Este 4 de octubre, tanto en La Plata como en CABA, se desplegaron operativos masivos para desalojar a vendedores ambulantes de las principales arterias comerciales. Mientras Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llevó a cabo un operativo en el barrio de Once con un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad, en La Plata Julio Alak intensificó su política de expulsión de los vendedores ambulantes del centro platense con otro megaoperativo que comenzó en la mañana y se sostuvo hasta altas horas de la tarde.
La Plata: una ciudad con más del 50% de su población en situación de pobreza
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), 51,2% de la población de La Plata vive en la pobreza, lo que equivale a 477.165 personas. De ese 51,2% se desprende que el 18,5%, es decir, 170.615 personas, se encuentran en situación de indigencia. Estos números reflejan la cruda realidad social que atraviesa la ciudad, una de las diez con mayores niveles de indigencia en el país.
En este contexto, Julio Alak ha priorizado la remodelación de plazas clave en el centro de la ciudad, como Plaza Rocha, Plaza San Martín y Plaza Italia, lugares que históricamente eran puntos de trabajo para vendedores ambulantes. Estos espacios, actualmente cerrados y en proceso de remodelación, han desplazado a cientos de trabajadores informales. A pesar de que la mitad de la ciudad enfrenta dificultades económicas extremas, el intendente ha adjudicado millonarios contratos de obra para la renovación de estos espacios, en lugar de centrar sus esfuerzos en mejorar las condiciones de vida de la población empobrecida. INSA S.A. se encargará de las obras en Plaza San Martín por un monto de $4.599.555.912, mientras que Rol Ingeniería S.A. llevará adelante la puesta en valor de Plaza Italia por $1.992.944.866.
La política de expulsión de los trabajadores precarios
Desde el inicio de su gestión, Alak ha implementado una política que busca “limpiar” el centro de La Plata de vendedores precarios.
El cierre de las principales plazas donde más se concentraba la venta ambulante fue solo el primer paso. A lo largo de estos meses, el municipio ofreció relocalizar a los vendedores en zonas periféricas con ciertas condiciones: eximirlos del pago del canon en los primeros meses, ofrecer garantías inmobiliarias para alquileres y otorgar tarjetas alimentarias temporales. Sin embargo, este proceso estuvo acompañado de amenazas y presiones: aquellos que no aceptaban enfrentaban la posibilidad de decomisos de mercadería, grandes operativos policiales y causas penales.
Hoy, un sector de vendedores que se resistió a esta relocalización que vende golosinas como alfajores, pañuelitos, prendas, fue el principal blanco de un megaoperativo desproporcionado en el centro de la ciudad. Los vendedores fueron amedrentados por la Policía Bonaerense, que, junto con inspectores municipales, impidieron que se instalaran sobre calle 7 y calle 8.
Si bien muchos de los vendedores aceptaron la relocalización, lo hicieron bajo presión, ya que temían perder su mercadería o enfrentar represalias legales. De hecho, varios han expresado que, si la situación económica no mejora en los nuevos espacios asignados, están dispuestos a regresar al centro a vender, lo que refleja la precariedad e incertidumbre en la que se encuentran estos trabajadores.
Expulsión y segregación: una política que afecta a los más vulnerables
Tanto Alak (Unión por la Patria) como Macri (PRO) coinciden en la estrategia de expulsar a los vendedores ambulantes del espacio público. En ambos distritos, se ha implementado una política de segregación de los trabajadores informales, quienes son forzados a trasladarse hacia la periferia o relocalizarse con mucha incertidumbre.
La situación se agrava en el contexto de una crisis económica que ha disparado los niveles de pobreza y desempleo. La Plata, una de las ciudades más afectadas del país, cuenta con 262 asentamientos donde residen más de 232.500 personas, según datos del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata. Estas personas enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos como energía eléctrica y agua potable, y viven en calles deterioradas, sin acceso adecuado a redes cloacales y con basurales a cielo abierto.
Mientras tanto, los recursos públicos se destinan a la remodelación de plazas y a operativos de control, en lugar de obras que mejoren las condiciones de vida de las mayorías. Con una tasa de desocupación del 8.2% y un índice de pobreza superior al 50%, los operativos de hoy solo evidencian la desconexión entre las políticas de la gestión local y las necesidades urgentes de la población.
Los hechos de hoy en La Plata y CABA reflejan una misma política: reordenar el espacio público expulsando a los sectores más vulnerables. A medida que los niveles de pobreza continúan en aumento, los vendedores ambulantes seguirán siendo una expresión de la crisis social que atraviesa el país. Sin una solución de fondo, la segregación y el control solo profundizan la precariedad de aquellos que no tienen otras alternativas de subsistencia. |
