Una causa armada por el Ministerio Público de la Acusación, herramienta de criminalización de la protesta social en la provincia. Son 19 referentes de organizaciones sociales y políticas los acusados quienes fueron parte de las masivas manifestaciones contra la aprobación de la reforma de la constitución en la provincia el 20 de junio del 2023.
Desde las bancas del PTS Frente de Izquierda-Unidad exigieron el cese de la persecución a quienes hoy son judicializados injustamente, y que se anulen todas las causas a los luchadores contra la reforma.
"No nos parece casual que lo hagan en este momento. Quieren meter miedo cuando el mismo se perdió tras la lucha contra la Reforma el año pasado, la provincia ya no es la misma, y trabajadores, estudiantes y las comunidades indígenas, somos parte de las respuestas masivas que se dan ante las políticas de ajuste de Milei y Sadir", afirmó la diputada Natalia Morales en la última sesión de la Legislatura.
La Justicia de Jujuy quiere meter miedo con la elevación a juicio de 19 referentes sociales de la lucha contra la reforma.
Lo que no tiene en cuenta es que perdimos el miedo y que si hay algo que ejercemos tras la reforma es la protesta en las calles. pic.twitter.com/1t6bte3n6x
En 20 de junio del 2023, con un masivo rechazo callejero, y múltiples cortes de ruta, el gobierno radical de Jujuy y sus bloques aliados del PJ aprobaron una Reforma de la Constitución provincial en medio de una sesión repleta de irregularidades y ataques contra los derechos más elementales de las trabajadoras y trabajadores de la provincia, las mujeres y diversidades y los pueblos originarios, que salieron a ejercer su derecho a la protesta.
La respuesta al rechazo de esa reaccionaria medida fue una brutal represión, condenada por diversos organismos de derechos humanos y referentes de todas las latitudes, con detenciones ilegales por orden del entonces Gobernador Gerardo Morales. A posteriori la justicia, en connivencia con el poder político y económico tejió la judicialización de dirigentes sociales y políticos con el fin de aleccionar al pueblo trabajador y pobre de la provincia.
En una quirúrgica selección imputaron a Miguel Ángel Ramos, Santiago Zamora, Leonardo Alejandro Rosales, Walter Armando Puca, Gabriel Taboada, Martin Antonio Abad, Francisco Emilio Lyonnet, Luis Santiago Zalazar, José Ivan Blacutt Gabino Cruz, José Darío Donaire, José Luis Leopoldo Vilca, Nelson Javier Mamani, Mayuk Nasib Mamani, Héctor Luis Gerónimo, Walter Damián Brizuela, Dan Leonel Liborio, Gonzalo José Marino Diaz, Nahuel Tomás Herrera, Rivero Lautaro Joaquín, todos ellos dirigentes políticos y sociales.
Después de un año "reavivan una causa escandalosa sin pruebas ni argumentos en un claro hecho de criminalización y judicialización del derecho a la libertad de expresión y la protesta social".
"El Juez Rodolfo Fernández los eleva a juicio tomando los planteos de la fiscalía sin poder describir los hechos ni las conductas atribuidas a los imputados, por otro lado desestimó todas las pruebas aportadas por las defensas, donde se encontraban informes de organismos de derechos humanos presentados en la ONU y la CIDH, e incluso videos que son públicos donde se ve claramente a las fuerzas policiales tirando piedras, gases lacrimógenos y balas de goma", apuntó la diputada.
Las acciones del ex gobernador Morales y el ahora titular del ejecutivo Carlos Sadir van en consonancia con la política represiva del presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich, que de la mano de protocolos represivos, ya que necesitan criminalizar la resistencia que se expresa en las calles.
"Desde las bancas del PTS FIT rechazamos todo intento por criminalizar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social y llamamos a impulsar una gran campaña por la absolución de los compañeros. Exigimos la derogación del Código Contravencional vigente que es la herramienta utilizada para iniciar un sin número de causas a los que rechazan en las calles estas políticas de ajuste. Decimos que lo que se judicializa no son solo veinte luchadores y luchadoras sino también las acciones legítimas y constitucionales que impulsaron y siguen impulsando, como cortes de rutas, marchas y paros, que enfrentó a una reforma constitucional que intentaba dejar a la provincia de Jujuy indefensa ante el saqueo", menciona el proyecto presentado por los diputados Morales, Remy y López.
Como sucede con la mayoría de las causas donde se criminaliza la protesta social, los responsables políticos de hechos represivos, como Gerardo Morales y los cómplices del gobierno, son quienes tienen garantizada la impunidad del poder judicial. "Recientemente se conoció un fallo muy importante de la Corte Suprema que reafirma la condena de un policía que disparó e hirió gravemente a Raúl Godoy, diputado del PTS FIT en Neuquén (MC) en el marco de una protesta social, dejando un importante antecedente producto del accionar en las calles fue constante denunciando este hecho lo cual es un muy importante antecedente en estos momentos", finalizó la diputada Morales.
