Si, empujado al suicidio, porque el Estado además de tener la máxima responsabilidad política de los crímenes cometidos durante las represiones en las movilizaciones de la revuelta social -desde todos los poderes y altos mandos, hasta los autores materiales que ejecutaron las ordenes gubernamentales- los ha vuelto a mutilar una y otra vez.

Sebastián Méndez, como otros sobrevivientes, fue empujado al límite por un Estado que ha perpetuado la impunidad de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, mientras se han aplicado leyes que criminalizan a las mismas víctimas (absolución a Pablo Montiel). La prensa burguesa, con su narrativa estigmatizante, ha contribuido a marcar a estas personas como violentistas, cuando, en realidad, fueron las víctimas de la violencia estructural del Estado. Esta narrativa alimenta su exclusión social y laboral y la estigmatización conllevando aislamiento.

El abandono por parte del sistema es evidente en muchos frentes: falta de justicia, ausencia de atención psicológica y psiquiátrica adecuada, falta de acceso a prótesis y tratamientos médicos, y una carencia de compensaciones económicas que ayuden a las víctimas a reconstruir sus vidas. A proposito Pablo planteaba en esa entrevista:

“Nosotros deberíamos recibir una pensión que nazca de una Ley de Reparación. Es lo que hemos solicitado hace más de tres años. De hecho, hay muchos que no están recibiendo la pensión de gracia. Yo no la recibo, e hice el trámite hace más de dos años”

El daño no se limita a los sobrevivientes, sino que se extiende a sus familias, amigos y entornos que también sufren el impacto de este crimen continuado. Al querer retornar “a sus vidas” se ven imposibilitados de retomar sus fuentes de trabajo, que muchas eran labores manuales como electricista (el caso del compañero Jorge Salvo), en la construcción u otros precarizados, como el de la mayoría de la clase trabajadora explotada en Chile que aguantan esas condiciones para mantener a sus familias y los altos costos de vida.

En la nota que Jorge le brindó a la voz de Maipú manifestaba que durante el gobierno de Boric: “ningún órgano estatal me ha contactado” y agregaba que “Se hicieron investigaciones y no hay ninguna evaluación, no hay nada, no hay como dar con el efectivo que disparó la escopeta lanza gases”. Este panorama se suma a las miles de denuncias, de las cuales la mayoría se mantienen impunes y las que iniciaron el proceso judicial podrían quedar sin efecto, apoyándose en la Ley Nain-Retamal.

También se viene denunciando que el PACTO cubre ciertos aspectos, como la atención oftalmológica, psicológica y psiquiátrica, pero hay muchas necesidades que siguen sin ser atendidas. Por ejemplo, no se ofrecen terapias para el manejo del dolor. Esto deja sin respuesta una serie de problemas importantes. Hay personas que todavía tienen perdigones incrustados en sus cuerpos que no han podido extraer debido a su profundidad. Otros enfrentan complicaciones con prótesis infectadas y algunos, debido a la falta de apoyo adecuado, han abandonado los tratamientos.

En el comunicado de la Coordinadora de víctimas de trauma ocular se expresó:

“Lamentamos informar con profundo dolor y frustración el terrible suicidio de nuestro compañero Sebastián Méndez, victima de trauma ocular, que decidió abandonar esta lucha hoy, justamente cuando conmemoramos 5 años del estallido social ante la impunidad y el abandono estatal.
Hacemos un llamado a todas las personas para apoyarnos en este desgastante proceso de lucha por justicia, verdad, reparación integral y garantías de no repetición.
Enviamos todo nuestro amor y apoyo a su familia, amigxs y seres queridos. También a lxs sobrevivientes que se ven nuevamente re victimizadxs ante esta frustrante situación”

La formalización a los altos mandos (Yañez, Rozas y Olate) está colocando sobre la mesa la magnitud de los saldos de los crímenes cometidos por parte de la represión del Estado. 1.386 casos, son al menos los casos presentados por fiscalía, entre las más de 10 mil denuncias realizadas. Y sin contar los cometidos durante el gobierno de turno, en manos de Apruebo dignidad que no deja de allanar el camino a la derecha.

Es absolutamente necesario, mantener las coordinaciones de lucha entre los diferentes sectores organizados. Con independencia política del gobierno, las burocracias y el Estado. Desde ahí, mantener instancias de deliberación y resolución de pliegos unificados y planes de lucha, colocando como necesidad recuperar las direcciones de federaciones y sindicatos, que han pactado y realizado acuerdos de “paz social” para mantener la impunidad.

Justicia por lxs sobrevivientes de los crímenes cometidos por parte del Estado, los gobiernos y las fuerzas represivas. Justicia por todos los caídos durante las represiones de Piñera y la persecución y desprecio de Boric.

Juicio y castigo a los asesinos de ayer y de hoy.