La semana pasada el poder judicial, a través de una resolución de la Suprema Corte de Justicia, confirmó la condena por desaparición forzada de los genocidas Jorge Silveira y Ernesto Ramas, perpetrada contra el militante del Partido Comunista Oscar Tassino. La condena es de 25 años de penitenciaría e incluye además del delito mencionado, otros delitos como privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves. En esta misma causa, también había sido condenado el represor Eduardo Ferro, por el mismo delito.
Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia es histórica porque es la primera vez que admite el delito de desaparición forzada, que en otras oportunidades la misma institución había rechazado aplicar. La sentencia de la corte afirma que “La desaparición forzada se ha configurado, aun cuando no se hallen los restos de Tassino, y además la permanencia del delito es indiscutible, justamente porque, al no aparecer estos, el delito se perpetúa hasta el presente”.
Anteriormente la Suprema Corte de Justicia rechazó la tipificación de desaparición forzada, como por ejemplo, en la causa contra el dictador Gregorio Álvarez en 2009, revocando la sentencia original de 2007 que tenía el delito de desaparición forzada, pero cambiada por la Suprema Corte de Justicia al delito de homicidio especialmente agravado.
El mérito es de la lucha
Luego de décadas de impunidad a favor de los represores, gracias a los servicios prestados por el poder político y judicial, se logró dejar firme una condena de este tipo. Como quedó demostrado durante décadas, las altas esferas judiciales han hecho todo lo posible para retrasar el juzgamiento de los represores o rebajar la gravedad de los delitos que cometieron. Más allá del accionar aislado y valiente de algunos jueces y fiscales, que han impulsado varias causas, siempre estuvo disponible para los represores la ayuda de la rancia Suprema Corte de Justicia.
Vale recordar, que es esta misma institución que en el año 2013 desplazó a la jueza Mariana Mota, que estaba impulsando varias causas de delitos de lesa humanidad de los genocidas de la dictadura. Con el plus además, de lanzar una cacería de brujas y persecución por más de una década, contra un puñado de militantes que fueron a protestar en contra del desplazamiento de la jueza Mota.
Si a alguien le cabe el mérito de este resultado de confirmación del delito de desaparición forzada, es de la lucha incansable y de décadas del movimiento de derechos humanos, que a pesar de los reveses y de la impunidad garantizada sostenida por el poder político y judicial, jamás se renunció a mantener en pie la memoria y la lucha por la verdad y la justicia. |
