Luego de una larga teleserie, el gobierno logró aprobar su veto a la reforma electoral para fijar en dos días las próximas votaciones del mes de octubre. El nudo de la polémica estuvo dada por la extensión de la votación (sugerida por el Servel), el voto extranjero y las multas, pero bajo el debate público también se trataron la disminución de las devoluciones por voto (a candidato y partido), el feriado irrenunciable, la ley seca entre otros.

Mientras la derecha levantó, con una enorme hipocresía, la exigencia de no excluir a los migrantes de su derecho al voto (que fue cuestionado por diputados del PS entre otros) y reclamando contra la eliminación de la multa, el oficialismo fustigó sobre el “castigo” que representaba la multa para los sectores populares que no quieran votar. La derecha, levantando el fantasma del fraude, se opuso a la elección en dos días, argumentando que los alcaldes oficialistas podrían aprovechar la oportunidad. El oficialismo cuestionó el cómo podía ser que Chile fuera tan generoso con el derecho al voto de los extranjeros que incluso podrían terminar siendo gravitantes para una elección presidencial.

Pero el trasfondo de este debate esconde la enorme deslegitimación que tiene el congreso y los partidos tradicionales frente a la clase trabajadora y los sectores populares. Partidos que se están totalmente alejados de las necesidades de las grandes mayorías. La derecha habla de que los migrantes tenga derecho a votar. Pero es este mismo sector el que lleva años con una enorme campaña xenofobia, igualando migración con delincuencia y pidiendo medidas durísimas de expulsión de quienes hayan cruzado ilegalmente la frontera, sin importar su situación personal, las precariedades o calamidades que estén enfrentando. El oficialismo se suma a esta campaña y diputados como Manouchehri (PS) semanas antes propuso quitar derechamente la posibilidad del voto a los extranjeros.

Para la derecha el contexto de la crisis en Venezuela es una oportunidad para movilizar el legítimo ánimo anti maduro y llevar agua a su molino. Pero una vez terminada la elección volverán a cargar contra el “venezolano delincuente” o los constantes “correrles bala”. Desde el oficialismo el peligro de una derrota electoral por el factor Venezuela comienza a ser evaluado cada vez más como una posibilidad, sobre todo en municipios claves.

Sobre las multas, el gobierno logró cuadrar a los diputados oficialistas en torno al cobro de la multa para quienes no voten. En 2021 la abstención electoral de la primera vuelta llegó al 53% (7 millones de electores) y en la segunda vuelta rodeo el 44%. Los partidos tradicionales argumentan que sin multa no hay obligatoriedad del voto. Hacen gárgaras con la importancia de la participación y la deliberación democrática para la legitimidad del régimen político del país, mientras excluyen a la juventud o se negaron a eliminar el feriado irrenunciable para ambos días, lo que dificultará a miles de trabajadores poder asistir a votar si las empresas se resisten a otorgar los permisos para que ello ocurra.

Pero la realidad es que más allá del voto, el sistema representativo no es más que una falsa democracia, donde se vota una vez cada cierta cantidad de tiempo, pero luego de las elecciones son las cámaras empresariales y los partidos a su servicio quienes toman las grandes decisiones a todo nivel. La clase trabajadora y los sectores populares no pueden deliberar cotidianamente sobre las leyes y normas que los afectan, así mismo ocurre con otros poderes como la justicia.

Abrir un cuestionamiento radical a las formas democráticas actual implica pensar otras formas de organización social, muchísimo más democráticas y que implica involucrar a las mayorías populares en la toma de decisiones a todo nivel sobre los problemas que los afectan.