Milei logró vetar la ley de financiamiento universitario, entre otras cosas gracias al apoyo de gobernadores peronistas. En una nueva provocación, este lunes por la noche el presidente se reunió con ellos para festejar el ajuste a la universidad: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Passalacqua (Misiones).
La ley de financiamiento universitario implicaba apenas preservar el mismo presupuesto y mismos salarios que en el año 2023. Esto representa apenas un incremento del presupuesto de 0,14 puntos del PBI. El veto a la ley desató un enorme movimiento estudiantil y docente, con más de 100 tomas de facultades y asambleas, movilizaciones, clases públicas y paros, que siguen desarrollándose.
Las movilizaciones masivas del 23 de abril y del 2 de octubre ya habían mostrado ese potencial. Y por si quedaban dudas del apoyo popular al reclamos por la universidad pública, la consultora Zuban Córdoba publicó un informe en donde plantea que "el 91% está en desacuerdo con que las universidades públicas son un gasto innecesario, el 76,2% desacuerda con que los pobres no llegan a las universidades públicas y un 86,4% considera que las universidades públicas son un orgullo para el país, mientras que el 80,7% está de acuerdo con que las universidades públicas ayudan a la movilidad social."
Milei debió retroceder discursivamente de sus proyectos de arancelamiento, privatización e incluso provincialización planteando públicamente que nunca estuvo en dudas la universidad publica, pero al mismo tiempo que decía que es un gasto innecesario, que no ayuda a la movilidad social ascendente y que los pobres financian la educación de los ricos. Sin embargo, no destinó ni un peso más para financiar las universidades. Su política de ahogo presupuestario sigue intacta.
Aunque hay un dato que debe destacarse más. El ajuste recayó sobre todo sobre los salarios de 190 mil trabajadores docentes y 50 mil no docentes de todo el país. Estos componen el 90 % del presupuesto universitario, mientras el restante 10% se destina a gastos de infraestructura. Este último componente fue relativamente actualizado en un acuerdo (implícito) entre el gobierno y los rectores luego de las masivas movilizaciones de abril. De esta forma, las autoridades se olvidaron del reclamo, el radicalismo no dio quorum para el tratamiento de la ley de financiamiento y pospuso así su votación por varios meses.
Pero son los salarios los que se incrementaron muy por detrás de la inflación, acumulando una pérdida de más del 30% en términos reales desde diciembre de 2023. No por casualidad, también un 30% es el ajuste del presupuesto universitario total entre 2023 y 2024. Con Macri la docencia de las universidades y colegios preuniversitarios perdió 23 puntos salariales, con el Frente de Todos no se recuperó y perdió otro 5%, con Milei perdió 33% en nueve meses. En total, desde 2015 hasta acá los docentes universitarios acumulan una pérdida del 50% del poder adquisitivo. O, en otras palabras, el salario docente puede comprar hoy la mitad de lo que compraba en diciembre de 2015.
Ahora se abre una nueva disyuntiva. ¿Cómo sigue la pelea? Con estos antecedentes, es necesario sacar conclusiones. Milei mostró sus cartas. Para 2025 proyecta un presupuesto de $3,9 billones, casi la mitad de lo que piden las autoridades del CIN (rectores) que solicitan que sea de $7,2 billones, aunque no plantean de dónde saldrá el dinero. La política de estos últimos es discutir el presupuesto en el Congreso, al igual que la convocatoria de algunos gremios docentes, que no buscan apoyarse en la movilización estudiantil sino, nuevamente, plantean una "exigencia" a los legisladores. En el marco de un proyecto de Presupuesto que no sólo ajusta a la universidad, sino a todo el pueblo trabajador.
De esta forma, entre 2023 y 2024 el presupuesto universitario se ajustará al menos un 30% gracias a la licuación inflacionaria y el recorte de las partidas. Entre 2024 y 2025 no se prevé ninguna recuperación. Es más, si la inflación es superior al 18,5% que proyecta el gobierno hacia diciembre, lo cual es no sólo poco probable sino prácticamente imposible, el año que viene se avecina un nuevo ajuste de las universidades.
Al mismo tiempo, la partida destinada a pagar intereses de deuda suma $10 billones para 2025 (sin contar deuda intra sector público, es decir, intereses que van directo a los especuladores de la deuda, el FMI y otros organismos internacionales), lo que equivale a 2,6 veces lo destinado a universidades, o también, el equivalente a 2,8 veces el presupuesto en Salud.
De los intereses de deuda se podrían obtener tranquilamente los fondos para llegar al planteo de $7,2 billones que pide, por ejemplo el CIN, aunque no por ello sea del todo suficiente.
Sin embargo, esta no es la única medida presupuestaria necesaria para salir del ajuste sobre los jubilados, las universidades, o sobre las y los trabajadores. Volver atrás con la reducción de bienes personales a los ricos (Ley Bases) permitiría obtener un aumento de recaudación acorde a mejorar las jubilaciones tal como se planteaba el proyecto -incluso limitado- que vetó Milei. Pero también medidas más de fondo como impuestos progresivos a las grandes fortunas o la eliminación de los subsidios a grandes empresarios que representa cerca de un 4% del PBI cuando el presupuesto universitario apenas alcanza el 0,5% y las jubilaciones 6,3%.
Mientras en todo el país continua esta semana la lucha docente, no docente y estudiantil por el aumento del presupuesto universitario, el gobierno busca desviar la discusión hacia el falso debate de las auditorías. Desde sectores disímiles quieren transformar el reclamo en una rosca en el Congreso sobre el Presupuesto 2025. Pero la lucha en defensa de la Universidad Pública es ahora, en las aulas y en las calles.
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