El rol del procesismo y Podemos en la derrota del movimiento democrático catalán

Pero la muerte definitiva del procés viene de algo más lejos. En 2017 ERC y Junts, junto con las entidades independentistas Òmnium y ANC, estuvieron a la cabeza de una gran operación de contención y desvío para evitar cualquier enfrentamiento hasta el final con el Estado. Después del Referéndum del uno de octubre , trataron de evitar la huelga general del 3-O, convirtiéndola en un paro patronal, y bloquearon la posibilidad de que la clase trabajadora entrara en acción con sus propios métodos y que el impulso de aquellas dos jornadas se siguiera desarrollando. Mandaron a la gente a casa a esperar una “proclamación simbólica” de la república que pospusieron al 27-O, para después entregarse o huir.

Sobre esa operación de desmovilización, la represión del 155 -desatada por la derecha del PP con el apoyo del PSOE y la venia de la Monarquía- se impuso sin problema ni apenas resistencia. Nunca un golpe institucional fue tan fácil para el Estado español y su Estado profundo, con unas consecuencias que incluso hoy perduran, con una judicatura desatada y actuando como principal puntal de la reacción españolista, y que ayer mismo se negaba a aplicar la amnistía a Carles Pugidemont por instancias del juez Llarena.

Podemos en el resto del Estado se sumó pasivamente a esta ofensiva, negándose a impulsar la más mínima respuesta o movilización de solidaridad, para terminar Pablo Iglesias en 2019 pidiéndole a los jóvenes que se manifestaban contra la sentencia que lo que había que hacer era acatarla. Unas semanas más tarde llegaría a vicepresidente del Gobierno.

Desde entonces, las direcciones de ERC y Junts han venido trabajando por diferentes vías y con distintos ritmos por conseguir el perdón del Régimen y su reintegración en la gestión de la autonomía, a cambio de encajonar definitivamente cualquier intento de retomar la lucha por la autodeterminación.

ERC ha sido la alumna aventajada de esta política, sobre todo con el govern Aragonés. Gestionando la Generalitat al servicio de las grandes empresas y familias, al estilo convergente de toda la vida, ha terminado apoyando un govern del PSC a cambio de la promesa de un pacto fiscal que solo beneficia a esas mismas empresas y familias.

Junts, quiso hacer lo mismo con Torra con menos éxito. Después, ha mantenido discursos y gestos más disruptivos, pero en los hechos ha sido tan sostén de los gobiernos del PSOE como ERC y cogobierna con el PSC decenas de ayuntamientos y diputaciones.

El enfrentamiento entre ambas fuerzas, y las crisis internas que las dos dirimirán en congresos en otoño, son parte de la disputa sobre qué fuerza será la que aspire a convertirse en la heredera del pujolismo. Sin embargo, este rol de representación directa de los intereses de la alta burguesía catalana parece que está asumiéndolo de forma inédita el PSC.


La “mano extendida” de la CUP: el (enésimo) fracaso de una estrategia de conciliación de clases

Por su parte, la CUP no ha significado ninguna alternativa a esta deriva. Durante los años álgidos del procés aplicó la política de “mano extendida” a los partidos independentistas burgueses. Fue parte de la hoja de ruta mágica, en la que la movilización social era concebida como una mera comparsa dirigida desde arriba y al servicio de las “jugadas maestras”. No solo no advirtió contra el engaño que preparaban, sino que alimentó las ilusiones en él hasta el último momento.

Que los partidos de la burguesía y pequeñoburguesía independentista jugaran ese papel no fue ninguna novedad. Lo contrario sí lo hubiera sido. El rol del catalanismo burgués ha sido históricamente el tira y afloja, la presión-negociación, con el Estado, haciendo uso de las reivindicaciones nacionales como moneda de cambio. Lo hicieron en 1931, con una república catalana que duró 3 días y intercambiaron por un Estatuto limitado, en 1934, con un Estat català que duró 8 horas y se rindió antes de repartir armas a la clase obrera dispuesta a defenderlo, y volvió a serlo -como repetición farsa- en 2017 cuando la república no paso de una proclamación simbólica.

Después de 2017, la CUP abrió un proceso de reflexión interna. En algunos momentos se separó correctamente del procesismo y su curso restaurador del orden, como en 2019 con la emergencia de la generación Urquinaona que los cuestionaba abiertamente. Pero en 2021 volvieron a la “mano extendida” con el apoyo a la investidura de Aragonés. Un curso que ha seguido profundizándose con el llamado Proceso de Garbí, con el que apuestan por una conversión en una fuerza de gestión “progresista” del Estado capitalista, como aplican en Girona sin marcar ninguna diferencia con lo que fueron las experiencias de los ayuntamientos del “cambio” de Comunes, Podemos o Anticapitalistas en 2014.

El procés demostró que las aspiraciones democráticas del pueblo catalán eran completamente irresolubles con las fuerzas de la burguesía independentista al frente. O la clase trabajadora encabezaba esta lucha con sus propios métodos, y, por lo tanto, dándole también su propio carácter de clase, soldando una alianza de lucha con la del resto del Estado, o sería imposible derrotar al Régimen del 78. La república catalana sería obrera y socialista, o simplemente no sería.


La derrota del procés refuerza el régimen y las tendencias más reaccionarias…

Sobre la base de esta derrota se han asentado dos hechos que es necesario y urgente combatir. Por un lado, una enorme desmovilización y avance de ideas españolistas y catalanófobas en las nuevas generaciones. El fracaso y la decepción con el engaño del procesismo ha llevado a mínimos de los últimos años las aspiraciones y movilizaciones por conquistar el derecho de autodeterminación y acabar con el Régimen del 78, y a una preocupante derechización de sectores de la juventud y la clase trabajadora.

Por el otro, la emergencia de una extrema derecha en clave soberanista catalana que ha tomado como chivo expiatorio a la población inmigrante, con Alliança per Catalunya como máxima expresión, pero que permea las propuestas racistas de Junts y otros sectores del independentismo conservador. Frenar a estas fuerzas reaccionarias, emparentadas con sus expresiones españolistas de Vox, pasa tanto por combatirlas a ellas como por pelear contra las políticas de extranjería, securitistas y precarizadoras que aplican los distintos gobiernos conservadores o “progresistas”, que le están comprando la agenda tanto en Moncloa, como en la Generalitat o los ayuntamientos de Barcelona y el área metropolitana.


… y abre espacio para hipótesis que lo superen revolucionariamente

Pero al mismo tiempo también muchos sectores de la juventud, incluidos algunos de los que fueron parte de la defensa de las urnas o las movilizaciones contra la sentencia, han hecho una experiencia con el procesismo y la política de la izquierda independentista, y buscan una alternativa referenciada en ideas como la lucha de clases o el socialismo.

Sin embargo, algunas de estas lecturas, como la que hacen desde el Movimiento Socialista, corren el peligro de relegar la lucha por la autodeterminación a un escenario pospuesto para la posteridad de la conquista de una sociedad socialista. Un error que sustituye el etapismo del ciclo anterior -primero la república y después ya lucharemos por el socialismo- por otro de -primero luchemos por el socialismo y este será el que dé respuesta a la cuestión de la opresión nacional- que lleva en los hecho a no plantearse retomar la lucha por la autodeterminación con un programa de hegemonía obrera.

Desde la CRT sostuvimos una posición independiente, y muchas veces en solitario, en todo el ciclo anterior. Mientras la CUP se subordinaba a la hoja de ruta del procés -y con ella grupos de la extrema izquierda como Anticapitalistas, Lluita Internacionalista o Corriente Roja- desde nuestra organización defendimos, muchas veces en solitario, que había que constituir un polo de independencia de clase que apostara por la intervención de la clase trabajadora en la lucha por la autodeterminación, desarrollando su auto-organización y ligando esta pelea por ese derecho democrático a un programa transicional socialista.

Hoy, en plena bancarrota del procesismo, es urgente retomar una estrategia de independencia de clase para luchar por la autodeterminación. Que la clase trabajadora reactive la lucha contra el Régimen y los derechos democráticos negados. Que huya de cualquier visión soberanista que reduzca la lucha al pueblo catalán y pelee por soldar una alianza con la clase trabajadora y los sectores populares de Catalunya y el resto del Estado. Sin que la clase trabajadora hegemonice esta pelea democrática, y no los representantes de la burguesía independentista, no es posible derrotar el Régimen del 78, que es la forma política histórica actual del Estado capitalista español.

Para ello, esta lucha debe quedar completamente ligada a una perspectiva anticapitalista y anti-imperilista, para nosotros la lucha por una sociedad socialsta. Que pelee por resolver los grandes problemas sociales que afectan a la clase trabajadora y otros sectores populares, a costa de los intereses y derechos de propiedad de los grandes capitalistas. Un programa que se oponga por el vértice a cualquier compromiso con los capitalistas y sus partidos, aunque se quieran envolver en la senyera o vestirse de republicanos. Que combata el rol del imperialismo español en las políticas de expolio, cierre de fronteras, rearme y complicidad con el genocidio en Palestina, y suelde así la unidad con el resto de pueblos oprimidos y los millones de trabajadores migrantes que llegan a Europa.

La derrota del procés querrá ser utilizada para sembrar la desmoralización, fortalecer el status quo y las tendencias más reaccionarias, ya sea en clave españolista o soberanista catalana ¡No lo permitamos! Que la bancarrota de las políticas de conciliación de clases sean la semilla de un nuevo impulso por el derecho a decidir, por tumbar este régimen podrido y abrir camino a que la clase trabajadora pueda conquistar sus propios gobiernos de trabajadores, como parte de la lucha por una federación de republicas socialistas ibéricas.