La acusación constitucional contra Jean Pierre Matus, ministro de la Corte Suprema de Chile, se presentó el pasado lunes debido a su participación en el "Caso Audios". Esta acusación se suma a otras dos más contra los ministros Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Una de las crisis más importantes que ha tenido el poder judicial en Chile.

Como sabemos, el caso de Matus se centra en sus contactos vía WhatsApp con Luis Hermosilla, abogado clave en los últimos gobiernos de derecha. Ambos estuvieron involucrados en la defensa de Andrés Chadwick durante el estallido social. Aunque inicialmente Matus negó la existencia de estos chats, luego reconoció su existencia cuando fueron revelados por los medios de comunicación.

Se evidenciaron los contactos que mantuvo con Hermosilla en noviembre de 2019, cuando coordinó la participación del abogado alemán Kai Ambos en la defensa del entonces ministro Chadwick, quien había sido acusado constitucionalmente por su rol en violaciones a los derechos humanos en el 18-O, la que fue aprobada.

Por esa labor, el actual ministro de la Corte Suprema recibió pagos por $14 millones por parte de Hermosilla. Y como se demuestra en los audios, cumplió el papel de asesor, mostrando la complicidad entre el poder judicial y el gobierno, mientras se violaban sistemáticamente los derechos humanos en Chile durante el estallido social.

Recordemos que durante este periodo, el gobierno de Piñera declaró “estar en guerra” contra las movilizaciones encabezadas por millones de jóvenes y trabajadores contra el Chile de los 30 años. Los argumentos del gobierno para sacar militares a las calles fue la “ola de violencia” que vendría primero de infiltrado de Venezuela y hasta los jóvenes K-pop. Todo para justificar la defensa acérrima del sistema, en el marco de la subida de precios en el transporte público.

Después de un mes de movilizaciones, se desarrolló la acusación constitucional contra Chadwick, como responsable político tras los más de 40 asesinados, cientos de heridos, víctimas de trauma ocular y diferentes abusos que fueron cometidos. En su defensa aparece la respuesta ante una supuesta “insurrección delictual”.

El 18 de noviembre, Matus compartió con Hermosilla sus impresiones del informe en derecho que encargó al penalista alemán Kai Ambos. La asesoría del académico tuvo un costo de €25 mil, que habrían sido financiados con dineros de los hermanos Sauer.

Matus: Estimado: ¡Buenos días! Revisé el texto de Kai, es increíblemente favorable para nuestro cliente (y también para el Presidente, indirectamente). Ahora queda coordinar su comparencia por Skype, sería muy bueno. Y su pago final. Por mi parte, adjunto el texto revisado, sobretodo en parte antecedentes y admisibilidad y fondo del primer capítulo de la acusación. Me preocupé de que quedará claramente establecida la gravedad de los hechos que precedieron al EE, indicando el delito que constituyen y sus penas (básicamente, incendios, robos y daños). Intenté que en la descripción quedara claro que tales incendios y ataques incendiarios son responsabilidad de terceros desconocidos. Todos los cambios sugeridos van en esa línea. Al escribirlos así, queda claro que si hay personas determinadas detrás de esta “insurrección delictual”, ellas son los que han atacado a la población civil, amparándose en la impunidad, pero eso no lo puse para no “incendiar la pradera”. Saludos, JPM.

Criminales de cuello y corbata asesorados por la corte suprema

El carácter de clase de la justicia chilena se demuestra con toda claridad en el caso audios, donde un ministro de la corte suprema asesora a un gobierno internacionalmente cuestionado por sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos contra la población. Son defensores del régimen herencia del pinochetismo y representantes del Chile de las 10 familias y capitalistas.

Lejos de ser un caso aislado, como busca pintarlo el oficialismo, la corrupción es inherente al estado capitalista y los poderes del estado, que están hechos para defender sus intereses de clase contra los trabajadores y el pueblo, como lo demuestran durante la rebelión popular en Chile del 2019.

El espectro de las demandas postergadas y pendientes no se ha resuelto. Es urgente fortalecer una alternativa política que se proponga enfrentar a los capitalistas y sus instituciones. Partiendo por terminar con la casta privilegiada en el poder judicial, peleando por la elección popular de los jueces, juicios por jurado, terminando con los sueldos millonarios de esta casta, ligado a la pelea por terminar con el Chile de los capitalistas, en la perspectiva de un verdadero gobierno de las y los trabajadores.