Este martes 8 de octubre, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presentó su plan de seguridad nacional, apoyada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Bajo el lema de "coordinación y consolidación", el gobierno promete una paz duradera a través de cuatro ejes principales: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación entre las entidades federativas y la federación. Este enfoque no representa una ruptura con la estrategia militarista instaurada en las administraciones anteriores sino que es su continuidad bajo un nuevo liderazgo.
El plan de Sheinbaum incluye la continuación de la política de atención a las causas sociales de la violencia, con un enfoque especial en familias vulnerables y jóvenes, una línea heredada directamente del gobierno anterior. Aunque se reconoce la importancia de atacar las raíces del problema, la realidad muestra que estas políticas no han logrado revertir los altos índices de criminalidad, adicciones y homicidios, como se observa en estados como Guanajuato, el cual la presidenta ha señalado como uno de los más afectados por la violencia y la precariedad económica, sin que el discurso oficial ofrezca soluciones verdaderamente transformadoras.
El primer eje, que promete atención a las causas estructurales de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes, parece insuficiente frente a una realidad más compleja. A pesar del discurso de justicia social, el grueso de la política de seguridad sigue dependiendo de la fuerza militar, particularmente a través de la Guardia Nacional, ahora adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), consolidando así un proceso de militarización que comenzó en gobiernos anteriores. Esta decisión recuerda la fallida Ley de Seguridad Interior impulsada por Enrique Peña Nieto, aunque ahora con el respaldo de un gobierno que se presenta como progresista.
En el segundo eje de su plan, Sheinbaum apuesta por la consolidación de la Guardia Nacional, una corporación creada en 2019 que ya ha sido severamente criticada por su falta de transparencia y su creciente vinculación con el Ejército. Actualmente, con más de 130,000 elementos, la Guardia Nacional ha sido incapaz de reducir los niveles de violencia en las regiones más afectadas, y su incorporación plena a la Secretaría de la Defensa Nacional plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas. Mientras la administración justifica la necesidad de un cuerpo militarizado para enfrentar el poder del crimen organizado, sigue sin abordarse el impacto negativo de la militarización en las comunidades locales, especialmente en las más pobres.
Al integrarse por completo bajo el mando militar, esta fuerza se distancia aún más de los controles civiles y de la transparencia, levantando serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y el control del uso de la fuerza.
La figura de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad, no puede pasar desapercibida. Heredero de una dinastía de represores y envuelto en señalamientos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, Harfuch ha sido un actor clave en la militarización de la seguridad pública desde la administración pasada. Su presencia, junto con la de Ernestina Godoy, quien respaldó la represión al movimiento feminista en Ciudad de México, sugiere que el nuevo gobierno de Sheinbaum mantendrá una línea dura frente a los movimientos sociales y las comunidades más vulnerables, sin abordar de manera efectiva las causas reales de la violencia.
Además de estos antecedentes, la reciente "nueva verdad histórica" del caso Ayotzinapa, que busca exculpar al Ejército de su participación en la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala en 2014, es otro indicador de cómo el Estado sigue protegiendo a las fuerzas armadas de rendir cuentas por su involucramiento en violaciones de derechos humanos. Los sucesos de Ayotzinapa y el papel del Batallón 27 han sido ampliamente documentados, pero la narrativa oficial sigue intentando desvincular a las fuerzas armadas de cualquier responsabilidad directa, lo que genera más desconfianza en las instituciones.
El tercer eje de la estrategia de Sheinbaum, que plantea el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, introduce la creación de una subsecretaría de inteligencia dentro de la Secretaría de Seguridad. Aunque este enfoque sugiere una intención de mejorar la capacidad del Estado para prevenir el crimen organizado, persiste la duda de si esta dependencia de la tecnología y la vigilancia no terminará afectando más a la población civil, especialmente en un contexto donde los cuerpos de seguridad han sido históricamente utilizados para reprimir movimientos sociales.
Finalmente, el cuarto eje enfatiza la coordinación interinstitucional entre el gobierno federal, los estados y la Fiscalía General de la República, un planteamiento que suena lógico en teoría, pero que en la práctica ha demostrado ser insuficiente cuando no hay voluntad política de enfrentar los nexos entre el crimen organizado y sectores de la clase política. La complicidad de algunos gobernadores y autoridades locales con redes del narcotráfico sigue siendo un problema estructural que no se resuelve solo con la militarización del país.
En este contexto, resulta difícil no ver en el plan de seguridad de Sheinbaum una continuidad de las políticas de administraciones pasadas, que lejos de reducir los índices de violencia han perpetuado el ciclo de represión y militarización en el país. El énfasis en el uso de la fuerza y la coordinación con el Ejército sigue siendo la respuesta predominante, dejando de lado las necesidades urgentes de invertir en educación, salud y empleo como estrategias a largo plazo para combatir la violencia.
La apuesta por una "paz duradera" parece un eslogan vacío cuando las mismas estructuras que generan la violencia no son transformadas, y las comunidades más vulnerables —mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, trabajadores— continúan enfrentando un Estado que, en lugar de protegerlas, utiliza la represión como solución. Si bien el gobierno de Sheinbaum se presenta como la opción progresista, sus decisiones en materia de seguridad revelan una clara continuidad con la lógica militarista del pasado. |
