El fin de semana la noticia conmocionó a Córdoba y la amplia red de sobrevivientes, familiares, organizaciones y militantes de derechos humanos del país. El viernes por la tarde el cadáver de Susana Montoya, de 74 años, fue encontrado en su casa del Barrio Ampliación Poeta Lugones de la capital cordobesa. Tenía signos de haber sido golpeada en la cabeza.
Fernando Alvareda, su hijo, es quien encontró el cuerpo y dio aviso al 911. En las últimas horas el militante de la agrupación H.I.J.O.S. y funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, relató ante varios medios que el jueves por la tarde había llevado a su madre en el auto a un consultorio donde ella tenía un turno médico. Allí la dejó y durante el resto del día no volvieron a comunicarse. Que el viernes desde la mañana la llamó y envío varios mensajes, pero ella no respondió. Por eso después de trabajar fue a la casa.
El hijo de la mujer afirma que apenas llegó al domicilio sintió que algo raro pasaba. “Las ventanas y persianas estaban cerradas, cosa que no era normal en ella porque siempre las tenía abiertas para que entrara el sol”, grafica. Y agrega que al escuchar desde afuera los sonidos del televisor y de una radio, se empezó a angustiar. Como no quería forzar la puerta, le pidió a una vecina que le dejara subir al techo. Desde allí, cuenta, vio el cuerpo tirado en el patio.
“Inmediatamente llamé al 911 y cuando entré a la casa me encontré con el mensaje en la pared pegada a la puerta de ingreso de la habitación de mi madre, escrito con algo parecido a un lápiz labial”. Allí se leía “los vamos a matar a todos, ahora vamos por tus hijos #LaPolicia”.
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Alvareda agregó que en la misma cuadra donde se produjo el crimen había personal policial de consigna abocado a otro caso judicial, con presencia permanente. Y dijo que si esos policías “no vieron nada, no identificaron a nadie que haya trepado a una tapia o salido corriendo, ni escucharon ruidos, bueno, estamos ante una zona liberada o algo raro”. Según aseguró, no estaban forzadas puertas ni ventanas (solamente estaba abierta la reja que da a la calle), lo que da más sustento a sus especulaciones.
Alvareda descartó la posibilidad de que se haya tratado de un intento de robo. “Esto tiene que ver directamente con una represalia a mi familia. A mí no han dejado de perseguirme y amanezarme”, dice. Y pone como fecha inicial de esos ataques diciembre de 2009, luego de finalizado el juicio por la desaparición de su padre, en el que por primera vez fueron condenados miembros del Departamento de Informaciones 2 de la Policía de Córdoba. Hasta 2012, según relató, tuvo custodia permanente de policías de civil y de un patrullero por orden judicial.
Fernando identifica el crimen de su madre con el clima general de odio negacionista y, en algunos casos, de reivindicación directa de la dictadura por parte de funcionarios. Desde Victoria Villarruel y los seis diputados de La Libertad Avanza que visitaron a genocidas en Ezeiza (lo que provocó una crisis interna en el liberfachismo), hasta el ataque a los sitios de la Memoria ejecutados por el mismo Ministerio de Justicia, los mensajes del oficialismo son claros. A eso se suman acciones directas contra militantes de derechos humanos de parte de grupos "anónimos" que reivincan al Gobierno.
“Hay un montón de gente que se está acostumbrando a este clima de época”, reflexiona. Y agrega que “si cualquier persona a la que no le interesa la política se come el discurso de esa diputada nacional que, libremente, dijo que no sabe quién es (Alfredo) Astiz porque ella nació en el 93, estamos en un problema grave”. Se refiere a Lourdes Arrieta, la mendocina hija del militar de la dictadura Tomás Arrieta y una de las "visitantes" de condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza.
Este lunes se realizó el velorio de Susana Montoya. La familia decidió que fuera a cajón cerrado. “No vamos a parar hasta que esto se esclarezca”, dice su hijo. Y anticipa que “desde el Gobernador para abajo” quiere tener audiencias “con todo el mundo. Necesito que se resuelva y no voy a parar. Si me tengo que encadenar en la Casa de Gobierno, lo haré. Esta vez soy el que va por todo. Quiero saber quién fue el responsable del asesinato brutal que sufrió mi madre este fin de semana”.
Ricardo Fermín Alvareda, su padre, era miembro de la misma Policía de Córdoba que lo secuestró el 25 de septiembre de 1979. Una patota de civil del Departamento de Informaciones de la fuerza lo llevó al Centro Clandestino de Detención Dirección de Hidráulica de la capital cordobesa, donde lo torturaron y asesinaron por ser un “infiltrado” del PRT-ERP.
Fernando dice que luego de los diversos juicios realizados en la provincia, entre ellos en el que se debatió el caso de su padre, “debe haber alrededor de 50 condenas a cadena perpetua de miembros de la Policía de Córdoba, que hoy está plagada de sus hijos y de sus nietos”.
En ese marco, no es un dato menor que en diciembre de 2023 él mismo denunció haber recibido amenazas, también con carteles en una pared, en los que le decían que se le habían terminado “los amigos” en la Policía y que no fuera más “ni a la escuela ni a la jefatura” porque iba “a morir”. La referencia es a que, convocado por anteriores jefes de la fuerza, él había dado charlas de derechos humanos a alumnos de segundo y tercer año de la Escuela de Oficiales e integró el equipo que armó el Cuerpo de Protección de Testigos. Hoy identifica esas amenazas y otras del pasado con el crimen del que su madre acaba de ser víctima.
Apenas conocida la noticia, la concejala del Frente de Izquierda en Córdoba, Laura Vilches, denunció públicamente el crimen y exigió “el esclarecimiento del hecho al gobierno provincial y la Justicia”. Y agregó que “el gobierno de Milei y su discurso negacionista genera el clima propicio para que estos hechos ocurran”. También se refirieron en sus redes sociales los referentes del Frente de Izquierda a nivel nacional Nicolás del Caño y Myriam Bregman.
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