Los empleados y empleadas judiciales de Neuquén ingresarán en la octava semana de lucha por la aplicación de de 7 títulos de su Convenio Colectivo de Trabajo, aprobados en paritarias en septiembre de 2023. En un duro ataque al carácter alimentario de los salarios, las autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), realizaron descuentos que en algunos casos superan 50% de los haberes de septiembre.
En ese contexto, y luego de un prolongado silencio, la presidenta del TSJ se dedicó a esparcir fake news en distintas entrevistas radiales.
Una por una, las mentiras de Gennari- En una de las entrevistas, la presidenta del TSJ mencionó 14 veces la palabra diálogo. “Yo estoy dispuesta al diálogo, pero estoy dispuesta al diálogo sin medidas”, afirmó. Eso se llama extorsión. Pero además es falso. En lo que va de 2024, la presidenta del TSJ no recibió una sóla vez a los representantes de Sejun, para tratar la aplicación de los 7 títulos del CCT aprobados en paritarias en 2023. Aún sin medidas de fuerza.
- Según Gennari, los descuentos en los haberes de los judiciales fueron “absolutamente legales”. Se trata de descuentos que en algunos casos superaron el 50% del sueldo. Lo cierto es que, además de ilegítimos, los descuentos fueron ilegales, sin lugar a dudas. Así lo establece el Artículo 17, inciso e) de la Ley 2670, que rige las negociaciones colectivas que se celebren entre el Poder Judicial de la Provincia del Neuquén y los empleados judiciales. Allí excluye los descuentos cuando la no prestación de servicios “obedezca a medidas de fuerza originadas en el incumplimiento de un acta acuerdo suscripto por las partes”. Ese es, exactamente, el caso del conflicto actual, originado en el incumplimiento de lo suscripto por los representantes del propio TSJ en septiembre de 2023.
- Los descuentos son aún más graves teniendo en cuenta que se realizaron no sólo computando medidas de fuerza, sino también asambleas en los lugares de trabajo, en forma arbitraria, e incluso contra empleados y empleadas que se encontraron prestando servicios efectivamente durante las horas descontadas.
- La máxima autoridad del Poder Judicial de Neuquén, afirmó que “el paro es absolutamente ilegal”. La presidenta miente. Las medidas de fuerza no sólo son legítimas, sino también legales. La misma Ley 2670 establece que, en caso de agotar instancias de resolución de los conflictos en el marco de la negociación colectiva, “las asociaciones sindicales quedan en libertad de acción para ejercer los derechos contemplados en la Constitución Nacional”. Léase, el derecho a huelga.
- La vocal manifestó que le preocupa la afectación del servicio “que se brinda a muchísima gente, sobre todo gente vulnerable o hipervulnerable”. Falso. Lo cierto es que el TSJ viene ajustando, precisamente, los servicios para la población más vulnerable. Un ejemplo de ello es la eliminación de la movilidad que antes brindaba el Poder Judicial a personas en situación de vulnerabilidad extrema, como aquellas mujeres que concurren a la Oficina de Violencia, las familias que deben acercarse a las Defensorías de de los derechos del niño/a y adolescente, o a las defensorías civiles. En contraste, la presidenta y todos los vocales cuentan con lujosas 4x4 Ford Ranger 0km y choferes a su entera disposición. Para ellos no hay ajuste. Los trabajadores y trabajadoras son quienes hacen un esfuerzo especial para sostener esos servicios ajustados, con falta de personal, y que incluso en el contexto de las medidas de fuerza se organizan para que éstas no afecten a las personas en situaciones más vulnerables.
- La presidenta del TSJ se quejó de que los títulos aprobados en paritarias, tanto por los representantes del Sejun como por los representantes del propio TSJ, incluyan “el pago de horas extras”. Es cierto que los títulos aprobados contienen el pago de horas extras, tal como ocurre en la inmensa mayoría de los Convenios de los más diversos sindicatos del país y del mundo. Generalmente, cuando un trabajador se queda trabajando después de su jornada laboral, eso se paga. Si Gennari, que cobra más de $13 millones por mes, no quiere abonar horas extras, tiene otra posibilidad, que es incorporar a los más de 100 empleados y empleadas que se requieren para completar la planta del Poder Judicial, y así evitar la necesidad de sobrecargar a los trabajadores y trabajadoras actuales. Para eso debería incorporar ingresantes del orden de mérito vigente surgido del concurso del año 2023.
- Entre todas las mentiras que dijo, Gennari blanqueó su alineamiento político con el ajuste de Rolando FIgueroa y Javier Milei. El Poder Judicial “está acompañando esta reconstrucción económica sin bandera política del país”, sostuvo, y reivindicó los “parámetros de responsabilidad fiscal que hoy estamos compartiendo con el resto de las funciones del Estado”. Con un discurso supuestamente despolitizado, Gennari afirmó que “ todos están haciendo un sacrificio ”. No es cierto. Así como no es cierto que el sacrificio debido al ajuste fiscal nacional lo estén haciendo "todos" (los jubilados pasan hambre, mientras a los más ricos se les rebaja bienes personales), tampoco es cierto que "todos" estén haciendo un sacrificio en la provincia. Las petroleras la están levantando en pala como nunca, mientras la pobreza aumenta. En el Poder Judicial, los vocales del TSJ cobran más de $13 millones por mes y cuentan con múltiples privilegios que no piensan “sacrificar”, mientras atacan y ajustan a los trabajadores y a los sectores más vulnerables, a quienes recortan servicios.
- Por último, la presidenta del TSJ habló en numerosas oportunidades de “actos de violencia” por parte de los trabajadores y trabajadoras, sin presentar una sóla prueba ni aclarar a qué se refería. Es falso que la violencia forme parte de las medidas tomadas por los empleados y empleadas. Pero… ¿No es un acto de violencia sustraer más de la mitad del salario a una madre sostén de hogar por el sólo hecho de participar de asambleas?
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