El proyecto de ley que ataca el derecho a huelga de los docentes, impulsado por La Libertad Avanza y el PRO, ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. Contó con el apoyo de la mayoría de la UCR y otros bloques aliados como la Coalición Cívica e Innovación Federal, que incluye a los diputados aliados del gobernador Gustavo Sáenz. Emiliano Estrada, diputado de Unión por la Patria, estuvo ausente.
Al coro de los políticos tradicionales que culpan a la docencia de la crisis educativa se sumó Juan Grabois, quien afirmó que “la falta de vocación y las licencias son el problema de la educación” y expresó no estar “muy en desacuerdo” con el proyecto del gobierno de Javier Milei que ataca el derecho a huelga de la docencia.
El proyecto consta de cuatro artículos y se centra en declarar la educación como “servicio estratégico esencial”, es decir, que en caso de huelgas, debe haber docentes en las escuelas. Establece que durante los primeros dos días de paro, el 30 % del personal del colegio deberá estar en la escuela. A partir del tercer día, el porcentaje debe aumentar al 50 %. Y si la medida se extiende la asistencia deberá ser del 75 %.
Docentes de nivel inicial, primaria y secundaria afirman que lo esencial de la educación es invisible para los gobiernos.
Un profesor de Ciencias Políticas expresó a La Izquierda Diario: “Estoy en contra de declarar la ‘esencialidad de la educación’ porque lo que buscan es cercenar el derecho a huelga y todo lo que eso implica. La educación es un derecho, no un servicio; es decir, busca garantizar la productividad de la mano de obra trabajadora”.
Una docente de nivel primario comentó: “Declarar a la educación como un servicio esencial implica que, si en alguna provincia no se llega a un acuerdo paritario que favorezca a la mayoría de la docencia, esta no podrá manifestarse a través de paros o medidas de fuerza, ya que no habrá una adhesión del 100 % o importante. Lo que están haciendo es regular el derecho a la protesta y utilizar esta herramienta para someternos a salarios de hambre y pobreza”.
La misma maestra añadió: “En la escuela, un elemento esencial que no tenemos es el agua corriente, ya que en las jornadas, a mitad de jornada o durante jornadas enteras, se corta debido a problemas con el tanque de agua.”
Esta problemática también la relató una maestra de nivel inicial, quien dijo: “En mi escuela, algunas problemáticas esenciales son la falta de agua y de personal de ordenanza. Esto se podría solucionar si el gobierno se preocupara por estas falencias, por ejemplo, invirtiendo en infraestructura y tomando medidas que beneficien al sector educativo”.
Explicó que “si el gobierno declara la esencialidad, se restringiría el derecho a huelga; por lo tanto, no se podrían realizar paros por reclamos justos y necesarios, tanto a nivel salarial como en mejoras de las condiciones de los establecimientos educativos. Esta medida es un ataque a los derechos de los trabajadores y a la educación pública.”
Una docente de artística expresó: “En educación trabajamos un sector mayoritariamente femenino, combativo y crítico y creo que por eso quieren callarnos. Por eso también vamos a sumarnos al Encuentro Plurinacional de Mujeres en octubre en Jujuy para llevar esta lucha en defensa de la educación pública.”
“Somos conscientes de que la educación está en crisis y necesita urgentemente medidas para salir adelante, pero también sabemos que no somos responsables de esa crisis. Son los distintos gobiernos los que han llevado a la educación a este pozo. Todos los gobiernos han reducido el presupuesto y ahora prácticamente quieren destruir la educación pública. El gobierno miente, como ya lo hizo en campaña, diciendo que iba por la casta y terminó atacando a jubilados y trabajadores. Ahora miente cuando dice que declarar la educación como servicio esencial mejorará el sistema educativo, garantizando la asistencia de los niños en las aulas. ¿Desde cuándo la asistencia es garantía de aprendizaje? Si un niño asiste con hambre, ¿qué puede aprender? La educación es un derecho básico, un derecho esencial, y el cambio debería ser garantizar ese derecho con servicios como agua segura, alimentos saludables en el comedor, conectividad, infraestructura y también con buenos salarios para los docentes.”
Expresaron que para enfrentar el ataque a la educación pública es necesario organizarse desde cada escuela debatiendo sobre estos temas y exigiendo asambleas a las y los delegados de autoconvocados. Como también que el sindicato Sitepsa llame a debatir sobre este tema para intercambiar sobre cómo desarrollar un plan de lucha. Y que es urgente que Ctera llame a paro para cuando se sesione este proyecto en el Senado. | 
