señalar que, mientras los trabajadores tienen abiertas demandas judiciales en los tribunales del Trabajo contra la empresa por violaciones diversas a la convención colectiva y las disposiciones de la Ley del Trabajo, no pasa nada que la obligue a respetar esos derechos; pero en cambio, el dirigente que lo denuncia, toma iniciativas y representa a sus compañeros de trabajo, Jean Mendoza, es pasado a juicio con la misma acusación de "instigación al odio" hecha por la empresa que les atropella y que le hizo meter preso en 2022. El sistema judicial se rinde una y otra vez como instrumento funcional, consintiendo el mal uso y abuso de la tristemente célebre "Ley del Odio" creada en el gobierno de Nicolás Maduro.

Después de que Mendoza salió en libertad condicional en 2022, con ciertas restricciones, en régimen de presentación y con prohibición de salida del país, se dedicó a impulsar el Consejo de Delegados de Prevención para las condiciones de salud y seguridad laboral en MASISA. La empresa impugnó la elección (a destiempo y con alegatos falsos) y fue complacida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la admisión de un recurso. A la compañía le interesaba funcionar sin este organismo dispuesto por la ley, para evitar el señalamiento de los trabajadores respecto a las condiciones de salud y seguridad laboral en las plantas de esta empresa y en las áreas de explotación de bosque.

Jean Mendoza que se caracteriza por ser organizado sereno y persistente, no se detuvo y continuó dando la batalla por los derechos laborales y sindicales, logrando en 2023, junto al movimiento de trabajadores madereros que encabeza, llevar adelante las elecciones sindicales de SITRAEMAS para rescatar al sindicato de la burocracia y del control patronal, luego de superar trabas y dilaciones de todas las partes (empresa, burocracia sindical saliente, Ministerio del Trabajo, Consejo Nacional Electoral, tribunales...). Las elecciones se hicieron con escrupuloso apego a las leyes (la guía técnica para la elaboración de elecciones sindicales exigido por el CNE), y de ellas salió Jean Mendoza como triunfador, favorecido por amplia mayoría de los trabajadores.

La empresa se negó a reconocer el resultado electoral con la victoria del dirigente y su plancha, a pesar de haber sido unas elecciones trasparentes y haber obtenido certificación del CNE Barcelona. Entonces, montó la empresa en su lugar a otro sindicato paralelo y patronal, con procedimientos muy cuestionables, consentidor de las violaciones e incumplimientos del patrono, que engaña a los trabajadores; en contraste con la formación sindical de Mendoza, que convoca regularmente asambleas y consultas y que efectúa movilizaciones en reclamo de respeto a las cláusulas del contrato colectivo e incumplimientos de la acta firmada el 26 de abril del 2018, en cuanto a la política salarial y de los derechos contemplados en la Ley del Trabajo, además de tener un comportamiento solidario con los sectores laborales que salen a la lucha en Guayana, como ha sido con los jubilados y pensionados y con los trabajadores siderúrgicos, por ejemplo.

Ahora la empresa vuelve a la carga para reabrir la causa judicial contra Mendoza como cabeza del sindicato recuperado y consigue que se le abra juicio por su vieja acusación de "instigación al odio", sin que la patronal haya podido presentar prueba consistente alguna de expresiones o de acciones que se puedan calificar de tal manera. Y lo más sospechoso para los trabajadores y su sindicato es que esto ocurra después que Mendoza había solicitado el decaimiento de la causa tras dos años de espera. La empresa pretende ahora hacer ver que Mendoza habría incumplido las medidas cautelares por seguir con su activismo sindical, cuando éstas no se las prohiben expresamente, lo que deja muy en claro que el propósito patronal es impedirlas y dejar a los trabajadores sin dirección sindical, pese a que cuenta con el respaldo de la base obrera.

Pero, en cambio, a la patronal, sí se le permiten prácticas odiosas y detestables, contra los trabajadores, se siente con "licencia" para mantener por periodos prolongados a numerosos trabajadores "desconvocados" (una figura que los separa de sus puestos de trabajo en la producción y los relega a condiciones de extrema precariedad laboral, siendo usada como castigo a los que reclaman), despide de forma indirecta y sin calificación a los trabajadores, sin respetar la inamovilidad, y ejerciendo de manera descarada su practica anti-sindical, al no deja entrar a los representantes de SITRAEMAS en las instalaciones, confiscándole su local sindical dentro de una de las plantas, no realiza los descuentos de la cuota sindical, ni permite el registro de las nuevas afiliaciones, no acata los reenganches, desacatando la Ley bajo la mirada complaciente de la Inspectoría del Trabajo de Puerto Ordaz, enfrenta demandas en los tribunales del Trabajo por incumplimientos de la convención colectiva, además de pretender que se prive de libertad a quienes hacen reclamos y protestas. Se preguntan los trabajadores: "¿Quién odia a quién?"

En contraste, Mendoza es un trabajador electricista industrial del sector madera que siempre utiliza un lenguaje educado y ponderado, nunca se le escuchan palabras soeces, no insulta y sólo esgrime razones y argumentos de manera ponderada y respetuosa. Es tenaz en la lucha, siempre respaldado por el uso de recursos legales combinados con la movilización. Los trabajadores de su entorno preguntan si esto es "odio" o si lo es querer meter a una persona en prisión con todo lo que eso implica en Venezuela y el hecho de desconocer permanentemente los derechos de centenares de trabajadores que laboran para llevar el pan a sus familias, bajo un régimen laboral de facto del que ha sido borrada en la práctica la figura del salario, entre los más bajos del mundo, pero aprovechados por los explotadores capitalistas en Venezuela.

En nuestro país hay trabajadores presos por hacer reclamos laborales en el sector público y en el sector privado; simplemente por realizar protestas que serían normales en otras partes del mundo. También hay trabajadores sujetos a medidas cautelares, uno de cuyos fines es entorpecer la actividad sindical al quitarle a los trabajadores el disfrute de su libertad plena. Por este motivo se han conformado frentes y comités por la libertad de las y los trabajadores presos por luchar.

Proximamente se anunciarán convocatorias para exigir la libertad plena, de Jean Mendoza y de las trabajadores y trabajadores criminalizados por sus luchas, tanto de los presos como de los que tienen medidas cautelares, los que están bajo amenaza de ser privados de libertad o en situación de judicialización para castigarlos por su actitud luchadora, como es el caso de Mendoza.

Donde se ha perdido el respeto a las leyes por parte de los que tienen la obligación de defender los derechos constitucionales, sólo la movilización y la solidaridad nacional e internacional puede ser garantía de frenar los atropellos. La clase trabajadora venezolana debe tener muy en claro que la defensa de cada uno de estos trabajadores criminalizados, hostigados y reprimidos, no es un problema particular o individual, sino que es esencial para la defensa e integridad de los derechos colectivos de todas y de todos.

Una decisión judicial en contra de Jean Mendoza sentaría un precedente nefasto para los trabajadores y para el ejercicio sindical democrático en Venezuela, otorgando a los patronos el uso del arma de la "Ley del Odio"contra los activistas obreros y los líderes sindicales que osen denunciar o llamar a la movilización en defensa de los derechos constitucionales de la clase trabajadora cuando sean víctimas de violaciones a las leyes laborales o de atropellos de las empresas, que pasarían a ser las "víctimas" de los trabajadores. Lamentablemente, el propio Estado-Gobierno ha venido dando malos ejemplos como el de tantos trabajadores que han ido presos con la misma acusación de "instigación al odio". El ensañamiento es contra los trabajadores y no al revés.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA CLASE TRABAJADORA CON JEAN MENDOZA Y CON LOS TRABAJADORES CRIMINALIZADOS POR LUCHAR EN VENEZUELA

El sindicato SITRAEMAS y los trabajadores madereros de MASISA llaman a sus hermanos de clase en Venezuela o en cualquier lugar a pronunciarse y manifestarse contra la criminalización de las luchas en nuestro país y en favor de la libertad plena para Jean Mendoza y para todas las trabajadoras y trabajadores presos o judicializados por luchar en reclamo de sus derechos. La campaña de solidaridad como en anteriores ocasiones podrá incluir petitorios o pronunciamientos firmados dirigentes sindicales y de movimientos, visitas colectivas a instituciones, protestas ante embajadas de Venezuela o ante otras sedes internacionales de la empresa, tuitazos y otras iniciativas.

Artículo publicado originalmente en https://www.aporrea.org/ddhh/n394808.html