Durante la jornada del viernes, se registraron enfrentamientos extremadamente violentos, que tuvo como resultado varios heridos –entre manifestantes y policías–, 44 detenidos y el fallecimiento de una mujer de la tercera edad producto de la intensa gasificación en Pirque, Parotani.
Al finalizar la tarde y tras los enfrentamientos, más de un centenar de efectivos de la Policía Militar (PM) se posicionaron en los ríos Khora I y Khora II del municipio de Vinto. Este contingente, equipado con armamento letal y de disuasión-represión, obedece a la orden del ministro de defensa Edmundo Novillo Aguilar, ex gobernador del departamento de Cochabamba.
El argumento del despliegue policial y militar está relacionado con la presunta existencia y uso de armas de fuego entre los campesinos movilizados del ala evista, que habría tenido como consecuencia el ataque a vehículos policiales en Oruro y en el trópico de Cochabamba, suscitados en las anteriores jornadas de bloqueo.
Esta tendencia represiva policial y militar nos muestra nuevamente que el carácter opresor del Estado no ha cambiado y está exclusivamente dirigida para oprimir a la clase trabajadora: proletaria, campesina y también desempleada; además, es necesario remarcar, que este carácter de “mano dura” proviene de sectores cívicos – empresariales y alienta a grupos de choque reaccionarios como la “Resistencia” Juvenil Cochala (RJC), la unión juvenil cruceñista (UJC) y otros grupos paramilitares financiados por la ultraderecha en Bolivia.
Nos encontramos en un contexto de crisis económica, política y social que tienden a ser profundizadas en medio de las pugnas internas del MAS y la rearticulación de fuerzas reaccionarias que pretenden aprovechar el momento. En tal escenario, se hace cada vez más evidente la necesidad de poner en pie un partido revolucionario de la clase trabajadora que le dispute el campo político tanto a las variantes pro-burguesas al interior del MAS como a la derecha reaccionaria y sus grupos de choque.
Desde La Izquierda Diario Bolivia, rechazamos todo intento de militarización de las calles, así como el uso de la fuerza por parte de la policía nacional hacia la población movilizada, que atentan al legítimo ejercicio del derecho a la protesta.
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