El 17 de julio de 1980 grupos paramilitares irrumpieron la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) donde se reunían dirigentes sindicales y políticos de izquierda agrupados en el CONADE (Comité Nacional de Defensa de la Democracia) fue asesinado el dirigente minero Gualberto Vega Yapura y fueron desaparecidos Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal, así marcaron el inicio del golpe de Estado. Según los informes de la ASOFAMD (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional) más de 500 personas fueron detenidas, torturadas, exiliadas o asesinadas por el régimen sangriento de Luis García Meza, y al menos 29 personas fueron desaparecidas.
Marcelo Quiroga Santa Cruz, diputado nacional por el Partido Socialista 1 (PS-1), junto a los otros 4 diputados de su bancada habían iniciado un Juicio de Responsabilidades contra la dictadura de Hugo Banzer Suárez, su ministros, embajadores y contralores generales. En el pliego acusatorio se detallan la venta de tierras fiscales, violaciones a los derechos humanos, la Ley de Inversiones y el entreguismo de bienes naturales estratégicos. Los grandes terratenientes beneficiarios de las tierras fiscales en el oriente del país, así como el capital financiero nacional y transnacional, se encontraban en el banquillo de los acusados junto a los militares.
El golpe de Estado y la desaparición forzada de Marcelo Quiroga Santa Cruz lograron el objetivo de impedir el Juicio de Responsabilidades al dictador Hugo Banzer Suárez, quien murió gozando de impunidad. Es más, fue nombrado por el Congreso Nacional para ejercer un mandato constitucional (1997-2001) como presidente de la República, acompañado por Jorge ‘Tuto’ Quiroga como vicepresidente.
La huelga de hambre que iniciaron los Comités de Amas de Casa de los centros mineros en diciembre de 1977, con la participación de más de 1.200 huelguistas en todo el país fue la expresión viva de un septenio de resistencia popular, y obligó al régimen banzerista a decretar amnistía para presos políticos y comprometerse con la ‘democratización’ del país. La turbulenta coyuntura política del país entre 1978 y 1982, cuando se concreta la transición pactada a la democracia representativa, fue marcada por la potente movilización obrera y popular por un lado y el papel protagónico de las fuerzas armadas como garantes del orden establecido por otro.
Entre intentonas golpistas, golpes militares e interinatos constitucionales, al pasar por el Palacio Quemado los mandatarios efímeros tenían que equilibrar entre apoyos y avales de las cúpulas militares, de los partidos del régimen (MNR, ADN, FSB, PDC, etc.), de la empresa privada y de la embajada estadounidense. Estos pactos se expresaban en mayor o menor medida en la conformación de los gabinetes de ministros y el reparto de las instituciones públicas.
El régimen de facto de Luis García Meza como parte de la Reconstrucción Nacional creó una instancia cívico-militar sujeta al mandato del presidente de facto y la junta de comandantes para reemplazar las funciones del parlamento - la CONAL (Comisión Nacional de Asesoramiento y Legislación). La Sentencia Penal contra Luis García Meza (21/04/1993) estableció que la CONAL era una instancia ilegal y anti-constitucional, sin embargo, muchos de los políticos y empresarios que asesoraron a la dictadura fueron actores claves, políticos y económicos, durante los años del neoliberalismo.
El principal accionista y presidente del Banco Nacional de Bolivia (BNB), Fernando Bedoya Ballivián, fue uno de los emisarios privados de García Meza ante el régimen de facto de Rafael Videla en Argentina, se reunió en la Embajada argentina y luego se trasladó a Buenos Aires para negociar acuerdos económicos entre los dos países, luego de este viaje fue nombrado integrante civil de la CONAL. El grupo económico de Bedoya, a inicios de la década de los 1980, incluía empresas agroindustriales como Centauro Ltda, Agroganadera Santa Cruz Chané-Bedoya y la Hacienda San Nicolás; era accionista mayoritario del BNB y accionista minoritario del Banco Industrial y en la Continental de Seguros. El grupo Bedoya además tenía control del Grupo Minero CICO, Sociedad Industrial Molinera (SIMSA), Fábrica de Fideos Princesa y la Molinera Oriente (MODELO), junto a diversas empresas inmobiliarias y de comercialización. Fernando Bedoya Ballivián fue presidente de la Asociación de Bancos Privados (ASOBAN) entre 1996 y 1998, fue nombrado embajador de Bolivia en Argentina por el gobierno de Hugo Banzer en 2000, se mantuvo como presidente del BNB hasta su fallecimiento en 2018.
El grupo económico de Carlos Calvo Galindo en la década de los 1980 tenía participación accionaria en el Banco Mercantil, Banco de Inversiones Boliviano, Banco Industrial y el Banco Nacional de Bolivia, también participaba en el rubro de seguros con acciones en Unión Insurance, Reaseguradora Boliviana y Royal Insurance. En el rubro de la agroindustria Calvo controlaba la Sociedad Agrícola Ganadera e Industrial CINTI, Algodonera Las Chacras, Estancias El Fianboyán, Agropecuaria San Pedro y Huayriguana Ltda., así como la Embotelladora COTOCA (Coca Cola Santa Cruz) y los emblemáticos Hoteles “Los Tajibos” en Santa Cruz y “Plaza” en La Paz. En 1974, Carlos Calvo asumió la presidencia de la ASOBAN, y al año siguiente la dictadura de Banzer lo nombró subsecretario del ministerio de Planeamiento (1975) y luego ministro de Finanzas (1976-1977). Fue elegido como diputado nacional por el ADN (Acción Democrática Nacionalista) en 1980, el mismo año fue nombrado integrante de la CONAL de García Meza. Fue presidente de la Confederación de Empresarios Privados (CEPB) entre 1989-1992 y 2000-2004.
Una quincena antes del golpe de Estado de García Meza, Jorge Tamayo Ramos había sido el candidato a la vicepresidencia por el ADN (1980) acompañando la fórmula presidencial de Hugo Banzer; ya había participado del gabinete ministerial por el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) en 1957 y fue directivo del Banco del Estado en 1976. Tamayo Ramos era integrante del grupo económico Gasser-Bowles, dueños del Ingenio Azucarero La Bélgica, Alcohol Caimán y accionistas del Banco Santa Cruz. Jorge Tamayo fue nombrado ministro de finanzas e integrante de la CONAL en la dictadura de García Meza.
Otro integrante de la CONAL garciamezista fue Guillermo Fortún Suárez, quien fue integrante del gabinete ministerial del régimen de facto de Banzer como ministro de Prensa e Información en 1972 y luego como ministro de Trabajo y Asuntos Sindicales (1973), en 1974 fue nombrado presidente del Banco del Estado. Fortún fue elegido diputado por el ADN (1985-1989) y senador por el mismo partido (1989-1993), el gobierno del Acuerdo Patriótica (ADN-MIR) lo nombró ministro sin cartera en 1989, en 1999 Banzer lo nombró como viceministro de Asuntos Parlamentarios y en 2000 fue nombrado ministro de Gobierno. Fue enjuiciado por el manejo de gastos reservados durante su gestión como ministro de Gobierno (2000), en 2011 fue extraditado del Perú y falleció preso.
Douglas Ascarrunz Eduardo fue interventor de la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) bajo el régimen de García Meza y fue nombrado integrante de la CONAL en 1980. Fue ministro de Industria y Comercio de Paz Estenssoro (1985-1989) y ministro de Desarrollo de Sánchez de Lozada (1993-1997), fue electo diputado por el MNR en las elecciones 1989 y 1993. Es accionista y presidente de la Constructora Tauro, que construyó la Casa Grande del Pueblo (2014) entre otras obras públicas y fue dirigente de la Cámara Nacional de Comercio.
Raúl España Smith fue otro integrante de la CONAL, bajo los gobiernos neoliberales creó la Fundación para la Producción (FUNDAPRO) que fue pieza clave en el traspaso de créditos públicos a bancos privados (conocido como caso FOCAS). España fue ministro de Justicia (1996-1997), dirigente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y directivo de la Universidad Privada Boliviana (UPB). Se suman a la lista de civiles ‘asesores’ de la dictadura otros políticos que fueron posteriormente ocuparon altos cargos en los gobiernos neoliberales, entre ellos: Javier Villa Álvarez (subsecretario de Inversión Energética entre 1992 y 1993, subsecretario de Industria entre 1997 y 2002, director general de Sociedades Comerciales entre 2002 y 2003), Carlos Morales Landívar (ministro de Energía - 1987, embajador en Reino Unido - 1995, ministro de Obras Públicas - 2003), Raúl Boada Rodríguez (presidente del Banco Central de Bolivia entre 1989 y 1992) y el impulsor del D.S. 21060 Juan Careaga Osorio (ministro de Finanzas, 1986-1987).
Los 13 meses de dictadura sangrienta de García Meza fueron marcadas por agudas contradicciones, a nivel interno dentro de las fracciones regionales de la burguesía nacional y las tendencias de las fuerzas armadas, y a nivel internacional el avance hegemonizante del modelo neoliberal y las duras críticas internacionales al régimen por su relación con el narcotráfico. Entre los cuadros civiles de la CONAL de García Meza se encuentran grandes empresarios banqueros y agroindustriales, cuadros políticos banzeristas y operadores claves de la imposición del modelo neoliberal privatizador en el país. Uno de los logros más importantes en términos de memoria, del pueblo organizado en Bolivia fue el Juicio de Responsabilidades a la dictadura de Luis García Meza, esfuerzo conjunto de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Central Obrera Boliviana (COB) y la UMSA. En dicho juicio fueron condenados 47 personas entre ellos Luis García Meza, su ministro del Interior Luis Arce Gómez, el ex integrante de la junta de comandantes Waldo Bernal Pereira y el ex ministro y comandante Armando Reyes Villa. Sin embargo, la gran mayoría de los empresarios y políticos cómplices de la dictadura hasta hoy gozan de impunidad.
Desde la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI), organización que impulsamos La Izquierda Diario en Bolivia, luchamos por la memoria, verdad y justicia como garantía de la no repetición. Los empresarios, banqueros y agroindustriales fueron cómplices de la dictadura de Luis García Meza, así como participaron del golpe de Estado de 2019 y del régimen de facto de Jeanine Áñez. Estamos convencidos de la urgente necesidad de construir un partido de las y los trabajadores revolucionarios, con independencia de clase, para acabar con la impunidad y los privilegios pactados entre empresarios y cúpulas militares, en ese sentido exigimos la expropiación de todas los latifundios y empresas cómplices de los golpes de Estado y regímenes dictatoriales. |
