La semana que termina volvió a mostrar la sintonía entre el gobierno neuquino y la gestión de Milei, quien pronto visitará la provincia. Cuarenta y ocho horas hábiles alcanzaron para que el proyecto de Paquete Fiscal obtuviera despacho en la Escribanía Figueroa, también conocida como Legislatura provincial.
Blanqueo
El eje del proyecto que se tratará en el recinto el próximo lunes, es la adhesión al blanqueo de capitales que aprobó el Congreso en el marco del paquete fiscal, en simultáneo con la Ley Bases. Además de un gesto político, la ley va a implicar “un nuevo regalo para los grandes evasores, un premio al gran delito económico”, como sostuvo el diputado del PTS - FITU, Andrés blanco.
A los que ingresen al blanqueo nacional se los va a liberar de pagar ingresos brutos, intereses y multas, y el Estado renunciará a toda acción civil o por delitos de la ley penal tributaria. ¿A cambio de qué? De un impuesto por única vez y por tan sólo un 0,75% del excedente sobre USD 100.000. Si un empresario inmobiliario blanquea USD 101.000, deberá pagar la módica suma de USD 7,50. El derrame era para arriba.
Casi en simultáneo pero con otra vara bien distinta, el gobierno, a través de un diputado del PRO, pretende aprobar una ley para poder descontar hasta un 20% de los salarios a aquellos empleados estatales que tengan deudas con la provincia. La agenda local se va derechizando con la nacional: el mismo diputado alienta la baja de la edad de imputabilidad, debate que iniciará los próximos días.
Saqueo
Con la adaptación neuquina del blanqueo, Figueroa lleva por primera vez una ley nacional mileísta a la Legislatura. Seguramente no será la última. Luego de la redacción común del capítulo de hidrocarburos de la Ley Bases, es esperable el envío de la adhesión y adaptación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Los beneficios tributarios y aduaneros alcanzarán a empresas que están en el centro de la ofensiva extractivista actual. No sólo las que explotan Vaca Muerta, que la levantan en pala mientras baten récords y se sigue ampliando la capacidad de transporte y producción de hidrocarburos. Sino también las que pretendan quedarse con las hidroeléctricas, contenidas al igual que las petroleras en la letra de la Ley Bases.
En ese último campo se espera una nueva prórroga de las concesiones, vencidas el año pasado y extendidas en una primera etapa por el gobierno de Massa. El plan del gobierno nacional es volver a concesionarlas a capitales privados. Aún no hay claridad de cómo. Una opción posible es a través de las sociedades anónimas recientemente creadas con participación de Energía Argentina, privatizable según la Ley Bases. Los roces con Figueroa son por las migajas (aumento de regalías o canon por el uso del agua) pero la entrega y el control privado no se discuten. En el saqueo hay consenso.
Garrote y zanahoria
Desde que asumieron, tanto Figueroa como Milei intentaron avanzar lo más rápido posible: no sólo en el ajuste, sino en debilitar la capacidad de reacción de los de abajo. Eso es lo que hubo detrás de los allanamientos espectaculares a las organizaciones sociales ocurridos semanas atrás, y de la imposición del presentismo a las trabajadoras y trabajadores de la educación, que busca fomentar la competencia y la autoexplotación, y corroer la organización colectiva.
Pero el gobierno provincial sabe que la paciencia no es eterna. Lo lee en las encuestas. Quizás por eso, como contracara, acordó con el Ejecutivo nacional eximir a parte de los trabajadores petroleros del pago del impuesto al salario. Quieren blindar Vaca Muerta. Quizás por la misma razón, prosperó en la justicia la cautelar presentada por ATE para declarar la inconstitucionalidad de la reglamentación del impuesto.
La conflictividad está a la vuelta de la esquina, y la puede desatar desde la aprobación de una ley en la legislatura, hasta una factura de luz de $400.000, como las que llegaron a vecinos de Añelo que amenazan con cortar la ruta.
Por estas horas, la provincia se vuelve a conmocionar con la desaparición de Luciana Muñoz. En ese caso, el gobierno y la justicia no parecen haber puesto el mismo empeño que en los 14 allanamientos a las organizaciones sociales. El movimiento de mujeres vuelve a salir a las calles exigiendo que pongan todos los recursos a disposición de la búsqueda.
Un conflicto testigo
El ataque a la docencia, con el presentismo y la intención de eliminar las jornadas institucionales, no fue gratis. La semana que termina incluyó 48 hs de un paro contundente y una importante movilización. Las bases de ATEN resolvieron la continuidad del plan de lucha en asambleas que reunieron más de 2.300 docentes, algo inusual para esta altura del año. La moción de las seccionales opositoras, encabezadas por Capital, obtuvo algo más de la mitad de los votos: el paro será de 48 horas la semana próxima, y 72 la siguiente.
Con la carga de los descuentos, el gobierno abrió un nuevo capítulo en su ofensiva sobischista. Parecen años, pero pasaron solo 4 meses desde el intento (fracasado) de cerrar las paritarias por decreto, algo que sólo echó leña al fuego y masificó la lucha. La bronca se acumula contra un gobierno (en general) y una ministra como Soledad Martínez ( en particular) que eligieron como enemigas a las maestras, mientras las escuelas se caen a pedazos o explotan como en Caviahue.
La gravitación del sindicato docente en la provincia convierte a la lucha actual en un conflicto testigo, que se suma a nivel nacional a los del neumático o el Posadas, entre muchos otros. Hay que rodearlo de solidaridad para ganar. | 
