Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Reforma al Poder Judicial, una de las más importantes y parte del paquete con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador cierra su sexenio.

Tras esta noticia, surgen preguntas esenciales sobre el verdadero rol de los jueces y magistrados en la sociedad mexicana. ¿Basta con reformar algún elemento antidemocrático del Poder Judicial para que la justicia sea accesible a las grandes mayorías populares, o estamos ante una reorganización superficial que deja intactas las estructuras de poder? Estas mismas inquietudes fueron abordadas por León Trotsky hace casi un siglo, cuando planteó la necesidad de una justicia organizada sobre otras bases sociales, que pudiera ser controlada por la clase mayoritaria y no por las élites políticas y económicas.

Trotsky y el sistema Judicial burgués: una crítica clásica

León Trotsky, una de las figuras más destacadas del marxismo revolucionario, ocupó parte de su reflexión teórica y práctica en entender la organización social de la llamada democracia, es por ello que en varias ocasiones criticó duramente el sistema judicial burgués. Un ejemplo es "Un programa de acción para Francia" (1934). En este escrito, Trotsky explicaba su naturaleza y sostenía que los jueces y magistrados no son árbitros imparciales, sino instrumentos usados para mantener el statu quo y reprimir los movimientos de lucha que cuestionara el orden social existente. Para contrarrestar este poder, proponía medidas radicales: la elección directa de jueces por el pueblo, su revocabilidad en cualquier momento, y la creación de tribunales populares controlados por sindicatos y organizaciones obreras. Más adelante ahondaremos al respecto.

Estas propuestas, concebidas en un contexto de crisis económica y auge del fascismo en Europa, cuestionan la posibilidad de que el sistema judicial existente pueda ofrecer justicia a las mayorías trabajadoras sin una transformación radical de sus fundamentos. En este sentido, cabe preguntarse si la reforma judicial planteada en México puede avanzar en una dirección similar o si, por el contrario, se quedará en una mera reorganización administrativa.

El contexto mexicano: la reforma judicial de López Obrador

En México, la reforma judicial promovida por el presidente López Obrador propone cambios significativos: desde la reestructuración de órganos internos del Poder Judicial hasta la lucha contra la corrupción en los tribunales y el fortalecimiento del acceso a la justicia. Aunque algunos sectores consideran esta reforma un paso hacia la democratización de la justicia, otros critican su alcance limitado y advierten sobre la posibilidad de que se utilice para consolidar el control político del Morena como partido gobernante sobre el judicial.

El presidente ha señalado en múltiples ocasiones que su propuesta busca erradicar los "vicios del pasado", como la corrupción y el tráfico de influencias, y hacer del sistema judicial un mecanismo más accesible y justo para todos. Sin embargo esta reforma no cuestiona hasta el final el origen y el papel que juega el Poder Judicial como ente que acepta o rechaza cualquier tipo de legislación, dependiendo los intereses económicos que represente. Es decir, no aborda las raíces estructurales del problema: la subordinación del sistema judicial a los intereses de las élites económicas y políticas.

Golpes del Poder Judicial a la clase obrera: casos recientes en México

En los últimos 20 años, hemos visto cómo el Poder Judicial en México ha tomado decisiones que atacan directamente a los trabajadores. Desde fallos que permitieron la expansión del outsourcing y precarización del empleo, hasta sentencias que han frenado el reconocimiento de sindicatos independientes.

La reforma laboral de 2012, por ejemplo, promovida durante el gobierno de Felipe Calderón, flexibilizó las condiciones laborales y facilitó el despido de miles de trabajadores. Aunque aprobada por el Legislativo, la implementación de la reforma y el manejo de conflictos derivados de ella pasaron por instancias judiciales que, en muchos casos, favorecieron a los empleadores. Un caso emblemático fue el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. De igual modo, el caso de Mexicana de Aviación en 2010 mostró cómo las decisiones judiciales favorecieron la liquidación de la empresa en lugar de proteger los derechos de los trabajadores.

Además, en años recientes, las decisiones judiciales han frenado la democratización sindical al favorecer a sindicatos corporativos o alineados con las empresas, como en el caso de General Motors en Silao, donde la impugnación a la elección de un sindicato independiente fue utilizada para dilatar su reconocimiento. Estas acciones se alinean con lo que Trotsky denunciaba como una "justicia de clase", que sirve a los intereses de los poderosos y no de los trabajadores.

¿Qué propuestas para una Justicia realmente democrática?

Para que la reforma judicial realmente responda a los intereses de la mayoría trabajadora, es fundamental entender cómo opera actualmente el poder judicial en México y por qué su supuesta "independencia" es una farsa que, en realidad, beneficia a las élites económicas y políticas. La independencia del poder judicial ha sido, en muchos casos, una herramienta retórica que oculta su rol en la preservación del statu quo. La capacidad de jueces y magistrados para vetar leyes o intervenir en la interpretación de derechos laborales, sin ser elegidos ni revocados por la población, refleja una estructura antidemocrática que debe ser confrontada.

Este grupo de jueces y magistrados, que no responde directamente a los intereses populares, tiene la facultad de excluir cualquier medida que pueda mejorar las condiciones de vida de las mayorías. Por ejemplo, decisiones judiciales han obstaculizado reformas progresistas en derechos laborales, sindicales y sociales, al proteger los intereses empresariales y políticos que controlan gran parte del sistema judicial. En este sentido, la "independencia judicial" no es más que una forma de garantizar que las transformaciones profundas en favor de los trabajadores no puedan prosperar.

Para avanzar hacia una verdadera democratización del sistema judicial, es necesario cuestionar esta estructura de poder y demandar cambios radicales: jueces electos por el pueblo, con mandatos revocables en cualquier momento, y un control popular sobre los procesos judiciales que afectan directamente la vida de las grandes mayorías. La construcción de un nuevo poder judicial con una base social radicalmente diferente —que surja de los trabajadores, los jóvenes, las mujeres y las comunidades— es esencial para garantizar que la justicia sirva a los intereses del pueblo y no de unos pocos. Esto implica, además, la creación de tribunales populares y mecanismos de participación directa que aseguren que ninguna decisión relevante se tome sin la participación activa de quienes son afectados por ella.

Debemos imaginar un sistema donde la justicia esté en manos del pueblo, donde ninguna ley pueda ser vetada sin una discusión pública amplia, y donde los jueces no sean guardianes de los privilegios de las élites, sino representantes verdaderos de los intereses colectivos. Solo a través de esta democratización radical del poder judicial podemos construir una justicia que realmente sea para todos

“Abolición de los tribunales de clase, elección de todos los jueces, extensión del juicio por jurado a todos los crímenes y delitos menores: el pueblo se hará justicia a sí mismo.” (León Trotsky, “Un programa de acción para Francia”, 1934).

Las ideas de Trotsky, aunque formuladas en otro tiempo y lugar, invitan a repensar el papel del poder judicial en una sociedad que busca justicia para las mayorías. El debate sobre la reforma judicial no debe quedarse en las manos de las élites políticas. Las y los trabajadores, las mujeres y la juventud tienen la oportunidad de exigir una justicia que verdaderamente les represente. Retomar las propuestas de democratización radical de Trotsky puede servir como punto de partida para imaginar una justicia diferente, una justicia del pueblo y para el pueblo.