A principios de julio, la legisladora porteña por el FITU, Alejandrina Barry, acompañada de la ex diputada nacional Myriam Bregman y el abogado Matías Aufieri, realizó un pedido para que se preserven y entreguen los archivos de las distintas dependencias de inteligencia, seguridad y derechos humanos, vinculados al Plan Cóndor. Barry es hija de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), al igual que Bregman y Aufieri.
Sobre aquella presentación realizada en julio, y a la que hoy la fiscal Paloma Ochoa hace lugar, Alejandrina señalaba que “esta presentación que realizamos tiene que ver con preservar esos documentos porque, en el marco de un gobierno que reivindica abiertamente la dictadura militar, nuestra máxima preocupación es evitar que se destruyan. Y esos archivos pueden ser una herramienta enorme para conocer la verdad que nos falta, para conocer el destino de los más de 300 niños, hoy ya adultos, que continúan apropiados, el destino de nuestros familiares, de los que todavía no sabemos dónde están sus cuerpos”.
La fiscal Ochoa dio lugar al pedido de Alejandrina y lo extendió hacia todas las víctimas del Plan Cóndor, solicitando al juzgado de Sebastián Casanello (hoy a cargo de Daniel Rafecas) que requiera a la SIDE, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad toda la información relativa a las víctimas, los imputados y los inicios del Plan Cóndor.
La solicitud de información es un hecho alentador, resultado de la organización y lucha de las víctimas, los familiares y los organismos de DD.HH. desde hace décadas. Habrá que ver si el juez da lugar a lo solicitado y la forma en que esa información se entregue.
La solicitud hecha al juzgado de Casanello se da en el marco de la política abiertamente negacionista de La Libertad Avanza. Desde el inicio de su gestión, el Gobierno de Milei y Villarruel comenzó con el ataque a dependencias relacionadas con la búsqueda de memoria y justicia por el terrorismo de Estado.
En marzo, el ministro de Defensa, Luis Petri, comenzó a desmantelar los equipos de civiles que relevaban los archivos de las Fuerzas Armadas. En julio, se derogó la resolución de 2010 que había creado los grupos de trabajo para contribuir con las causas de lesa humanidad. El 14 de agosto, Milei cerró la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la desaparición de niños durante la dictadura. Esa unidad funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y tenía acceso irrestricto a todos los archivos en poder del Estado. |
