En tono burlesco, Ortiz Mena, miembro de la casta dorada de la SCJN se dirigió en la mencionada fecha a un auditorio universitario repleto de jueces de distintos países ─entre los que destacan Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos-, exponiéndoles algunos de los requisitos para ser juez y ministro en México tras la aprobación de la Reforma al Poder Judicial.
Muchos de los asistentes, miembros de las castas jurídicas en sus respectivos países, explotaron en carcajadas después de que Alfredo Gutiérrez dijo:
“Todos los jueces y magistrados federales tendrán que ser votados, ahora los requisitos para ser electos, y todavía tenemos legislación secundaria en desarrollo, y no es broma, es tener 8 de promedio, nuestra Constitución dice eso y cinco cartas de recomendación de nuestros vecinos, si tienes esos requisitos puedes ser postulado hasta la Suprema Corte”.
No es cualquier personaje quien fue a lanzar esta burla a Harvard: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue designado por propuesta de Felipe Calderón en 2012 como ministro de la Suprena Corte. Anualmente gana 4 millones 781 mil 680.47 pesos de salario bruto más una serie de prestaciones como pago por riesgo, vacaciones, prima vacacional por cada uno de los dos periodos anuales y estímulo por antigüedad que no han sido transparentados ni con solicitudes de acceso a la información, según informó el medio Contralínea.
El video de la burla a la reforma en cuestión se hizo viral ayer. Ante esto la presidenta Claudia Sheinbaum respondió:
"Nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas, el pueblo de México tomó una decisión, la elección de jueces, juezas, a mí me toca defender a mi pueblo y a mi país y a mi patria, y a todos los mexicanos también… Entonces, será muy reconocida la escuela de Harvard, pero sería bueno que Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano."
Como lo hemos referido en otras notas, la Reforma al Poder Judicial, aunque incluye elementos progresivos como la elección de jueces, ministros y magistrados, ignora totalmente otros sumamente importantes para que los intereses de sectores populares y comunidades indígenas no sean violentados por esos funcionarios públicos: la revocación expedita cuando atenten contra derechos de dichos sectores, así como que perciban un salario igual al de cualquier trabajador calificado.
Indudablemente la reforma alienta aspiraciones democráticas en el tema de la elección por voto popular y contra los privilegios de casta, ante un Poder Judicial sumamente corrupto, pero incluye aspectos reaccionarios como la figura de jueces sin rostro.
Esta última propuesta no es nueva, sino que fue hecha desde 2010 en el gobierno de Felipe Calderón en medio de su infame y falaz “Guerra contra el narcotráfico”. No obstante, la iniciativa no pasó porque se consideró que violaba los derechos humanos.
Esta idea se refiere a tribunales donde se presentan casos de crimen organizado, y en donde los encargados de resolver el asunto eran juzgadores de quienes no se conocían sus identidades. Así las audiencias, la presentación de pruebas y la condena era decretada por un desconocido. El argumento principal de los defensores de esta idea es que así se protege la integridad personal y de las familias de los jueces que se encargan de sentenciar a delincuentes considerados como peligrosos.
En México esta tentativa se da en el contexto en el que las desigualdades sociales y entre las clases van en aumento exponencial, así como la militarización de la política pública y la judicialización de todo problema y protesta social. Es decir, que mientas la inconformidad obrera y popular va en aumento, el Estado y las clases dominantes buscan aumentar su poder punitivo por diferentes medios.
El problema de que los jueces sean anónimos es que se corre el riesgo de que no se respete el principio de imparcialidad. Esto debido a que el acusado desconocería que si la persona que lo está juzgando, tiene algún prejuicio, vínculo o interés político o económico en su contra (como muy comúnmente sucede) y por ende, se pierda el derecho a recusar, es decir, a solicitar que un funcionario no conozca de un asunto por conflicto de interés. Al mismo tiempo, el modelo de jueces sin rostro facilita la impunidad, pues se dificulta exigirles cuentas por el secreto que los cubre.
En América Latina este modelo ha sido aplicado en Colombia. Se implementó en la década de 1990. Casi inmediatamente comenzaron las violaciones de garantías procesales y de los derechos humanos contra activistas sociales que defendían el territorio, derechos de los obreros o que se oponían a grandes trasnacionales siempre usando como premisa la amenaza del “terrorismo” y la “guerrilla”. Fueron tantas las críticas a los jueces sin rostro que la figura fue abolida en el año 2000.
Además de la revocación y el salario como cualquier trabajador calificado para jueces, ministros y magistrados, otra de las cuestiones que es necesaria para enfrentar los problemas actuales en la impartición de justicia es que dichos funcionarios roten entre las diferentes instancias (es decir, que a veces un juez sea de primera instancia y luego pase a ser parte de un tribunal de apelación y viceversa), con el fin de que los puestos de jueces dejen de ser espacios de privilegios económicos y políticos y representen los intereses de la clase trabajadora y demás sectores populares. | 
