Diallo Sissoko había llegado en agosto al archipiélago canario y el 15 de septiembre había sido trasladado al centro de acogida para personas migrantes en el Acuartelamiento ‘Primo de Rivera’ en Alcalá de Henares, un centro dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero gestionado por la ONG Accem. Aunque todavía se desconoce la causa exacta de su muerte, Sissoko había sido llevado una semana antes al Hospital Universitario Príncipe de Asturias debido a un dolor torácico y un traumatismo en una pierna donde se le diagnosticó una infección respiratoria, aunque los asistentes sanitarios de Accem aseguran que desde el hospital solo se le recetaron analgésicos.

Aun así, el joven volvió a la enfermería del centro de acogida en dos ocasiones más, incluso el propio día de su muerte. A primera hora de la mañana del pasado lunes, Sissoko regresó a la enfermería ya que su estado había empeorado. El joven todavía seguía en el centro cuando sufrió una parada cardiorrespiratoria y, aunque fue trasladado nuevamente al hospital, falleció esa misma mañana.

Este centro de acogida de personas migrantes tiene una capacidad de 1500 personas; sin embargo, los propios residentes y trabajadores del lugar han denunciado la falta de personal sanitario e intérpretes lingüísticos, así como los obstáculos administrativos para proporcionar un servicio médico eficaz a estos jóvenes que vienen de sobrevivir una de las vías migratorias más peligrosas del mundo, que evidentemente provoca un sinfín de secuelas físicas.

El caso de Diallo Sissoko, además, desató gran indignación entre el resto de jóvenes del centro, quienes ante la falta de servicios médicos y la desinformación sobre lo ocurrido con el joven maliense, se levantaron en protesta en los días posteriores a su muerte. Oumar, un joven de 18 años que dormía cerca de Diallo, explica cómo el joven se quejó durante días de sus dolores y que la misma mañana de su muerte estuvo retorciéndose de dolor en su cama durante horas. Oumar, después de las protestas en el centro, fue reprimido y retenido por más de cinco horas por un trabajador del CAED. Poco después, fue forzado a firmar la salida voluntaria del centro sin ningún tipo de alternativa habitacional. Así como él, 29 jóvenes migrantes que estuvieron en huelga de hambre están siendo amenazados con ser expulsados.

El trágico caso de Sissoko es una muestra más de las condiciones inhumanas en las que viven las personas migrantes en los CIEs y los CAEDs y del racismo institucional del Estado imperialista español. En el caso de los centros de acogida, a cargo de ONGs como Accem, el gobierno central ni siquiera obliga a contratar servicios sanitarios en este tipo de centros. Durante la estancia del joven maliense, el centro solo contaba con un auxiliar de enfermería, por lo que antes de su traslado al hospital ni siquiera había sido evaluado por un médico.

Debido a la negligencia de la Secretaría de Estado de Migraciones sobre el servicio sanitario, hasta septiembre este había estado externalizado a la empresa privada Health Group. Varias trabajadoras del centro han señalado las barreras sistémicas que impiden que las personas migrantes en estos centros reciban atención médica.

Desde la falta de personal sanitario y material en el propio centro y la falta de traductores e intérpretes ante las barreras lingüísticas hasta los obstáculos burocráticos de la organización interna que plantean explícitamente realizar la menor cantidad de traslados al hospital posibles y el racismo institucional, como en el caso de los jóvenes que no tienen tarjeta sanitaria. Tanto es así que desde el propio centro, pactando con el hospital, se limitaban cuántas personas podían ser derivadas al hospital con la excusa de no saturar los servicios de emergencia: un máximo de tres chicos por la mañana y tres chicos por la tarde.

Por desgracia, estos casos son solo la punta del iceberg de lo que ocurre en estos centros: condiciones insalubres e infrahumanas, racismo institucional, represión, violencia de todo tipo y un largo etcétera. La Ley de Extranjería y la política migratoria imperialista mata gente cada día. Son cientos los que mueren en las aguas del mar Mediterráneo cada día o intentando cruzar las violentas fronteras y son millones que, una vez dentro, se enfrentan a la precarización absoluta y a la negación de derechos básicos como sanidad o educación. Incluso bajo el supuesto gobierno progresista que prometía venir a cambiar las cosas, antes con la fórmula del PSOE-UP y ahora con Sumar. Por eso, las personas migrantes sabemos que nuestra lucha contra el racismo institucional y el imperialismo español debe ir ligada con una perspectiva anticapitalista y revolucionaria.

Porque mientras la extrema derecha no hace más que esparcir bulos racistas y culpar a la clase trabajadora migrante de las crisis capitalistas; la izquierda institucional en todos estos años de gobierno no solo no ha cambiado ni un solo ápice de la Ley de Extranjería, sino que ha abierto un nuevo CIE, sigue manteniendo vínculos con el estado genocida de Israel y ha masacrado impunemente a migrantes en la frontera. Que las vidas de personas migrantes que el Estado racista e imperialista español se ha cobrado en el Mediterráneo, en las fronteras y en los CIEs y CAEDs sean un llamado de emergencia para construir un gran movimiento antirracista, anticapitalista y antiimperialista para acabar con toda la miseria y sufrimiento que el capitalismo racista y opresor causa.