Este viernes un grupo de madres, padres y familiares de adolescentes presos por las protestas poselectorales en Caracas exigió su liberación inmediata. Sus edades están entre los 15 a los 17 años y se encuentran en un centro de detención de menores, donde se les viola el debido proceso y se les acusa de instigación al odio y terrorismo con posibles condenas de entre 10 y 15 años. Junto a sus madres decimos: "Nuestros muchachos no son terroristas". ¡No les roben el futuro! Exijamos su libertad.
En la Casa de Justicia 431 en El Cementerio –centro de detención de menores–, se encuentran 8 de los detenidos, y este viernes los familiares se concentraron para realizar una rueda de prensa. Hasta hace dos semanas había 21 menores, pero en los últimos días fueron excarcelados 13, los familiares se preguntan por qué no los liberaron a todos, en vista de que los acusan de los mismos cargos: terrorismo e incitación al odio. Todas las familias son de los sectores populares, y los jóvenes fueron detenidos en sus comunidades.
A los familiares no les dan respuesta en la Fiscalía, en los Tribunales, los defensores públicos asignados tampoco –no se les permite asignar abogados de confianza–, están cansados de esta situación tras más de 45 días sin saber nada donde lo único que les dicen es que hay que esperar, por eso convocaron a los medios de comunicación para exponer sus casos.
Muchos adolescentes ni siquiera participaron en las protestas, están presos para agrandar los numeros d supuestos "terroristas". Es el caso de 8 muchachos recluidos en "Ciudad Caracas". A sus familiares no les informan nada sobre el proceso legal. #LibertadParaLxsPresxsXProtestarpic.twitter.com/Pz7Lt79Psa
Todas las denuncias son similares, como las que hace Dionexis García, hermana de Dioner Gerardo Gómez Moreno de 17 años, detenido arbitrariamente dentro de su casa y lo acusan de terrorismo incitación al odio y hurto calificado. “Mi hermano no estaba guarimbeando, mi hermano no salió a la calle. No existe vídeo, no hay pruebas, pero lo están acusando. Tiene casi 45 días detenido. No tenemos respuestas de la Fiscalía no tenemos respuesta desde tribunales. No es terrorista, ninguno de los chamos que están acá son terroristas, no son delincuentes, no han tocado nunca un arma de fuego y queremos justicia”, declara con indignación. La hermana de Dioner Gerardo enfatiza que “no existen pruebas, no tienen la debida defensa. Solo pueden tener defensores públicos, no pueden tener defensores privados y ellos también están atados de manos. No pueden hablar con ellos, no pueden venir a visitarlos”.
Dionexis García, hermana de Diomer Gerardo
Es el mismo caso del hijo de 16 años de Yadira Belloso, Frenyerbi Lara, a quien detuvieron el 11 de agosto cerca de su casa en un sector popular de Caracas. “Recién llegábamos de La Guaira y caminábamos a nuestra casa, mi hijo quiso quedarse conversando con amigos, y en ese momento llegaron integrantes de la Policía Nacional Bolivariana haciendo una redada buscando a una persona de nombre Alexander Rodríguez”, declara su madre. El adolescente no cargaba su cédula, le insistieron en que él era Alexander, aunque aseguró que ese era su segundo nombre, pero no era su apellido. Al poco tiempo su madre llegó con su documento de identidad, pero ya se lo habían llevado. Lo recluyeron en la Zona 7 junto a presos comunes donde permaneció durante 17 días, luego fue llevado a otro centro de la PNB en Coche y en la última semana a la Casa de Justicia 431 en El Cementerio.
Yadira Beñosis, madre de Frenyerbi Lara, uno de los adolescentes presos en "Ciudad Caracas", denuncia cómo los funcionarios policiales falsificaron el nombre de la persona que estaban buscando, para apresar a su hijo. Lo acusan de "terrorismo".#LibertadParaLxsPresxsXProtestarpic.twitter.com/RoYX2xyWCN
Ángel Moisés Ramírez Ruiz es otro joven de 16 años, fue detenido el 31 de julio en su casa, en la parroquia El Valle, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, mientras cuidaba a su hermano de un año y medio de edad. Ángel, estaba por iniciar su sexto año de contabilidad en la escuela técnica Juan España, también es acusado de incitación al odio, terrorismo y hurto calificado, este último delito por el supuesto robo de una moto de un concesionario Bera que fue saqueado en Jardines de El Valle tras las elecciones. Su madre Neryda Ruiz exigen revisión de su caso y se le otorgue su inmediata libertad, puesto que su hijo no tiene nada que ver con esos hechos, siendo ella misma la que avisó al Consejo Comunal y a la policía que cerca de su casa habían dejado abandonada una moto de esa marca, y cuando vino la policía, allanaron casas y se llevaron a su hijo, sin haber ninguna prueba que lo incrimine. “Dicen que ya no hay adolescentes presos, todavía quedan muchos”, declara Néryda Ruiz.
Néryda Ruiz, madre de Ángel Moisés Ramírez Ruiz
A Miguel Urbina, de 16 años, lo detuvieron dos policías el 2 de agosto mientras estaba cerca de su casa. Su madre, Theany Urbina denunció que tras su arresto fue víctima de malos tratos, y declara que a su hijo “lo querían poner a grabar unos vídeos, el cual mi hijo se negó a grabar”. Hace la exigencia pública: “Pedimos, lo pido yo y lo piden todas las madres, la liberación de nuestros hijos porque no son ningunos terroristas. Así como liberaron 15, pedimos la liberación de los ocho que quedan”.
Theany Urbina, madre de Miguel Urbina
El caso de Bleider Lever Herrera, de 17 años, que fue detenido, comenta su madre Adelaida Herrera, el 31 de julio en Coche luego de visita a su novia. El joven presenta problemas por una desviación en la espalda, que le impide algunos movimientos como agacharse. Adelaida denuncia que a su hijo lo señalan de los presuntos delitos de incitación al odio, terrorismo y porte ilícito de arma, así mismo, le relató su hijo que el Guardia Nacional que lo detuvo le propinó patadas en el pecho. Tampoco les dan respuesta. “La defensora ausente. Una vez sola vez mi otro hijo hablo con ella, pero nos dice que tenemos que esperar. ¿Pero qué tenemos que esperar que nos condenen a los muchachos?”, declara indignada.
Adelaida Herrera, madre de Bleider Level
Cualquiera sabe todo lo que han tenido que vivir y sufrir los niños y jóvenes de las familias pobres del país en la última década. Muchos de los jóvenes detenidos siquiera estaban en las protestas, pero, aun así, que un joven del barrio haya salido a la calle a manifestar su descontento no debe ser motivo de criminalización. Los menores detenidos en el centro de reclusión Ciudad Caracas corren el riesgo de condenas de 10 años a 15 años de cárcel, solo por vivir en una zona popular. Junto a sus madres decimos: "Nuestros muchachos no son terroristas". ¡No les roben el futuro! Exijamos su libertad inmediata.
En el centro de reclusión de menores Ciudad Caracas hay 8 estudiantes y trabajadores x cuenta propia en riesgo de condenas a 10 años de cárcel, solo x vivir en una zona popular. Junto a sus madres decimos: "Nuestros muchachos no son terroristas".#LibertadParaLxsPresxsXProtestarpic.twitter.com/tsru4GxSGd
En las últimas declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, quien señaló que la causa judicial que le fuera abierta a Edmundo González Urrutia, podría darse por “cerrada”. Surge la pregunta lógica: si el Estado acuerda dar por finalizada esa causa judicial, ¿por qué entonces habrían de mantenerse las causas contra las personas del pueblo común encarceladas en el marco de las mismas circunstancias (las protestas post electorales)? Por eso, desde la campaña “¡Basta de represión! ¡Libertad a los presos por protestar!”, llevada adelante por diversas organizaciones de izquierda y de defensa de los derechos de las y los trabajadores criminalizados, están exigiendo el sobreseimiento de la causa, un pronunciamiento jurisdiccional que debe poner fin a todas estas injusticias.
Pedimos, lo pido yo y lo piden todas las madres, la liberación de nuestros hijos porque no son ningunos terroristas
Para el próximo miércoles 18 de septiembre se está llamando a una concentración que tiene como objetivo, además de denunciar las injusticias de los detenidos por protestar y por su libertad inmediata, llevar a cabo una recolección pública de enseres para ser entregados, en la medida que las autoridades lo permitan, a varias de las personas privadas de libertad por protestar. Esto será en la plaza Brión de Chacaíto.
