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Ayer era el aniversario del fusilamiento del president de la Generalitat Lluis Companys. Su asesinato en el foso de Montjuic lo convirtió en todo un símbolo de los ataques del Franquismo contra los derechos democráticos de Catalunya. Una muerte que ha hecho que hasta buena parte de la izquierda anticapitalista “olvide” otros episodios menos honorables del president, como su rendición sin apenas combate en octubre de 1934 o su preciada contribución al aplastamiento de la revolución obrera en mayo de 1937.
La Dictadura tuvo en la lucha contra el separatismo y cualquier muestra cultural de lo catalán o vasco uno de sus pilares. El fusilamiento de Companys se convirtió en todo un símbolo de ello. Por ello desde la vuelta de la democracia cada 15 de octubre se celebran homenajes al desaparecido president.
El de este año ha sido el de mayor significación. No por el número -75- sino porque coincidía con un acto sin precedentes dentro de la ofensiva españolista contra el movimiento por el derecho a decidir: la imputación al president de la Generalitat por la consulta del 9N. Dos días antes habían declarado su consellera de presidencia, Joana Ortega, y su ex-consellera de educación, Irene Rigau.
Los imputados, en esta primera comparecencia por un delito de desobediencia, se enfrentan a penas de inhabilitación para cargo público. Sin duda aludiendo a sus currículum personales no apetece defenderlos. Dirigentes de CDC que han sido y siguen siendo los reyes de la corrupción, los recortes y la represión en Catalunya. Como muestra un botón. Uno de los abogados del sindicato ultra-derechista Manos Limpias -que se persona como acusación particular- hace unos meses estaba en el mismo bando que la Generalitat en el juicio contra los jóvenes que participaron de la protesta contra el parlament catalán en junio de 2011.
Sin embargo el proceso de hoy no era contra Mas, Ortega y Rigau. Quien se sentaba en el banquillo era la consulta del 9N. Una de las mayores movilizaciones por el derecho a decidir, organizado por más de 40.000 voluntarios y en la que participaron más de 2 millones de personas.
En cierto sentido a los tres imputados les quedaba grande la acusación. Como ellos mismos han reconocido delante del juez, acataron la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 4 de noviembre. Su promesa de una consulta sobre la independencia con la que ganaron las elecciones en 2012, fue anulada y sustituida por un “proceso participativo” meramente simbólico.
Todo un aviso a navegantes de cual es el “seny” de los representantes de la burguesía catalana y su nula voluntad de hacer lo necesario para que se pueda respetar y efectivizar la voluntad del pueblo catalán.
Que se trata de un ataque contra el derecho a decidir explica el fuerte rechazo que ha producido. Algo que se ha expresado en la masiva concentración a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Mas se ha dirigido hacia allí acompañado por casi la mitad -400- de los alcaldes catalanes. Éstos venían con su bastón de mando como un gesto de respaldo institucional. Estaba también presente el govern al completo y los líderes de ERC, JxSí, la ANC y la CUP.
Sin duda CDC va a intentar utilizar la imputación y el rechazo que genera para ganar posiciones en las negociaciones entre JxSÍ y la CUP. La izquierda independentista por el momento se niega a investir a Mas, pero el ya famoso #PressingCUP se ha incrementado esta mañana con el baño de masas del todavía president en funciones y los cánticos de “Mas president, Catalunya independent”.
Mas y CDC han trabajado también para ello. Aun reconociendo que su govern acató la sentencia del TC Mas ha tenido palabras para engrandecer su imagen de líder sacrificado: “me declaro máximo responsable de haber tomado la iniciativa política y de haber ideado e impulsado el proceso participativo (…) La responsabilidad es toda mía. De algunas, como de la jornada de participación, soy responsable único ”.
Además se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía por su “cambio de criterio” ante la querella. Denunciaba así que se trata de un proceso montado desde Madrid, pues los fiscales catalanes se pronunciaron en contra de la demanda pero se terminó cursando por las presiones de la Fiscalía General del Estado.
Josep Rull, coordinador general de CDC, ha dado por sentado que Mas será investido en las siguientes semanas. Ante la posibilidad de que la sentencia lo inhabilite declaraba que “ninguna ley puede inhabilitar a un presidente elegido democráticamente” y en caso de que sucediera “tendremos el derecho y el deber de ignorar cualquier decisión que vaya en este sentido”.
Sin duda este juicio busca actuar de condicionante externo sobre el proceso catalán. Por un lado se le da a Mas una de arena. A corto plazo favorece que la victoria de JxSÍ sea gestionada por la figura que lleva capitaneando el proceso desde 2012, evitando que se desborde y se transforme en una crisis abierta con eje en la movilización social. Este es contradictoriamente el principal imputado. La victimización de Mas le hace ganar puntos para evitar que el siguiente president sea un personaje distinto y menos ligado a las grandes familias de la burguesía catalana y su particular “seny”.
Por el otro se le da la de cal. La posible sentencia podría llegar a inhabilitarlo, a ser la puerta de entrada de una intervención del Estado en Catalunya, junto con la reforma del TC y la Ley de Seguridad Nacional. Será una amenaza constante para que Mas mantenga su hoja de ruta en el estricto respeto a la legalidad constitucional como hizo el 9N y ya anunció en campaña que harían en sus 18 meses de negociación con el Estado.
Para que esto quede claro el Estado español sigue echando leña al fuego de las amenazas. A las quejas del TSJC sobre las protestas el día de la comparecencia de Ortega y Rigau, se ha sumado hoy el presidente del gobierno tachándolas de algo “impropio en un país democrático” y la misma Fiscalía que ha amenazado incluso con usar los medios legales que considere para preservar la “independencia judicial”.
Está por verse cómo acabará este juicio político. Lo que es seguro que su resultado no será obra de la “independencia judicial”. Todo ataque de parte del Estado central contra el proceso, tome la forma que tome, merece el rechazo de todos los defensores del derecho a decidir, tanto en Catalunya como en el resto del Estado.
Pero este rechazo no se puede confundir con el respaldo político a Mas ni su partido. Tanto porque son más bien un obstáculo para poder conseguir reventar los candados del 78 en materia de derechos democráticos nacionales, como por la necesidad de la plena independencia política de los representantes políticos de la burguesía catalana si queremos que esta lucha democrática sea punta de lanza de una verdadera transformación social. | 
