En un nuevo ataque con la población adulta mayor, como si fuera responsable de la catástrofe económica que atraviesa el país, la obra social para jubilados y pensionados modificó los criterios de accesibilidad a la medicación de forma gratuita.
Bajo la Resolución 2431/24, con la firma del Director Ejecutivo Esteban Leguizamo fue publicada el pasado 22 de agosto en el Boletín Oficial de la institución. La norma modifica la disposición original, impuesta por el gobierno de Macri en 2017, que establecía "parámetros para acceder a los medicamentos al 100% de cobertura por razones sociales" tal como tener ingresos iguales o menores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no contar con prepaga, no ser propietario de más de un imueble o poseer una aeronave o embarcación de lujo y justificando un gasto igual o mayor al 5% de los ingresos percibidos.
Resolución que permaneció vigente incluso durante la gestión de Luana Volnovich durante el gobierno de Alberto Fernández, más allá de la incorporación de un número significativo de principios génericos al vademecum de cobertura.
La nueva normativa incorpora la descabellada idea de "no ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena" para acceder a la medicación gratuita y modifica el porcentaje del gasto que debe justificar: "el costo en bolsillo de los medicamentos indicados para su tratamiento deberá ser igual o mayor al 15% de sus ingresos". ¿No lo podés creer?, bueno creelo, sí. Uno de los requisitos es tener acciones en una empresa.
Sumado a esto, varios principios pasaron a ser considerados "eventuales" como paracetamol, complejos vitamínicos, antibióticos, calcio, omeprazol, loratadina. Según informaron desde la obra social “se trata de medicamentos que no son prioritarios para curar enfermedades prolongadas en el tiempo”. Así, algunos que tenían 100% de cobertura ahora tienen un porcentaje de copago, otros con un 40% o 70% de cobertura. Un golpe más al bolsillo de los viejos y viejas que no llegan a mitad de mes y deben priorizar entre la comida y la salud.
La jubilación mínima en agosto de 2024 fue de $225.497, pero la Defensoría de la Tercera Edad calcula la canasta básica de un jubilado en un valor de $800.000 mensuales. Aún tomando en cuenta el bono de $70.000 ($295.000 totales), queda muy por debajo de lo necesario para cubrir los gastos básicos.
Milei anunció que vetará la nueva ley de movilidad "en defensa del superávit fiscal", aunque la ley solo implique un módico aumento en los haberes. La pérdida de ingresos desde que asumió Milei lejos estará de revertirse con esta ley, menos aún, la pérdida de poder adquisitivo que se viene arrastrando desde, al menos, el gobierno de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. Pero aún así, ni una mísera mejoría están dispuestos a conceder Milei y Caputo.
Hablar de vejez en Argentina es hablar de un sector mayoritariamente pobre, en condiciones de extrema vulnerabilidad. El Estado, desde décadas y a través de los distintos gobiernos, declama una prioridad de los adultos mayores en la agenda pública, pero ha usurpado de forma permanente los fondos de los jubilados para pagar deuda.
En épocas donde la expectativa de vida a nivel mundial no deja de aumentar, y donde la vejez de la clase trabajadora se toma como un problema de déficit a resolver desde los centros de poder, las trabajadoras y los trabajadores mayores saben que la lucha diaria es la única forma de sobrevivir. Por eso este próximo miércoles, desde las 15 horas agrupaciones de jubilados y jubiladas se encontrarán frente al Anexo del Congreso para marcchar a Plaza de Mayo.
El tiempo de pelear es hoy, como siempre. Que las nuevas generaciones tomen nota de ello, para luchar desde ahora. | 
