El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi) profundiza y refuerza la legislación nacional y provincial en materia de inversiones vigente que otorga todo tipo de beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros a las multinacionales extractivistas. Los cuales se suman al capítulo fiscal y laboral a favor de las empresas que integran la Ley Bases.
El resultado es un salto de la subordinación del país al capital financiero internacional y consecuencias socio ambientales de gravedad.
No satisfechos con esta entrega y ataques a los derechos laborales, se cede otro derecho soberano, por el cual los juicios que se hagan a las empresas adheridas al Rigi se resolverán en cortes internacionales donde la Argentina siempre ha perdido.
Respecto a la provincia, el Rigi blinda toda la estructura fiscal local a medida de las grandes empresas exportadoras que no podrá tener cambios durante 30 años. Es decir, si se plantea que las mineras de litio paguen ingresos brutos (como paga un panadero, monotributista o un médico) no podrá plantear la derogación de la Ley N° 5290 (que habilita este beneficio) dado que la Legislatura adhiriendo al Rigi pierde esta facultad.
De igual manera, las comunidades que decidan iniciar un juicio contra una minera por daños ambientales o porque no respeta los derechos vigentes sobre su territorio, como es la consulta previa, libre e informada, un hecho que sucede en la Cuenca de Salinas Grandes, su reclamo será definido por una corte extranjera que está del lado de las multinacionales.
En material ambiental, con el Rigi las empresas extractivistas tendrán prioridad en el uso del agua antes que las personas que vivan en los territorios. Las empresas podrán exigir la derogación de leyes de protección ambiental existentes, que se suma a las modificatorias en la Ley Bases para dar luz verde sin ningún tipo de control ni estudios de impactos ambientales.
Leyes de inversión, Rigi y empleo
El gobierno provincial afirma que "las inversiones como el Rigi serán un salto de crecimiento y desarrollo para Jujuy, generando puestos de trabajo y riqueza para las comunidades y todo Jujuy”. A estas palabras suscriben sectores del PJ como la senadora Moisés para justificar el votó a favor del Rigi.
No obstante los resultados de las Leyes de inversión demuestran más bien lo contrario. En el caso de La Ley Provincial de Promoción de Inversiones y el Empleo (N° 5922 y su modificatoria 6081) ofrece facilidades fiscales en el territorio provincial que incluso son más onerosas que el propio RIGI. Por ejemplo, usar fondos públicos para devolver el 30% de la inversión.
El gráfico es elocuente. El empleo privado registrado en mayo de 2016 (cuando se aprobó la Ley 5922) hasta abril de este año apenas aumentó en 2177 puestos. El exiguo resultado muestra que estas leyes son más que relativas respecto a la generación de empleo. Esto ocurre en un contexto general donde el total de empleo privado registrado en la provincia (como en el país) se encuentra casi estancado desde 2011 según la información oficial (Sipa, ministerio de Trabajo Nación).
Por otro lado, es más que discutible el costo fiscal de entregar fondos públicos (por baja de impuestos, devolución de una parte de la inversión, compensación de aportes a la seguridad social, etc.) que van a engrosar las ganancias de los empresarios, a cambio de tan poco impacto en el empleo. Es el mismo estado provincial que sostiene salarios de pobreza para casi el 80% de los empleados estatales afirmando que así sostiene “el equilibrio de las cuentas públicas”.
Inversiones en litio, un ejemplo de su “desarrollo”
Todo esto es algo que el gobierno no muestra, dado que se caería su discurso que encubre bajo el rótulo de “crecimiento y desarrollo” un esquema legal a la medida de las necesidades de negocios de las empresas. El caso del litio lo atestigua.
Con las inversiones en litio el empleo minero creció en 608 puestos. El total de empleo en el departamento de Susques, donde se encuentran las litieras, lo hizo en 2044 puestos privados registrados. En esta localidad, expuesta a bajas temperaturas extremas, solo el 3 % de las viviendas tienen techo de losa y el 38 % de la población no accede a cobertura de salud (Censo 2022). Este es el “desarrollo” que dejan las multinacionales que los gobiernos defienden.
O sea, con la minería, un área central a la cual apunta el Rigi, se reproduce un esquema tipo de “economía de enclave”. Donde lo que predomina es la extracción de minerales en forma intensiva con destino exportador, con escaso valor agregado local, y un alto impacto ambiental, reproduciendo en forma aguda el carácter dependiente y la estructura exportadora primaria del país y de la provincia.
La utopía del PJ
Sectores del PJ que rechazan el Rigi como el de la diputada Leila Chaher, sostienen la Ley de inversiones provinciales y todo el andamiaje legal en la materia apostando, a lo sumo, a un fallido esquema de regulaciones estatales sobre el gran capital. Algo que ha sido incapaz de sacar al país del atraso y la dependencia. Es más, todo esto es asumiendo como imposible la salida del FMI. Y cuestionan el Rigi porque puede interferir en la acumulación de dólares para pagar la deuda, cuando ya se demostró durante los gobiernos kirchneristas que pagarles serialmente a los acreedores no impide que la deuda siga creciendo.
No muy distinto es el esquema de asociación con las mineras de litio a través de YPF como propone el sector de Grabois. Se presenta la ilusión de que si YPF, una sociedad privada con mayoría estatal, se asocia con las mineras de litio se pueden lograr cierta regulación en el sentido que se le da a la actividad, hacerla menos extractivista, y generar algún agregado de valor local y desarrollo de las comunidades. Se olvida, Grabois, que YPF tiene socios accionistas como Blackrock, Vanganduar o Citicorp que son también dueños de las mineras de litio (grupo Arcadhium Lithium). El capital financiero (en este caso, fondos de inversión) está de los dos lados del mostrador. Regularlo desde YPF es otra utopía.
Por el lado del PJ, dirigido por Rubén Rivarola, el diputado expuso su rechazo en su interna con la senadora Moisés. No esta clara la postura de todo el bloque. Pero su fórmula de "desarrollo" es la de los empresarios, "si a ellos les va bien, al pueblo le irá bien". La falsa teoría del derrame que en todo el mundo no hizo más que acentuar la desigualdad. El 1 % más rico posee casi el doble de riqueza que el 99 % del resto de la población mundial.
Con Rigi los territorios serán zonas de sacrificio, sin derechos de las comunidades indígenas ni ambientales
Los derechos territoriales de las comunidades indígenas, el respeto a su cosmovisión, la relación con la naturaleza y las actividades productivas que desarrollan para el autosustento se verán mucho más afectadas con el Rigi. Mientras que desde la UCR afirman que “se respetan a las comunidades indígenas y las consultas previas libres e informadas”; sin embargo, llueven las denuncias públicas y judiciales de la Mesa de 33 comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc contra el accionar del Estado provincial y del Gobierno a favor de las mineras. No respetan el protocolo de consulta Kachi Rupi construído en el 2015 por las comunidades que están organizadas contra el avance de las mineras en sus territorios sin licencia social.
El avance de multinacionales extractivistas del litio pone en riesgo la permanencia y la vida en los territorios que habitan desde tiempos ancestrales despojándolos de los mismos. Decenas de comunidades y cientos de familias indígenas, viven de la cosecha de la sal e impulsan cooperativas de trabajo, llevan adelante diversos emprendimientos de turismo rural en todos los territorios de la puna donde se encuentran los salares. Las familias llevan adelante actividades agrícolas ganaderas y artesanales para el sustento que se venden en mercados y ferias locales, además de actividades sociales y culturales en sus territorios.
El uso irracional del agua, la contaminación, por parte de las mineras en ecosistemas de extrema fragilidad atenta contra las formas de vida comunitarias que llevan adelante, pero también ponen en riesgo humedales alto andinos y áreas protegidas que fueron reconocidos formalmente por el Estado donde se encuentra el litio. Como sostiene un estudio del Conicet sobre Huella Hídrica (Arias Alvarado y otros, año 2022), el consumo de agua dulce de la empresa Sales de Jujuy por día (en el año 2021), implicó 5 veces más del consumo para uso humano del departamento de Susques, y la salmuera extraída para su evaporación es 61 veces más el consumo del departamento. Las implicancias socio ambientales actuales y del avance de otros proyectos extractivistas con el RIGI son de consecuencias inconmensurables, generando verdaderas zonas de sacrificio.
Un plan de salida a la crisis a favor de las mayorías
El rechazo al Rigi por parte de nuestro bloque va de la mano del rechazo también de la Ley 5922 y su modificatoria (6081) y de las leyes que facilitan ayudas fiscales a las mineras o ingenios como es de La Esperanza (N° 6285). En este último caso, otorgan por Ley no pagar por 10 años impuestos provinciales a una empresa que asumió quitando derechos laborales y aplicando más precarización con monotributos.
Respecto a los bienes comunes naturales como el litio, otros minerales o la tierra y el agua, tienen que estar bajo control de los trabajadores y comunidades indígenas que habitan en territorios donde se encuentran los mismos. Sobre esta base, serán las mayorías trabajadoras las que definan qué plan productivo llevar adelante en la provincia para responder a las demandas de alimento, viviendas, infraestructura; y qué tipo de relación con los inversores (sean extranjeros o nacionales). Son ellas las que deben decidir los criterios sobre qué, cómo, cuánto y dónde se produce en esos territorios, el destino del excedente, contemplando las necesidades de las mayorías sociales, respetando derechos sociales, de las comunidades indígenas, buscando un equilibrio con la naturaleza.
Conquistar el control de los bienes comunes por las mayorías es parte de una pelea de fondo por reorganizar la economía de la provincia y del país a partir de que la clase trabajadora se ponga de pie, y en alianza con las comunidades y el pueblo pobre, disponga así de todas las medidas soberanas necesarias para revertir la decadencia del país en manos del FMI, las grandes corporaciones y sus gobiernos.
En este sentido, para generar empleo y salir de la pobreza no estamos condenamos al saqueo extractivista (salvaje a lor RIGI o con alguna regulación estatal a lo K o Grabois). Por el contrario, medidas como la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo en grandes empresas como pueden ser hoy las mineras o los ingenios, permitiría generar empleo genuino y mejorar el tiempo libre del trabajador. En vez de menos derechos laborales, para salir también de la pobreza actual, se necesita un aumento del salario mínimo acorde al costo de la canasta familiar y que sea actualizado según la inflación mensual. Un plan de obras públicas financiado con los fondos del no pago de la deuda e impuestos progresivos a las grandes fortunas. Son medidas para que las aplique otra clase que tiene que hacerse del poder.
Desde nuestro bloque hacemos un llamado a los sindicatos, organizaciones sociales, comunidades indígenas, centros de estudiantes, a organizarse y coordinar todo lo necesario para que no se avance con el RIGI en Jujuy y en el resto de las provincias. El año pasado le dijimos NO a la Reforma ganando las calles, volvamos a hacerlo contra el Rigi. | 
