Cada semana hay nuevos datos que confirman que el gobierno de Javier Milei vino a descargar la crisis sobre los de abajo. Ya venía el ajuste, pero la gestión libertaria le dio una vuelta de tuerca. Contradiciendo su propio relato, y habiendo tomado medidas por decreto y por ley, está hundiendo más la economía. Y sobre todo a quienes la hacen funcionar: la clase trabajadora.
Según un estudio de CEPA, Centro de Economía Política Argentina, en los primeros 5 meses de gobierno cayó fuerte la “cantidad de trabajadores y trabajadoras registrados en unidades productivas”: 200.317 menos que en diciembre de 2023. El dato es en base a la información publicada por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) referida a la Seguridad Social. O sea datos del propio gobierno.
Eso indica una caída del 2% en solo 5 meses. Y no tiene en cuenta a trabajadores de las dependencias estatales ni a los miles de informales y un importante sector de “monotributistas”, o sea precarizados.
Hay dos explicaciones directas de esta caída. Por un lado, el cierre de empresas. Tomando los mismos datos, la cantidad de empresas que declararon trabajadores entre diciembre de 2023 y abril de 2024, se redujo de 513.650 casos a 504.497 casos. O sea hay 9.153 empresas (o empleadores) menos. La política de Milei y Caputo profundizó la crisis y abrió una recesión que se expresa en la caída del consumo, entre otras cosas.
Por otro, la decisión de los empresarios de aprovechar la caída de sus ventas para impulsar despidos, retiros voluntarios y “finalización de contratos”. O sea, empresas que no tenían pérdidas ni cerraron pero aprovecharon para descargar sus “problemas” sobre las y los trabajadores.
El mismo estudio marca un dato a tener en cuenta. El 99,5% de las empresas que cerraron son pequeña o medianas. Solo el 0,5% tienen más de 500 empleados. Pero justamente las más grandes son las que más despidieron: 3 de cada 4.
Es el caso de Fate, Techint, Secco, Mirgor, América TV y otros medios, por ejemplo.
Esos datos confirman lo que se denunció la semana pasada en la Audiencia Pública que impulsaron diputados y diputadas del Frente de Izquierda y sectores en lucha, con la participación de la bancada de Unión por la Patria también.
Los delegados y activistas contaron lo que están viviendo en empresas privadas y dependencias estatales. Quedó claro que los millonarios (Madanes, Rocca) atacan, pero los “empresarios nacionales”, “pymes”, eligen el mismo camino. Además de precarizar todo lo que pueden, pagar en cuotas y otras maniobras.
Cada dato, cada actividad, confirman la necesidad de poner de pie una resistencia a la altura de estos ataques. La crisis se profundiza y los próximos números serán peores. ¿Alguien tiene dudas?
Por eso el planteo de la izquierda y las agrupaciones clasistas viene siendo el mismo. Coordinar a los sectores que vienen luchando, exigirle a los sindicatos y centrales que convoquen un plan de lucha, hacer acciones unitarias pero con un programa claro: que se prohíban los despidos y suspensiones, que se abran los registros contables de cada empresa que intente ajustar salarios o condiciones de trabajo, que se ocupe toda fábrica que cierre o despida para ponerla a producir bajo gestión obrera.
Son ellos o nosotros. Que la crisis la paguen los grandes empresarios. |