Respecto al primer tema, Rosa Icela expuso que las tres órdenes de aprehensión contra García Luna ─secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, sentenciado hace unos días a 38 años de prisión en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico y colusión con el crimen organizado- en México versan sobre su participación en el operativo rápido y furioso, por el uso indebido de atribuciones y facultades como funcionario público, y con su involucramiento en una red de defraudación y lavado de dinero.

Esto de da, a su vez, en el marco de que hoy se dio la primera audiencia del capo Ismael “El Mayo” Zambada en una corte de Nueva York, frente a Biran Cogan, el mismo juez que sentenció a García Luna y al exsocio de “El Mayo”, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”. Según medios de comunicación internacionales, la Fiscalía estadounidense está analizando solicitar la pena de muerte para Zambada.

La exposición de las órdenes de aprehensión contra García Luna se da luego de que algunos medios de comunicación nacionales comentaron lo contradictorio que era la sentencia en EE. UU. contra un ex alto funcionario mexicano que no tenía acusaciones en su contra en este país.

Más allá de que sí existan esos procesos en México contra quien fuera uno de los impulsores de la llamada “Guerra contra el narco” que implementó el gobierno calderonista desde inicios de 2007 ─pero que fue formalizada en enero de 2008 con la publicación del Plan Sectorial de Seguridad Nacional en el Diario Oficial de la Federación- y que ha dejado una enorme estela de asesinatos y desaparición forzada a través de la militarización del país, otra de las cuestiones sustanciales en este asunto es que tanto el gobierno de AMLO como el de la actual presidenta están continuando con la misma política securitaria de corte militarista a pesar de que el Morena, antes de ser el partido oficialista, decía que la echaría atrás.

Ese tipo de operaciones y la historia misma del surgimiento de la producción y trasiego de drogas tal como la conocemos hoy en México ─sobre todo en la etapa de la década de los 40’s del siglo pasado, durante el momento de alta demanda de opiaceos en el marco de la segunda guerra mundial- muestran que hay una dimensión muy opaca de las autoridades yankees, pero de la que se infiere un importante nivel de colaboración entre ellas y grupos del crimen organizado que jamás van a reconocer abiertamente.

La expansión de la militarización en México sigue con el mismo o con más impulso aún que en el calderonato. Entre otras cosas, es efecto de la subordinación de los gobiernos mexicanos a las políticas del imperialismo yankee.

A pesar de la acusación contra Genaro García en México por “rápido y furioso”, el cual fue un operativo ilegal orquestado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos que consistió en introducir más de 2,000 armas de fuego de alto poder a México entre 2009 y 2011 con chips que supuestamente serían rastreados para facilitar la aprehensión de mandos de las estructuras del crimen organizado, lo cierto es que los gobiernos de la 4T siguen subordinados a esa lógica imperialista que violenta una y otra vez la soberanía nacional.

Sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, Ernestina Gómez refirió que una jueza ─Nancy Juárez, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz- le dio un plazo de 24 horas a la Presidencia de la República para eliminar su publicación del Diario Oficial de la Federación. No obstante, el gobierno mantiene su postura de que la reforma va. Gómez dijo que el Gobierno de México busca que

“quede un antecedente de que hay una juez que, por encima de su función, está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México”.

La orden de la jueza federal señala que las autoridades "fueron omisas en dar el debido cumplimiento a la suspensión provisional dictada el 12 de septiembre" a pesar de que supuestamente fueron debidamente notificadas al día siguiente de ello. Y, continúa en un documento, "de no cumplir con el requerimiento, se dará vista al Ministerio Público. En caso de determinarse que existe responsabilidad en el delito de desacato a una suspensión al término del juicio de amparo, la ley establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo o empleo público".

La reforma en cuestión tiene una oposición muy fuerte de parte de los sectores más conservadores y del empresariado tanto en el país como en EEUU y Canadá, sobre todo en lo que respecta a la elección popular de jueces, ministros y magistrados, la cual es una medida progresiva, sin embargo, deja graves déficits en materia de garantías para salvaguardar los intereses de sectores populares y comunidades indígenas, por mencionar solo dos ejemplos.

Ello debido a que no contempla que esos funcionarios sean revocables de manera expedita cuando atenten contra los intereses mencionados, además tampoco se establece nada en cuanto a la integración de tribunales populares. Aunado a ello, contiene modificaciones al juicio de amparo que dejan indefensas a poblaciones contra megaproyectos.

Tanto el echar para atrás la política de militarización como el lograr configurar un sistema de justicia verdaderamente al servicio de la clase trabajadora, sectores populares y pueblos indígenas, pasa necesariamente por construir una potente organización que aglomere a dichos sectores y construya otra sociedad, con otro Estado muy distinto al que existe actualmente.