Sin controles, Arrieta confirmó que pudieron ingresar con todas sus pertenencias incluyendo celulares y ponerlos a disposicion de los represores. El faltazo de casi todos los diputados de LLA a la reunión refuerza la necesidad de una comisión investigadora sobre la visita a los genocidas en el penal de Ezeiza por el grupo de diputados oficialistas, y la complicidad de funcionarios y el servicio penitenciario.
Este martes, en Diputados, se reunían las comisiones Peticiones, Poderes y Reglamento y la de Asuntos Constitucionales. El objetivo era que hagan un supuesto descargo los diputados libertarios que fueron a fotografiarse con Alfredo Astiz y otros represores de la última dictadura militar.
En la reunión de comisiones, de los seis legisladores citados, cinco pegaron el faltazo. La única diputada que asistió, Lourdes Arrieta, prendió el ventilador para dar a conocer los favores del SPF en aquella visita y los gestos de los diputados con los genocidas.
En su descargo,Arrieta confirmó lo que se viene denunciando desde amplios sectores, y particularmente desde los diputados Christian Castillo y Myriam Bregman (mc) del Frente de Izquierda Unidad. Que el Servicio Penitenciario permitió el ingreso de los diputados sin requisar sus pertenencias, permitiendo los teléfonos celulares y cualquier otro elemento que quisieran o hubieran querido llevar.
La diputada de La Libertad Avanza dijo en su descargo: “De dentro de las desprolijidades que llamaron mi atención, no solo incluyo la falta de control en el ingreso a la unidad penitenciaria, sino la liviandad con la que el personal del Servicio Penitenciario manejaba el tema de las tomas fotográficas. No solo que no nos registraron para el ingreso, sino que, dentro de la unidad carcelaria se tomaron imágenes fotográficas con los propios teléfonos de algunos de mis compañeros.
De hecho, en el momento en que todos se encontraban hablando, nos pidieron que nos pongamos para realizar una foto institucional de la visita. Extremo que me llamó la atención, debido a que justamente nos habían indicado que por respeto a los internos no deberíamos incurrir en dicha práctica. Como yo seguía creyendo que se trataba de una cuestión institucional, según se me refirió, y al estar rodeados de autoridades penitenciarias y funcionarios públicos de altos rangos que convalidaban lo sucedido, no dudé de ser fotografiada.”
Refiere a la foto del escándalo, donde se ve a los diputados junto a genocidas como Astíz, dentro del penal.
El diputado nacional Christian Castillo (FITU) en su intervención se refirió a esta cuestión, afirmando que “Francos en su respuesta dijo que en todo penal hay requisitorias, que se deben pasar por un scanner. Nada de eso ocurrió, como bien se vio en el video que trascendió donde se los ve a los diputados ingresar con sus celulares, sin entregar siquiera los DNI.”
En su descargo, Arrieta agrega un dato que implica a otra de las diputadas que participaron de la visita: “Recuerdo que una de las diputadas facilitó su teléfono personal en ese momento, para que un interno mantenga una comunicación con su familia; a lo cual, el mismo se negó.”
Arrieta en su descargo insiste en despegarse todo el tiempo de su responsabilidad en las implicancias de esta visita escandalosa. Desde que trascendió el hecho, argumentó su absoluto desconocimiento y, por lo tanto, intenta evitar cualquier responsabilidad política en promover la impunidad a los genocidas, una bandera que despliegan abiertamente los organizadores de esa visita, como el diputado Beltrán y el cura Ravasi.
Sin embargo, estas ausencias y el descargo de Arrieta nada satisfacen la necesidad de conocer el fondo de la cuestión: quiénes y con que apoyo institucional promueven políticas para lograr la impunidad de los genocidas cumpliendo prisión efectiva por los delitos de lesa humanidad cometidos bajo la última dictadura.
Por este motivo, Christian Castillo hizo hincapié en la importancia de investigar la visita a los genocidas por parte de los diputados de La Libertad Avanza; “hay diputadas y diputados que han argumentado hoy que no hay que investigar la visita a los genocidas, cuando hay todo tipo de irregularidades en el accionar del Poder Ejecutivo, en el accionar de los diputados y las diputadas”.