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La Izquierda Diario
21 de septiembre de 2024 Twitter Faceboock

Tercerizando el ajuste
Dienst, la denunciada empresa que rechaza licencias médicas de forma virtual llegó a Río Negro
Agustín Barragán

Limitando el derecho de los estatales a una licencia por enfermedad, el gobierno de Río Negro contrató sin licitación ni información pública a la empresa Dienst Consulting. Además del rechazo de licencias sin visita médica, Dienst tiene un amplio historial de denuncias e investigaciones por incumplimiento de contratos, administración fraudulenta y asociación ilícita.

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Nada se conoce sobre las condiciones de contratación de Dienst Consulting S.A. con la provincia de Río Negro para el control de las licencias médicas solicitadas por los estatales. La empresa bahiense recibió el mes pasado una extensión por doce meses (Resolución-2024-2474) con la provincia de Buenos Aires por $3.000 millones para un servicio similar.

La empresa que el gobierno de Rio Negro contrató en forma directa carga con una gran cantidad de denuncias por distintas causas: desde administración fraudulenta hasta investigaciones por asociación ilícita agravando aún más la falta de transparencia en la contratación.

El nuevo control se implementó a partir del 1ro de septiembre y es imposible sostener que esté funcionando como lo hace actualmente. Centenares de denuncias llegaron a las seccionales de los sindicatos y las unidades de gestión por licencias rechazadas sin ninguna justificación o criterio médico. En muchos casos la empresa rechaza la cantidad de días indicando que deben ser menos. Por ejemplo a una maestra con faringitis le indicó que debe volver al trabajo con un sólo día de licencia en lugar de 3, sin ninguna visita médica o estudio adicional para fundamentar semejante dictamen. Estas definiciones implican un riesgo para la salud de las y los trabajadores y para terceros por el riesgo de contagio.

Administración fraudulenta y Asociación ilícita en la pcia. de Buenos Aires

En el 2017, el abogado y empresario Adrián Bastianes presentó una denuncia contra el presidente Mauricio Macri, el ministro de Justicia de entonces, German Garavano y Natalia Gambaro, que estaba a cargo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC, ex RENAR), en la causa con el número 5065/17 por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita por contratación directa sin ningún tipo de licitación o concurso público mediante hacia la empresa Dients Consulting S.A. Por esos años, la empresa estaba a cargo del millonario negocio para el control de aptitud psico-física de cualquier usuario de armas en todo el país, y también de controlar y aprobar o rechazar las licencias médicas a docentes y auxiliares en la provincia de Buenos Aires.

En aquel momento, dicha empresa pertenecía legalmente a Guillermo Martín y Gustavo Elías (compraron juntos también el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca). Elías es un empresario denunciado en varias oportunidades por corrupción, sobreprecios y contrataciones sin licitación, como por ejemplo en 2012 el caso de Ivetra S.A. que cosechó fortunas vendiendo seguros para las transportistas del puerto de Buenos Aires.
A partir de una investigación del periodista Hugo Alconada Mon sobre ocho causas judiciales en las que se señala también a Hugo Moyano, se conoce sobre la cercanía entre Gustavo Elías y el actual Secretario General del Sindicato de Choferes Camioneros de la pcia. de Buenos Aires.

Más recientemente, en diciembre de 2020, Dienst fue intimada por el Ministerio de Justicia por no presentar sus balances contables de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y el hallazgo de facturas falsas. Sin embargo, es evidente que el sostén político de la empresa le permite seguir operando impunemente.

Pasan los gobiernos pero los negocios se sostienen

En 2009 (parte de la “década ganada” durante el primer gobierno de CFK) ya se sentaba el antecedente de contratación directa con la empresa Dienst. El entonces Director de Cultura y Educación de la provincia le adjudicó por sumas millonarias el control de las licencias médicas de los estatales..

En denuncias recopiladas en La Izquierda Diario se explica como Dienst denegó estudios y licencias médicas presentadas por trabajadores y trabajadoras de la educación en provincia de Buenos Aires, obligando a reintegrarse a trabajar a personas con enfermedades crónicas a causa de años de trabajo en condiciones de precariedad.

En Río Negro, poniendo el eje en el “ausentismo” docente, el gobernador se desentiende de su responsabilidad sobre la precarización que recae sobre las espaldas de docentes y estatales. En la mayoría de los casos es la precarización la principal causa de las enfermedades.

Pero ¿Qué importancia le está dando este gobierno a la Educación si los y las docentes tienen que trabajar dos cargos y en algunos casos también hacer otras changas para poder llegar a fin de mes? ¿Con qué tiempo van a formarse los docentes para dar mejores clases? ¿Es la prioridad del gobierno que no se suspendan clases cuando en muchísimos casos esto se da por falta de calefacción, invasión de ratas, escuelas en mal estado y un larguísimo etcétera?

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Las escuelas son la caja de resonancia de la crisis social y económica que atraviesa el pueblo trabajador. Si hablamos de calidad educativa ¿no sería una prioridad que haya un servicio de alimentación acorde a las necesidades urgentes que recaen sobre las familias trabajadoras para que los y las chicas no estudien con hambre?

La destrucción del sistema de Salud pública es también un eje central de esta política. Cada día se encuentra más desabastecido para atender y tratar a los pacientes que lo necesitan. Este desfinanciamiento sólo representa una transferencia de ingresos para aquellos que hacen negocios con la salud, los consultorios y las clínicas privadas.

La salud no puede ser un negocio y el acceso a una atención integral es un derecho. El control y seguimiento de las licencias no puede quedar en manos de la esfera privada. Es necesario un Sistema de control de licencias desde una perspectiva del cuidado de la salud, público y administrado por las y los trabajadores de la salud, especialistas y junto a la comunidad. Los gobiernos deben disponer los recursos para garantizar su acceso para todo el pueblo trabajador.

 
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