El jueves pasado, mientras afuera de la Legislatura la policía pegaba y tiraba gas lacrimógeno a los docentes, los 35 legisladores de JSRN, del PRO, la UCR, Primero Rio Negro, ARI y libertarios votaron a favor del proyecto de “Esencialidad de la Educación” y 11 votaron en contra. Por amplia mayoría se aprobó la ley en primera vuelta, la cual se volverá a votar en una nueva sesión dentro de dos semanas. Según su vocero y artífice, el legislador del PRO Juan Martín, es clave para el futuro educativo y será la primera aprobada en el país. Recordemos que una ley casi idéntica ya tiene media sanción en diputados en el Congreso Nacional.
Según el último informe del INDEC, el 57% de la población de la provincia de Rio Negro no alcanza a cubrir las necesidades básicas, transformandose en la más pobre de la patagonia. Sin embargo, Juntos Somos Rio Negro concentra toda su política en ajustar y recaudar para afrontar los pagos del plan Castello: en lo que va del 2024 ya enviaron más de $83 mil millones.
Weretilneck fue el primer gobernador que adhirió al RIGI y ahora agrega la trampa que implica para la comunidad educativa declarar la educación un servicio esencial. A esto se suman las restricciones a las licencias médicas de los trabajadores estatales que son controladas por la empresa Dienst de comprobada administración fraudulenta y asociación ilícita. También pretende copiar el proyecto de Ley de presentismo que se votó en Neuquén e impulsar distintas reformas curriculares por nivel. Todas medidas que van en perjuicio de la educación y salud pública y que apuntan a fortalecer el circuito privado garantizando una mínima conflictividad social.
¿Qué significa la esencialidad de la educación para el gobierno?
La ley garantiza, sanciones mediante, que los docentes estén en las escuelas sin importar las condiciones laborales, de estudio y edilicias. El objetivo apunta a restringir el derecho constitucional a realizar medidas de fuerza bajo el demagógico argumento de que la educación es un derecho humano fundamental. Apelan a la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) que fuera incorporada a la constitución nacional en la reforma del año 1994.
Es paradójico y engañoso que el proyecto tome como sustento la convención cuando al mismo tiempo no menciona una palabra sobre la responsabilidad que le compete al Estado de invertir presupuesto e impulsar políticas que reviertan la degradación creciente y sistemática de la educación pública y los niveles alarmantes de pobreza infantil. Según datos actuales de UNICEF y la UCA entre el 63 % y el 69% de los niños y adolescentes del país son pobres. Por otro lado, miles de familias de la provincia necesitan acudir a comedores comunitarios para poder alimentarse y la respuesta del gobierno es el cierre de estos espacios y la criminalización de los movimientos sociales que garantizan su funcionamiento. No está entre las prioridades del gobierno el “interés superior del niño” que implica la mayor satisfacción de derechos. Por el contrario, el único interés superior es llenarle los bolsillos a los empresarios, pagar la deuda contraída con el Plan Castello y continuar el camino de ajuste y recesión de Milei.
Milei y Weretilneck apelan a la importancia de la educación para las infancias y adolescencias solo cuando es necesario enfrentar a los docentes con las familias y usarlos como chivo expiatorio de la crisis educativa y social. Ellos son los responsables políticos de que la escuela pública no sea un derecho para las familias trabajadoras.
Otro de los ejes de esta trampa es el supuesto interés del gobierno en la continuidad de las trayectorias educativas usando como ejemplo el impacto negativo que tuvo la pandemia poniendo de relieve lo indispensable de la presencialidad física. La presencialidad a toda costa que quieren legisladores, gobiernos y empresarios es la que habilita al Estado a desentenderse de invertir en tareas de cuidado, haciéndolas recaer en las familias y la escuela, Para lograrlo, la ley indica la creación de un “sistema de guardias mínimas obligatorias” que asegure que las escuelas estén abiertas los días de paro de docentes o auxiliares y que “se reputará injustificada la ausencia del personal directivo, docente y no docente afectado a la guardia”. Se restringe el derecho a huelga y se sanciona a quienes no se ajusten a la norma.
¿Quiénes están detrás de la supuesta esencialidad educativa?
Por redes sociales circularon las vociferantes declaraciones de Juan Martín del PRO, quien pertenece al mismo espacio político que lidera Tortoriello -diputado nacional y empresario con el mayor patrimonio económico declarado en 2022-. En sus posteos, se puede leer el especial ensañamiento hacia los docentes de las escuelas públicas que reclaman hace meses una recomposición salarial, poniendo el acento en la vocación que deberían tener, intentando desconocer su carácter de trabajadores para justificar las restricciones al derecho de huelga. Estos argumentos son los mismos que se usaban a principios del siglo XX contra las primeras maestras que lucharon por ser reconocidas como trabajadoras y que el Estado pague un salario acorde con la importante tarea que desempeñaban.
Martín, también demostró interés por cerrar negocios con las empresas mineras -contaminantes y extractivistas-, en el yacimiento Calcatreu a costa de los derechos territoriales de las comunidades mapuches y valiéndose de los beneficios que les aporta el RIGI. Del plan de ajuste, ataques a derechos y saqueo ambiental de JSRN también es parte la derecha rionegrina cuyos aliados son el sector privado empresarial.
La educación pública es un derecho para toda la comunidad
El proyecto no pone como centro del problema educativo la ausencia de presupuesto e inversión en infraestructura escolar para todos los niveles educativos, la extensión de comedores para las escuelas de doble jornada, la inversión en alfabetización digital, en capacitación docente y salarios por encima de la canasta familiar. El acento está puesto en disciplinar restringiendo el derecho a huelga cuestionando el rol educativo, social y político de los trabajadores de la educación. Los sindicatos UNTER, ATE y UPCN rechazan en sus redes sociales las medidas y represión del gobierno, pero siguen sin convocar un plan de lucha que esté a la altura del gravísimo ataque que implica la esencialidad, en unidad con estatales, jubilados estudiantes universitarios, personal de salud. Es indispensable construir lazos entre los distintos sectores mediante asambleas en las escuelas junto a toda la comunidad educativa y construir una perspectiva de lucha para echar abajo el proyecto del PRO y sus aliados políticos. | 
