AMLO refirió que se ha estado fortaleciendo la campaña en medios de comunicación ─radio, televisión e internet, principalmente- donde se informa a la población ─particularmente a jóvenes- sobre los peligros de consumir fentanilo.

El tema fue relacionado con el de los homicidios y el de la seguridad pública, en sintonía con la perspectiva policíaco-militar con el que se ha tratado el problema desde hace décadas en lugar de abordarse como un asunto de salud pública.

La articulación de los temas se realizó a propósito de la mención de Guanajuato, entidad donde ha habido un aumento de los homicidios y el consumo de drogas y donde según medios de comunicación se ha reportado un incremento en el ingreso de personas a anexos con problemas de adicción al fentanilo.

A pesar de que AMLO menciona que “una cosa es el narcotráfico y otros delitos y otra cosa es el consumo” en alusión a que su gobierno interviene para tratar el problema desde una posición diferente a la meramente securitaria, lo cierto es que ello no se refleja en la materialización de medidas que atenúen los motivantes para el consumo compulsivo de sustancias.

Esta modalidad del consumo de drogas que deviene en adicción ─donde más allá de la voluntad del consumidor este no puede dejar de consumir- se potencializa por las adversas condiciones materiales de existencia en los que viven las personas: precarización laboral y de vida, incertidumbre ante el futuro, malestar en una cultura que oprime de múltiples formas, etc. son algunos de los factores que llevan a la gente a buscar una salida desesperada, una fuga frente a esta realidad histórica.

Si bien AMLO en la mañanera dijo que la situación de esta alza de consumo de sustancias en Guanajuato coincide con la de un entorno económico donde los empleos son muy mal pagados y sumamente explotados, especialmente en el sector maquilador, lo cierto es que ello no se reduce a ese ámbito y la precarización laboral, así como los atropellos a derechos laborales están también presentes en el sector educativo, en el estatal y en muchos otros y no ha habido una política pública que haga frente de manera decisiva a dichos problemas, más allá de lo que llegue a decir AMLO.

Eso se consideraría en el plano de la prevención del consumo y las adicciones a través de la atención a aspectos estructurales que lo causan, pero por lado del tratamiento a personas que ya tienen el problema de la adicción, el panorama no es mejor: las clínicas públicas de especialidades toxicológicas con capacidad para atender casos de sobredosis y tratamiento a personas en condición de adicción a sustancias son muy pocas y su capacidad es muy reducida, a eso se le suma que las y los trabajadores que laboran en ellas están contratados también bajo condiciones de inestabilidad laboral, con bajos salarios y con equipo deficiente o reducido, es decir, trabajan en condiciones muy precarias.

La Red Toxicológica Nacional tiene registradas apenas 18 unidades médicas públicas donde se puede obtener atención de urgencias de este tipo en todo el país, de ellas solo una tiene la capacidad para dar tratamiento totalmente gratuito a las personas con problemas de adicción, según refiere la médico especialista Minerva Vargas.

O sea, solo una clínica pública enfocada en la atención completamente gratuita de pacientes con adicciones para un país de más de 127 millones de habitantes. Dicha unidad médica se encuentra en la alcaldía Venustiano Carranza, es pequeña y, por lo mismo, se satura fácilmente.

Estas limitaciones y la falta de atención gubernamental en la materia han llevado a que proliferen los llamados anexos sin ningún tipo de regulación, algunos de los cuales, en estados como Sinaloa, se ha descubierto que funcionan como centros de esclavitud en campos agrícolas.

Este es un problema muy complejo que tiene que ver con la salud mental y con las profundas contradicciones y malestares que el capitalismo impone a la humanidad, su solución no pasa por medidas policíaco-militares y tampoco por simples campañas de spots.