Williams había sido condenado en el año 2001 por el asesinato de Felicia Gayle, quien fue apuñalada en el año 1998 en un suburbio de Saint Louis. Marcellus, a quien se le habían suspendido dos ejecuciones anteriores, mantenía que era inocente del apuñalamiento mortal de Gayle. Un amplio sector de la población se había opuesto a su condena a muerte.
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos se produjo un día después de que la Corte Suprema y el gobernador de Missouri se negaran a conceder una suspensión de la ejecución. El tribunal superior no ofreció ninguna explicación, algo que suele suceder en los casos que se tramitan en el expediente de urgencia. En dos de las apelaciones de Williams no hubo diferencias entre los magistrados. En una tercera, las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson dijeron que habrían aceptado la solicitud de suspender la ejecución.
Una de las abogadas de Williams, Tricia Rojo, antes de la ejecución, le dijo a la CNN: “Esta noche, Missouri ejecutará a un hombre inocente, y lo harán a pesar de que el fiscal no quiere que lo ejecuten, los jurados que lo sentenciaron a muerte no quieren que lo ejecuten y las propias víctimas no quieren que lo ejecuten”.
A su vez, los abogados que representaba a Williams argumentaron que hubo discriminación racial por parte de los miembros del jurado y que las pruebas de ADN del caso se habían manejado mal. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó a Williams un indulto de última hora, después de que el máximo tribunal y el gobernador de Missouri rechazaran sus peticiones de clemencia a principios de esta semana.
La directora de comunicaciones del Departamento Correccional de Missouri, Karen Pojmann, dijo que ningún testigo de la familia de Gayle asistió a la ejecución, informó la cadena CBS. Quienes estuvieron presentes fueron el hijo de Williams y dos de sus abogados.
Durante el juicio, los fiscales declararon que Williams "irrumpió en el domicilio de Gayle en agosto de 1998 y la apuñaló 43 veces con un cuchillo de carnicero de grandes dimensiones antes de robarle el bolso y la computadora de su marido". Gayle era trabajadora social y ex periodista del St Louis Post-Dispatch.
Los abogados de Williams habían manifestado su preocupación por la forma en que se había llevado adelante su caso, alegando que se había excluido erróneamente de su juicio a miembros del jurado afro descendientes. También dijeron que no había pruebas forenses que relacionaran a Williams con la escena del crimen y que el arma homicida se había manipulado mal, lo que planteaba dudas sobre las pruebas de ADN.
Williams había solicitado clemencia al gobernador republicano de Missouri, Mike Parson, que le fue denegada. Muchas personas, entre ellas el multimillonario británico Richard Branson, hicieron campaña contra la ejecución, la tercera que se realiza en Missouri durante este año. El Sr. Branson declaró a la BBC a primera hora del martes que había pasado parte del día centrado en el caso Williams, "Es una persona inocente. Incluso el consejo fiscal le ha dicho al gobernador que no, que este hombre es inocente".
La familia de la víctima se había opuesto a la pena de muerte, mientras que los fiscales locales habían presionado para que se anulara la condena. Su ejecución se había suspendido dos veces -una en 2017 y otra en 2015- debido al descubrimiento de ADN masculino en el arma homicida que no coincidía con Williams.
El entonces gobernador del estado, el republicano Eric Greitens, formó un panel para examinar el caso después de conceder la segunda suspensión, pero luego dejó el cargo en medio de un escándalo y el panel nunca formó una conclusión. También preocupado por el ADN, el fiscal local, Wesley Bell, solicitó una audiencia.
En ese momento se descubrió que las pruebas de ADN se habían estropeado porque alguien de la fiscalía había tocado el cuchillo sin guantes, y se canceló la vista. “Este resultado no sirvió a los intereses de la justicia”, declaró Bell en un comunicado el martes, y agregó: “Si existe siquiera la sombra de una duda de inocencia, la pena de muerte nunca debería ser una opción”.
Midwest Innocence Project, un grupo jurídico cuyos abogados representaron a Williams, trabajó para llegar a un acuerdo con la fiscalía para que Williams se declarara inocente de asesinato en primer grado a cambio de cadena perpetua. Pero el Tribunal Supremo de Missouri bloqueó el acuerdo y dictaminó que la condena a muerte se mantendría. “La historia del Sr. Williams se hace eco de la de demasiadas otras personas atrapadas en el quebrantado sistema jurídico penal de nuestro país”, declaró Innocence Project en un comunicado, “Un hombre negro condenado por matar a una mujer blanca, el Sr. Williams mantuvo su inocencia hasta el final”.
En Estados Unidos, activistas y defensores de los derechos civiles han denunciado que las cárceles se encuentran pobladas en su mayoría por afroamericanos, cifra que también se repite en “el corredor de la muerte”, como consecuencia, la pena de muerte se aplica de manera desproporcionada sobre hombres negros.
En juicios contra gobiernos estatales y federales, los abogados defensores y los presos también han denunciado las ejecuciones fallidas, donde las drogas utilizadas no eran efectivas o causaban graves dolores antes de la muerte. En uno de los casos, un prisionero en Oklahoma recobró el conocimiento durante una ejecución estatal en la que se usó un sedante alternativo.
En Estados Unidos la pena de muerte está condenada por la opinión pública y fue perdiendo apoyo en las últimas décadas; además de la falta de pruebas en muchos casos, también se ha demostrado que esta medida no es disuasiva hacia las personas que cometen crímenes fatales. Un gran número de abogados defensores han dicho que es un “verdadero fracaso” al momento de demostrar que sus clientes habían sido condenados injustamente.
La decisión de ejecutar a Williams, así como de mantener la reinstauración de la pena de muerte a nivel federal, va a contramano de una reducción progresiva de las ejecuciones. En 2015, el juez Stephen G. Breyer instó a la Corte Suprema a revisar la constitucionalidad de la pena de muerte. Según Breyer, había evidencia de que se había ejecutado a personas inocentes, y que las sentencias a muerte se habían impuesto de manera arbitraria. Afirmó que el sistema de justicia capital estaba contaminado con la discriminación racial.
Entre los años 1973 y 2020, un total de 166 presos condenados a pena de muerte en todo el país, han sido liberados del castigo después de que se hallaron errores en los juicios.
Mientras tanto, en todo el estado y en el país, activistas en contra de la pena de muerte se movilizaron y reunieron mas de un millón de peticiones en contra de la ejecución a Williams, que fueron dejadas en la oficina del gobernador.
En los últimos meses, Marcellus se había manifestado en defensa del pueblo palestino y en contra del genocidio llevado adelante en Gaza; escribió un poema dedicado a todas las víctimas.
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