El Estado de México es la entidad más poblada del país y concentra 20% de los casos de feminicidio a nivel nacional. Es también reconocido a nivel internacional como el lugar más peligroso para ser mujer en México, y en 11 de sus 123 municipios se concentran más del 50% de los casos de feminicidio. Sin embargo, no hay cifras que puedan a describir el dolor de las madres que buscan justicia para sus hijas desaparecidas y asesinadas.
Como en la década de los 90’s en Ciudad Juárez, hoy el Estado de México es reconocido como bastión del feminicidio y la impunidad a nivel internacional. Familias rotas por la ausencia de una hija, esposa, amiga… niños y niñas huérfanas creciendo en un contexto de pobreza y violencia; madres que se convirtieron en activistas y se pusieron al frente de las investigaciones para dar con sus hijas ante la indiferencia de las autoridades; policías y militares coludidos con feminicidas, narcotraficantes y proxenetas o actividades artísticas y culturales de protesta; son sólo algunas de las historias que se repiten en el día a día de la entidad mexiquense.
Aquí también el responsable es el Estado mexicano, que no solamente tolera y permite el asesinato despiadado de miles de mujeres en el Estado de México y en todo el país, sino que tiene impreso, el machismo y la opresión patriarcal en su estructura institucional. Y es que para los gobiernos y los capitalistas, las mujeres de la clase trabajadora y los sectores populares somos consideradas mercancías u objetos que pueden ser sustituidas y desechadas, cuando los patrones o gobernantes así lo decidan.
El feminicidio es el último eslabón de una larga cadena de violencias contras las mujeres. Como plantea Andrea D`Atri: “la violencia estructural hacia las mujeres actúa como un elemento que contribuye a mantener un determinado orden en el que las mujeres permanecen subordinadas”. El fenómeno del feminicidio en el Estado de México y en el país también se expresa un problema de clase, puesto que la mayoría de las mujeres asesinadas, son jóvenes, trabajadoras y de sectores populares.
Los gobiernos del PRI, al servicio de los patrones
Más de 80 años de políticas pro-empresariales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus antecesores en el Estado de México, han tenido consecuencias devastadoras para la población pobre y trabajadora, particularmente para las mujeres y niñas mexiquenses. El caso emblemático es el de Enrique Peña Nieto, pues durante su administración se registraron al menos 1,997 mujeres asesinadas y ordenó la brutal represión al pueblo de Atenco, donde la tortura sexual hacia las mujeres del movimiento fue una política de Estado para castigar su combatividad.
Por el contrario para las empresas nacionales y extranjeras –particularmente las estadounidenses, el Estado de México ha sido históricamente uno de los lugares más atractivos para la inversión industrial, debido a las ganancias multimillonarias que generan las facilidades a los empresarios por el gobierno, como son los bajos salarios y la pérdida de prestaciones laborales y sindicales.
Fue en 1940, en el marco del modelo de sustitución de importaciones, cuando se inició el proceso de industrialización del estado y que culminó hasta la década de los 90’s con la maduración de su desarrollo industrial.
A pesar de sus altibajos en diferentes sectores, la producción industrial mexiquense (la mayor del país) ha representado un papel muy importante en la economía nacional. De igual manera, el PRI, el partido más viejo del país, tiene en el Estado de México un pilar fundamental de su poder político-electoral, basado entre otras cosas, en el férreo control de los sindicatos y centrales obreras por medio de las criminales burocracias sindicales como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).
Una contradicción irreconciliable, propia del capitalismo
Debido al desarrollo histórico y consolidación industrial, en el Estado de México habita un poderoso proletariado conformado por cientos de miles de trabajadores que mueven los engranajes de la economía estatal y nacional. Esta clase obrera está formada por cientos de miles de obreras, que ante los altos índices de pobreza y los bajos salarios tienen que salir de sus casas a buscar el sustento de sus familias.
En una sociedad como la nuestra, conviven las conservadoras tradiciones culturales y el acelerado desarrollo tecnológico; la incorporación masiva de las mujeres al trabajo asalariado es un fenómeno social que cuestiona los roles género establecidos en la sociedad patriarcal. Esta integración no es un hecho nuevo, sino una característica propia del sistema capitalista donde, de contribuir al desarrollo de la reproducción de la fuerza del trabajo del jefe de familia mediante las tareas domésticas, se integra a la producción en condiciones de precarización laboral.
Así, las trabajadoras garantizan no sólo la reproducción social de los trabajadores y de las futuras generaciones obreras. Su fuerza de trabajo también provee de cuantiosas ganancias a los empresarios y de servicios indispensables para la sociedad, como salud y educación.
¡Queremos vivas a todas las mujeres! ¡No creemos en sus leyes!
Justamente desde hace más de 20 años Ciudad Juárez puso a nuestro país en los ojos del mundo con las “muertas de Juárez”, emitiéndose una serie de recomendaciones internacionales en la que se le hacían señalamientos al Estado Mexicano ante el alarmante incremento de los asesinatos a mujeres y una hecho reciente es la emisión 11 municipios la Alerta contra la Violencia de Género a solicitud del gobernador priista Eruviel Ávila Villegas. Dichas medidas resultan inoperables y lejos de resolver la problemática que enfrentan a diario miles de mujeres, son utilizadas para hacer potable un régimen que a los ojos del mundo es irreformable.
La violencia que día a día sufren las mujeres, sabemos que no son casos aislados, como plantea Andrea D’Atri: “que, lejos de ser naturales, las situaciones de opresión, discriminación, degradación y subordinación que viven las mujeres tienen un origen histórico, lo que permite visualizar, entonces, la posibilidad de que también desaparezcan. Eso requiere de una lucha mucho más radical para acabar de raíz con un régimen social fundado en la violencia de la explotación y de la opresión. Por eso mismo la salida definitiva para terminar con el feminicidio y la sociedad patriarcal, no puede venir del mismo Estado burgués que la protege y desarrolla, para ello tenemos que liquidar las bases de la explotación asalariada como el comienzo de terminar con toda forma de opresión. Es el único camino realista para gozar de la plenitud de la vida, del pan y también de las rosas.” | 
