Ante el paro del 7 de agosto: por un plan de movilización ascendente para ir al fondo de la crisis educativa
El Colegio de Profesores con Mario Aguilar a la cabeza está convocando a una paralización para el día 7 de Agosto. El lema de la convocatoria es “no más acoso, agobio, maltrato y agresiones” que sin duda son problemas reales que hoy viven las y los docentes, aunque también apoderados, estudiantes y todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero el problema no es simplemente denunciar lo que es evidente, si no clarificar cuáles son las demandas y objetivos para enfrentar estos problemas, para ir a la raíz de estos.
Es ahí donde Mario Aguilar así como el PC dentro del Colegio de Profesores, ponen como objetivo dejar en manos de los parlamentarios y el gobierno la solución a esta crisis. Más concretamente proponen que esta movilización sea para apurar la Ley de Convivencia Escolar que hace un tiempo presentó el propio gobierno y que ya estaría cocinada con el gobierno en mesas de diálogo. Nombran otras problemáticas, como la evaluación docente y falta de infraestructura, pero estas quedan en segundo plano respecto a presionar por la aprobación de esta ley.
Además, este llamado a paro no se realizó desde una organización de las bases, donde las y los docentes discutieramos en cada escuela y liceo cómo enfrentar la actual crisis social y educativa, para desde allí plantearnos objetivos y lineamientos. Más bien, es un llamado “por arriba” para descomprimir el enorme descontento existente, en un año donde ya son dos colegas que se han quitado la vida por el acoso laboral y la persecución de las jefaturas.
Esta ley no nace de las reivindicaciones de las y los docentes, ni de nuestra reflexión y organización y tampoco responde al problema de fondo. Lo que hoy se expresa es una crisis social y educativa, de la cual es responsable la derecha con su constante defensa de la educación de mercado, junto a los gobiernos de la ex Concertación que perfeccionaron el modelo.
Lo que le preocupa a Aguilar, al Partido Comunista, así como a la dirección mayoritaria del Colegio de Profesores, es hacer presión para que la derecha vote esta ley, pero pensamos que todo esto es una estrategia parlamentaria estéril, para “presionar” a una derecha que solo le interesa el negocio educativo y sus cálculos electorales y que no se interesa de los casos de violencia, sino que los utiliza para criminalizar y fortalecer el camino de la represión a las familias más vulnerables.
¿Es la ley de convivencia una solución para la crisis educativa?
Está lejos de serlo, por un lado es una ley que formaliza acciones ya existentes que se aplican desde el 2020 y por otro está concentrada en la generación de protocolos y sanciones, que en el esquema actual dependen por completo del sostenedor y la superintendencia. Desde el modelo educativo autoritario que tenemos estamos lejos de resolver problemas más profundos, ya que van más allá de la sanción y el protocolo, y porque estas herramientas básicas siguen dependiendo de las autoridades que en la mayoría de los casos son los cómplices del acoso o del acosador. Por eso los protocolos se vuelven papel mojado e incluso llegan a transformarse en herramientas de persecución.
Con sus medidas punitivas el gobierno de Boric sigue las recetas de la ex Concertación, sin ir al fondo del modelo educativo para no afectar los intereses de los grandes consorcios educativos y de la Iglesia que son quienes se benefician económicamente del propio modelo.
Qué proponemos frente a la crisis social y educativa
Es urgente que las comunidades educativas reflexionemos, debatamos y nos organicemos, para enfrentar la crisis del sistema educativo, en unidad de apoderados estudiantes y trabajadores de la educación, en contra del camino de profundizar las sanciones, que en un sistema autoritario están lejos de resolver algo.
Por eso toda lucha por terminar con la violencia en los establecimientos educativos debe partir por terminar con el autoritarismo, debiese ser la comunidad educativa, de apoderados estudiantes y trabajadores de la educación, quienes decidamos sobre el rumbo de la educación, que podamos votar por ejemplo a los cargos directivos y revocarse en caso de ser necesario, así se podría enfrentar el acoso de las jefaturas.
Además, no podemos hacer oídos sordos a una crisis que va más allá, que es social y que vemos cotidianamente en problemas de alimentación, falta de vivienda, una salud inaccesible, tanto mental como física o la incapacidad de atender el aumento de estudiantes con necesidades educativas especiales (ligado en muchas zonas a la contaminación de las grandes empresas). Y para enfrentar esa crisis social, requerimos de la unidad de apoderados, estudiantes y trabajadores de la educación, y que luchemos por demandas que van más allá de la sala de clases.
Se trata de cuestionar un sistema que lleva a las familias de la educación pública a condiciones de precariedad, que muchas veces significa no tener el tiempo para compartir con sus hijos por la sobrecarga laboral o no tener los recursos para arrendar una vivienda, así por ejemplo han aumentado en Chile de los campamentos.
En esta movilización acompañamos a las y los docentes que votan la paralización porque ven un diagnóstico común respecto a la enorme crisis educativa. Sin embargo, somos claros y claras en decir que no compartimos las salidas que proponen las direcciones del Colegio de Profesores y que deberíamos ser las propias comunidades educativas quienes discutieramos estas problemáticas y salidas de fondo por las que luchar.
Es por esto que vemos necesario preparar un plan de movilización desde las bases, en unidad con apoderados, estudiantes y todas las y los trabajadores de la educación, por un sistema educativo unificado a nivel nacional, que termine con esta separación entre educación para comunas ricas y pobres, que disponga de los recursos necesarios para satisfacer todas las necesidades, tanto educativas como de alimentación. El Estado debería dejar de financiar con miles de millones de pesos en subvención a los privados que solo les importa el beneficio económico, y concentrar realmente todos los recursos en un sistema público de la más alta calidad, con una atención integral que vincule la educación, la salud física y mental, la cultura y el deporte. Y bajo un sistema democrático de administración por parte de sus propias comunidades educativas, es decir, que la gestión pase por las decisiones de trabajadores de la educación, estudiantes y apoderados, no por la municipalidad dependiendo del alcalde de turno, ni por la burocracia del Servicio Local de Educación (SLEP) que a poco andar han mostrado ser un desastre.
Organicémonos juntos y juntas por este horizonte, para unificar la lucha y enfrentar la crisis educativa y social de la que cada día somos testigos. | 
