La provincia de los peores salarios del país, lanza un paquete de proyectos de ley que ataca los convenios colectivos de trabajo, el Estatuto Docente, los Cuerpos colegiados, etc. Y una provincia que pasó por la traumática imposición del Ítem Aula y todas sus malas consecuencias.
Llaman a este combo con el rimbombante título de: “Nuevo plan de ordenamiento e incentivos para la gestión educativa de Mendoza”.
Como parte de las justificaciones del proyecto citan un informe de la UNESCO en el que aseguran que se ha duplicado la deserción de docentes de primaria en el mundo.
Pero al parecer sólo leen una parte del informe y no la parte en que la UNESCO se pregunta: ¿Cómo pueden los países hacer frente a la escasez de docentes? A lo que se responde contundentemente: mejorar los salarios y las condiciones de trabajo e invertir en la educación influye significativamente en el bienestar y la motivación de los docentes. Esto que dice la UNESCO parece que Tadeo Zalazar lo omite al tener a los docentes de Mendoza con los sueldos peores pagos de Argentina y destinando cada vez menos presupuesto a educación.
Pero veamos algunos puntos que proponen en el proyecto de ley:
*Incentivo Dedicación Docente: a determinación anual del director general de escuelas se otorgará este incentivo a los docentes que desempeñen sus funciones en un mismo establecimiento educativo por dos años o más.
*Adicional especialidad prioritaria: nuevamente a determinación del director general de escuelas se le otorgará un adicional salarial a quienes él considere como de importancia estratégica.
*Incentivo Especialidad: Se les otorgará a quienes realicen posgrado en la incumbencia que desarrolla en el ámbito educativo.
Parece que la respuesta que encuentra el gobierno a la falta de docentes o incluso al problema salarial es otorgar a discreción un plus salarial. ¿Cuál es la trampa? Es grave que la diferenciación salarial dependa de la definición de un funcionario de cuáles son las materias prioritarias en las escuelas, generando diferencias salariales entre docentes por la materia que enseñan dentro de las mismas unidades de trabajo. Incluso aclaran que las jerarquías y prioridades pueden cambiar y eso conllevará a cambios en la distribución de los incentivos. O sea que los ítems para lograr una mejora en los salarios dependen de la pluma del Director general de escuelas de turno, del proyecto de negocios del gobierno provincial, y aquello que se otorgue una vez, puede ser quitado con el mismo autoritarismo. ¿Y la garantía constitucional de igual salario por igual tarea? ¿Y el derecho laboral de los convenios colectivos y los acuerdos paritarios? Para este gobierno parece que es todo tema borrable de un plumazo.
Extorsionan con la miseria generalizada en la educación.
En vez de generar una recomposición salarial al conjunto de los y las trabajadoras de la educación de la provincia, blanqueando la cláusula de garantía, respetando conquistas como la zona y antigüedad, se proponen imponer nuevos ítems discriminatorios y completamente discrecionales. Pretenden hacer desaparecer de la discusión que las últimas paritarias han liquidado la zona y la antigüedad al ser absorbidas por la cláusula de garantía, motivo por el que actualmente la zona no representa prácticamente nada en nuestro salario.
El ítem dedicación docente se impulsa con la idea de que los docentes dejen de ser docentes taxi. ¡Qué docente de educación media quisiera no trabajar más en 5 o más escuelas trasladándose por toda la provincia!
Pero es pura hipocresía.
La DGE genera “incentivos” pero no garantiza de forma periódica ni las titularizaciones ni las actualizaciones del bono docente que deberían ser anuales, para poder acceder a los cargos. Mucho menos la concentración horaria. De este modo responsabilizan a los docentes de la misma precariedad que ellos generan al negar los movimientos estatutarios.
Y como si esto fuera poco… Para sumar mayor precariedad frente a los sueldos de miseria se nos ofrece aumentar el piso máximo de horas cátedra de 36 a 48 multiplicando las escuelas a las que asistimos, aumentando la carga laboral frente a estudiantes y en nuestras casas y como subproducto inevitable, mayores enfermedades laborales y menor “calidad” educativa al tener los docentes menos horas para dedicarse a planificar, corregir y elaborar materiales. Es absurdo y cínico, porque el “remedio” sólo profundizará las razones para que las responsabilidades de lo que no funciona en el sistema educativo recaiga cada vez más sobre las espaldas de la docencia.
Estas reformas que proponen como (hipotéticamente) forma de incentivar alguna mejora en el sistema educativo de Mendoza lo único que hacen es aumentar la precariedad laboral de los docentes, el ataque a derechos, la división entre las propias fuerzas de los y las trabajadoras de la educación y la acumulación de poder en funcionarios que nadie elige, que viven como millonarios, que ni siquiera tienen algo que ver con el mundo educativo y que ponen y disponen autoritariamente debates sobre reformas en forma permanente, que nada tienen que ver con la realidad de las escuelas, con las necesidades de una infancia que es 70% pobre, de trabajadores y trabajadoras que son pobres, e incluso indigentes y con escuelas que no tienen los recursos para garantizar una educación de calidad.
Se suman tareas, se quitan items como el FONID, se imponen items discriminatorios y los salarios tienen una estructura precaria de cifras en negro que garantizan, también, jubilados y jubiladas pobres.
No podemos permitir que la educación siga siendo el coto de caza de intereses de funcionarios, empresarios y charlatanes que se presentan como expertos. Hay que poner la educación en estado de debate, no podemos permitir que avancen con este ataque. Ante lo cual, nos volvemos a preguntar: ¿la conducción del SUTE, para qué lado patea? |