La empresa informó a través de un comunicado que: “En esta verdadera catástrofe climática ocurrida recientemente, Enel Distribución Chile S.A. ha respondido oportuna y adecuadamente a cada uno de los requerimientos formulados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) con la finalidad de restablecer el suministro eléctrico de sus clientes”.

La respuesta de la empresa es una verdadera burla para miles de familias trabajadoras que se vieron afectadas por más de 15 días tras los cortes de luz. Al mismo tiempo, ocultan que la “catástrofe climática” a la cual hacen mención, es propia de los efectos producidos por el cambio climático. No es un hecho “inusual”, es la regla. No es una “catástrofe natural”, sino que es una catástrofe política y social, que tiene responsables directos.

Tarifazos y cortes de suministro

El boletazo que acordaron las empresas eléctricas con el gobierno de Sebastián Piñera, y que hoy se encarga de ratificar el gobierno de Gabriel Boric, llega a un promedio nacional del 40% de aumento en el precio de la luz.

Las concesiones con este tipo de empresas, fueron “legitimadas” en los 80 por la dictadura de Pinochet, donde los grandes ganadores siguen siendo los grandes empresarios. Por ejemplo, en junio 2023 ENEL registro $113.743 millones en utilidades, pero para junio de 2024 las ganancias llegaban a $250.824 millones, aumentando en un 120% solo en un año.

La deuda ilegítima que se le hace pagar a millones de familias, llega a los 6.400 millones de dólares, donde 1.800 millones son solo de interés. Una deuda que nadie acordó contraer, y que se intenta mostrar como “una ayuda” empresarial que nadie pidió como solución. Es decir, es una deuda completamente ilegítima. Si bien esta deuda fue contraída por el gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno de Gabriel Boric contrató a dos asesores que trabajan para empresas eléctricas, con tal de establecer la fórmula de cobro.

Otra de las aristas que ha provocado mayor rechazo, es que las AFP invierten más de 1.163 millones de dólares de los fondos de pensiones de las y los trabajadores, en acciones y bonos de empresas como Enel. Un negocio redondo donde los únicos perdedores son las familias trabajadoras y sectores populares.

El gobierno mantendrá el sistema de concesiones y cierra el paso a la estatización

Luego de una semana de debates políticos sobre el fin de la concesión y la estatización del sistema eléctrico, la superintendencia de Electricidad y Combustibles informó la finalización de los contratos con Enel. Pero el problema ante el negocio de la luz, sigue siendo el mismo, solo que se cambiaría de empresa, continuando así el servicio con CGE. Dicho de otra forma, el gobierno lejos de los discursos “progresistas” de su campaña, está por mantener el modelo de concesiones heredado de la dictadura. Es decir, la lógica empresarial sobre las necesidades básicas seguirá primando.

Es por esa razón que el sistema eléctrico debe nacionalizarse. Ante esto, el primer debate que lleva adelante la derecha, es que “lo público no sirve”, el problema de fondo es que la comparación que abren es entre la administración del mercado y la administración de la burocracia estatal. El estado no es un ente representante de las grandes mayorías, como afirman muchos leguleyos. El estado es un organismo de dominación de una clase social (en este caso, la empresarial) por sobre otra. El sistema de Justicia, el sistema Legislativo, las FFAA, etc tienen como única función mantener el status quo de la dominación capitalista. Por esa razón, la justicia beneficia a un sector social, el sistema de partidos responde a los intereses de los grandes empresarios, las armas de las fuerzas armadas se ponen contra los trabajadores y el pueblo si osan reclamar esta dominación. ¿Por qué entonces la nacionalización del sistema eléctrico?

Lejos de la administración empresarial de la burocracia estatal, hay que contraponer la nacionalización del sistema eléctrico, bajo la administración por parte de los trabajadores que hacen funcionar la empresa, ingenieros, técnicos especialistas, etc. Todo esto en coordinación con los usuarios de manera directa y democrática. Si esta fuese la regla, no ocurriría que mientras los hogares de las familias trabajadoras y el pueblo se quedaran sin luz, las grandes empresas sigan produciendo a destajo para llenar sus propios bolsillos.