"Nosotros no queremos atraer inversión a cualquier precio, ni mucho menos que venga a destruir nuestro territorio", aseguraba AMLO en mayo de 2024. Claudia Sheinbaum, por su parte, afirmó durante su campaña en el Zócalo: "Promoveremos y facilitaremos la inversión privada, tanto nacional como extranjera, pero priorizaremos aquella que garantice el respeto al medio ambiente". A pesar de estas promesas, el proyecto económico de la 4T ha perpetuado una dinámica productivista que niega el impacto ecológico.
Esta política económica se caracterizó principalmente por dos elementos: el aumento de la inversión pública a través de megaproyectos estatales y la relocalización de empresas extranjeras (nearshoring). Esta estrategia ha generado una clara tensión: mientras beneficia económicamente a un grupo selecto de empresarios nacionales y extranjeros vinculados a los megaproyectos, también ha acelerado significativamente la degradación ambiental.
En la región del Bajío, la sobreexplotación de recursos hídricos ha llevado los mantos acuíferos a sus niveles más bajos, mientras los suelos presentan un nivel elevado de contaminación por metales pesados. En la zona del Pacífico, el desarrollo de infraestructura logística para la exportación ha generado la desforestación de 12,000 hectáreas de bosque. En el norte, la actividad de las empresas ha incrementado la demanda de agua en un 45% tan solo en 2023, agudizando la escasez que ya enfrentaban las comunidades locales.
La apertura comercial iniciada en 1994 marcó un punto de inflexión en la degradación ambiental del país. Los informes internacionales, como el del Ministerio Francés de Medio Ambiente en 2000, ya advertían sobre los riesgos ambientales que traería el Tratado de Libre Comercio (TLCAN). Esta predicción se confirmó: desde la firma del tratado, el número de empresas extranjeras en México ha crecido a un ritmo anual del 4.5%. A pesar de su discurso crítico hacia el modelo neoliberal, el gobierno de la 4T no solo mantuvo esta tendencia, sino que la intensificó a través de su política de atracción de inversiones, megaproyectos y la apuesta por las energías fósiles.
La 4T no cambió el paradigma en las emisiones de CO2
En la COP24 celebrada en Polonia, el gobierno de AMLO se comprometió a reducir las emisiones de CO2 en un 22% hacia el 2030, alineándose con los objetivos del Acuerdo de París sobre la reducción de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, su política energética contradijo estos compromisos al priorizar los combustibles fósiles, que actualmente generan el 70% de la energía del país. Esta dependencia de energías contaminantes no solo ha imposibilitado alcanzar las metas de reducción durante su gobierno, sino que proyecciones recientes indican que México no podrá cumplir sus compromisos climáticos en los próximos 6 años si mantiene el modelo energético actual.
Las emisiones de CO2 en México han mantenido su tendencia al alza, sin mostrar diferencias significativas entre los gobiernos neoliberales y el gobierno de AMLO. Desde la implementación del TLCAN estas emisiones han aumentado a un ritmo constante del 3.5% anual. La pandemia del COVID-19, a pesar de provocar una reducción temporal de la actividad económica, no logró alterar sustancialmente esta tendencia. Por el contrario, la reactivación económica en 2022 aceleró el problema, registrando un incremento del 10% en las emisiones de GEI respecto al año anterior.
La dependencia de combustibles fósiles ha tenido un impacto grave en las emisiones de metano. La política energética priorizando el petróleo y gas, junto con la infraestructura obsoleta de Pemex, ha resultado en niveles de contaminación alarmantes: la paraestatal contamina hasta ocho veces más que otras empresas petroleras con mayor producción. [1] A pesar de que en 2022 AMLO anunció una inversión millonaria en Pemex prometiendo reducir las emisiones en un 98%, estas no cambiaron de comportamiento, continuando su aumento durante todo el sexenio.
Este aumento sostenido de emisiones de metano, paralelo al incremento de CO2, fueron algo evidente. Según el informe de BBVA “¿Qué lugar ocupa en emisiones de Gases de Efecto Invernadero?”, [2] el incremento significativo de GEI entre 2019 y 2022 es una consecuencia directa de la política energética implementada durante el gobierno de AMLO.
La gestión de la 4T frente a esta crisis se caracterizó por la evasión de responsabilidades. En 2022, la ONU lanzó una alerta por las emisiones excesivas registradas en la región del Golfo de México, pero Pemex negó su responsabilidad, argumentando que “los científicos habían confundido el metano con nitrógeno”. [3] Un año más tarde, se emitió otra alerta similar al gobierno de México, pero en esta ocasión el gobierno optó por el silencio. Las fugas de metano en Pemex han ido en aumento; entre 2018 y 2022 se registraron aproximadamente 230 incidentes, pero el gobierno no emitió reportes al respecto.
El gobierno ignoró de manera sistemática tanto sus compromisos nacionales como internacionales en la reducción de emisiones y la protección atmosférica. En los últimos seis años, las emisiones han seguido en aumento, evidenciando la profunda brecha entre el discurso ecológico y la realidad de la degradación ambiental. A pesar de sus declaraciones cada vez más ambiciosas, el gobierno intentó proyectar ante el mundo una imagen de avances ecológicos bajo la 4T, sin contar con resultados concretos. En la COP27, se llegó a plantear una reducción del 35% en las emisiones en menos de diez años, una meta prácticamente inalcanzable.
La respuesta de la 4T al cambio climático se limitó a implementar “Sembrando Vida”, un programa claramente insuficiente para contrarrestar la enorme huella ecológica del sexenio de AMLO. Pretender mitigar las emisiones de Pemex solo con este programa habría sido catastróficamente inadecuado. Mientras este programa capturó aproximadamente 7.5 millones [4] de toneladas de CO2 durante todo el sexenio, Pemex emitió 231.2 millones de toneladas solamente entre 2018 y 2021. [5] Para mitigar estas emisiones, AMLO hubiera necesitado implementar 30 programas adicionales para reparar el daño causado por su política energética.
¿Qué soluciones propone el gobierno de Claudia Sheinbaum para reducir las emisiones de GEI, considerando la dependencia histórica de las energías fósiles? El discurso político por priorizar la reducción de emisiones se hace presente una vez más. Ante la disminución en la producción de petróleo, Sheinbaum se ha visto empujada por una estrategia de diversificación energética, apostando por las energías limpias. Sin embargo, este enfoque no toma en cuenta el impacto ambiental real que también generan estas energías, incluidas las emisiones de GEI y otros problemas ecológicos.
Un ejemplo claro es la producción de litio. Además de generar emisiones, esta actividad provoca una grave contaminación de los sistemas hídricos debido a la liberación de compuestos tóxicos como el cobre, el plomo, el arsénico y el zinc. Este modelo extractivista sigue sin considerar el impacto ambiental integral, como ocurrió durante el gobierno de AMLO.
¿Las políticas del gobierno de AMLO consideraron los impactos ecológicos?
Las políticas implementadas en el último sexenio muestran una falta de compromiso con la protección del medio ambiente. Los indicios que marcan una política que no priorizaba la ecología se observaron desde el momento en el que no se incluyó este rubro en el Plan Nacional de Desarrollo y que desemboca inclusive, en la reducción del presupuesto de las secretarías. Entre 2018 y 2021, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la Comisión Nacional Forestal sufrieron un drástico recorte presupuestal que promedió en 32%, pero que alcanzó un máximo de hasta 37%. Esto marcó el inicio de una total indiferencia hacia la cuestión ambiental.
A la luz de esta posición, algunos científicos y activistas señalaron a AMLO como un personaje “negacionista”. Sin embargo, la realidad va más allá del simple hecho de negar el impacto de la actividad productiva; esta posición guardó un trasfondo de intereses electoralistas. La gravedad de sus proyectos intentó ocultarse y tergiversarse al unísono de “yo tengo otros datos”, desacreditando cualquier información que expusiera sus efectos negativos.
Este hecho provocó un peligro para la seguridad de los trabajadores, de las comunidades y el ecosistema. Los frecuentes accidentes en la paraestatal Pemex hacen necesario dirigir la atención hacia este problema. Por ejemplo, en 2021, el gobierno restó importancia a las secuelas del famoso “ojo de fuego” en el Golfo, asegurando que no había daños permanentes a los ecosistemas, mientras que imágenes satelitales del programa “Copernicus” [6] revelaban niveles alarmantes de dióxido de nitrógeno en la atmósfera. Ningún estudio de impacto mostró las consecuencias reales.
En 2023, la fuga en Ek Balam ilustró cómo Pemex intentó minimizar los daños y ocultar la gravedad del desastre. En un comunicado, la empresa afirmó que los medios de comunicación habían difundido información “de mala fe”, explicando que el derrame había afectado solo un área de solo 0.06 km². En cambio, un estudio realizado por el Instituto de Geografía de la UNAM demostró que el verdadero desastre ecológico abarcó una superficie de 467 km². El acceso a información sobre el mantenimiento, los protocolos de seguridad y el estado de las plataformas está restringido.
En las zonas restringidas, las asociaciones ecologistas, defensores y expertos carecen de acceso, lo que dificulta conocer los daños. Lo mismo ocurre con la información de los megaproyectos, considerados temas de seguridad nacional.
Además, el ecocidio perpetrado durante la construcción de megaproyectos refleja la voluntad de priorizar intereses personales en detrimento de la naturaleza y las comunidades. Con la intención de “pasar a la posteridad”, AMLO movilizó todos los recursos disponibles para concluir sus proyectos, intentando ocultar el desastre ambiental que generaron. En el sur del país, se registró una deforestación de 7 millones de árboles, el despojo de tierras y el desplazamiento de comunidades. Es importante señalar que este proyecto benefició a un puñado de grandes grupos nacionales y extranjeros, como Carso, ICA y BlackRock, entre otras. AMLO se opuso abiertamente a las denuncias de los activistas que señalaban daños ecológicos en este proyecto.
La Guardia Nacional (GN) se convirtió en otro de los medios utilizados para concluir estos proyectos e impedir obstáculos. La lucha de clases se manifestó, acompañada de represión. La GN y el ejército desempeñaron un papel clave en la contención de movimientos sociales y en la protección de estos megaproyectos. El libro Disputa por los bienes naturales [7] sostiene que existe una relación directa entre la militarización y el uso del ejército para reprimir protestas sociales contra estos proyectos. La investigación también argumenta que la GN garantizó que las poblaciones afectadas no impidieran la continuidad de las obras.
El gobierno ha tenido una responsabilidad directa en los casos de agresión contra los ecoactivistas. Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), más de la mitad de los casos de represión involucraron a organismos gubernamentales, incluidos la policía, la Guardia Nacional y otras instituciones del Estado. El informe indica que durante los primeros cinco años del gobierno de AMLO se registraron 123 casos de agresiones contra activistas ambientales, relacionados con la defensa del territorio, el agua y los bosques. De estas agresiones, 30 están ligadas a obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico.
“Nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo de México”, prometió Claudia Sheinbaum. ¿Será?
Una actitud conciliadora con empresas en detrimento del medio ambiente
El uso de la fuerza no solo sirvió para defender los proyectos gubernamentales, también se puso al servicio de las grandes empresas. La defensa contra la explotación y la contaminación de territorios contra estas compañías fue reprimida por la Guardia Nacional, el ejército y el sistema judicial. En casos donde las comunidades intentaron enfrentar estas amenazas, el sistema judicial empleó tácticas de criminalización, castigando a los defensores con cargos como “motín”, “obstrucción de obra pública” o “ataques a las vías de comunicación”. [8] Amnistía Internacional insistió por el cese inmediato de la criminalización de la protesta. Una herramienta a favor de las empresas.
La 4T se alineó con los intereses de los grandes magnates nacionales, negociando con ellos desde el inicio. El primer paso de esta colaboración fue la creación del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que reunió a los 61 empresarios más ricos del país, asegurándoles una participación directa en la vida económica. La influencia de estos personajes en la economía quedó clara tras la renuncia del secretario de Hacienda en 2019, quien señaló una divergencia con “personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”. [9]
Esta alianza les permitió mantener los privilegios obtenidos en gobiernos anteriores, lo que se tradujo en un aumento significativo de sus fortunas. Los 14 empresarios más ricos de esta élite duplicaron su riqueza en un periodo de tres años. Desde 2020, sus fortunas crecieron un 11%, mientras el COVID-19 golpeaba a las clases más vulnerables, reducía la producción en un 8.5%, disparaba la inflación y mermaba los ingresos de las familias.
Sin embargo, esta colaboración con los capitalistas nacionales no comprometió la relación con los grandes grupos extranjeros. La economía mexicana sigue subordinada al comercio con Estados Unidos, inicialmente respaldada por el TLCAN y renegociada por el propio AMLO como el T-MEC. Lo más llamativo es que éste nunca se pronunció en contra de los beneficios y el nivel de ganancias que los grandes grupos empresariales han obtenido. En su lugar, se limitó a condenar la explotación de recursos para la exportación, proponiendo únicamente controles dentro del marco legal, sin desafiar las estructuras que favorecen a estos grupos.
En el caso del agua, AMLO criticó la cantidad requerida para producir cerveza, pero evitó señalar directamente a las empresas productoras. De esta manera señaló que “por cada 100 litros de cerveza, una caguama, pero ni siquiera para consumo interno, sino para exportación. ¿Qué es lo que se está exportando? ¡Agua!”. [10] Frente a esta situación, su única solución se redujo a la implementación de un control más estricto en la distribución del agua.
Claudia Sheinbaum replicó este enfoque, condenando el uso del 80% del agua en la industria agrícola, como si el problema del acaparamiento fuera causado por el consumo doméstico o los pequeños agricultores, en lugar de empresas como Coca-Cola, Grupo Modelo, Pepsi o Nestlé. Su solución fue reformar la Ley de Aguas de 1992, garantizar el “derecho humano al agua” y un Acuerdo Nacional por la Seguridad y Sustentabilidad Hídrica. Una vez más todo se redujo a un enfoque de reforma de leyes.
En el momento en que cien empresas son las responsables del 70% de las emisiones de GEI, el mensaje es claro: transferir la responsabilidad a la población para evitar señalar a los verdaderos culpables. Las campañas de las empresas y los gobiernos se obstinan en promover pequeños esfuerzos domésticos, como el reciclaje, orinar en la regadera o el ahorro de energía, evitando así asumir su propia responsabilidad y trasladando todo el peso de la crisis climática a los consumidores. Esta estrategia de evasión no solo se refleja en las campañas, sino también en el marco legal que supuestamente debería proteger el medio ambiente.
El caso del río Santiago, en el Estado de Jalisco, muestra las limitaciones de una lucha legal inútil en contra de las multinacionales. Según una investigación del New York Times “Un Chernóbil en cámara lenta”, las leyes no son suficientes cuando se trata de atraer inversiones. “Este río es un ejemplo perfecto del fracaso mexicano en la protección del medioambiente: un análisis realizado por The New York Times reveló que quince años de acciones diseñadas para limpiar el río Santiago han fracasado debido a vacíos legales, financiamiento insuficiente y falta de voluntad política”. [11] En consecuencia, este caso revela que las leyes no son suficientes para preservar el medio ambiente en México.
En definitiva, la ley es un instrumento que continúa favoreciendo a los grandes grupos nacionales y en su medida a los extranjeros. Un andamiaje que fija los limites formales rebasados por los reales. Deficiente, siempre ambiguo y con vacíos en cuanto se refiere a sus obligaciones, pero estricto en la defensa de sus derechos. Subordinado al juego del comercio exterior. Siempre en detrimento de la población y de la ecología.
En un contexto donde la prioridad es la reproducción de un modelo extractivista que favorece los intereses de las empresas y la construcción de megaproyectos en detrimento de la naturaleza, la convergencia entre la clase obrera, las organizaciones ecologistas, los defensores de territorios y los activistas se plantea como imprescindible para construir un movimiento a la altura de los desafíos. La experiencia de los trabajadores de la petroquímica de Grandpuits y las asociaciones ecologistas en Francia debe constituir un ejemplo de alianza estratégica en la defensa de los recursos frente a estos ataques.
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