Hay que exigir a las direcciones sindicales que organicen la solidaridad y llamen a paros y movilizaciones por un plan que incluya el refuerzo de todos los medios de emergencia civiles, permisos retribuidos, control de la plantilla sobre la suspensión de actividades, suspensión de alquileres e hipotecas y una replanificación urbana que se adapte al cambio climático. Necesitamos un plan de reconstrucción bajo control de los trabajadores y afectados y a costa de impuestos extraordinarios a las grandes empresas y la banca.

La respuesta a esta crisis no puede quedar en manos de las decisiones de los mismos gobiernos y empresarios responsables de la catástrofe. Mazón desde Valencia y Sanchez y Díaz desde la Moncloa, no tomaron ni una sola medida preventiva. No obligaron la paralización de las actividades no esenciales. Enviaron los avisos a los móviles pasada la hora de salida de los trabajos, cuando el agua ya estaba cobrándose la vida de decenas. Como hicieron durante la pandemia, mandaron a miles a trabajar en plena alerta roja para salvaguardar los beneficios de los capitalistas de siempre.

Tampoco hicieron nada las direcciones burocráticas de CCOO y UGT. Bastaba con que orientaran a sus delegados, que suman mayoría en la mayor parte de los comités de empresa, para que en aplicación del artículo 21.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que autoriza a que cuando “el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos, podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo”.

Todo contraste con los cientos de ejemplos de trabajadores, vecinos, transportistas... que se pusieron en primera línea. Como los docentes que, como explica CGT Ensenyament del País Valencià, pusieron a salvo a centenares de niños y adolescentes, o las cuidadoras de la residencia de ancianos de Sedaví, que subieron a pulso a 120 ancianos al segundo piso logrando salvarlos de una muerte segura.

A solo 48 horas de la tragedia, las empresas están forzando de nuevo a sus plantillas la reincorporación a sus puestos de trabajo. No les importa que haya más de 100 carreteras cortadas, que muchos lo hayan perdido todo, que estén devastados por lo sucedido, muchos buscando familiares, mientras carecen de luz, agua y comida.

En el País Valencià y en todo el Estado decenas de sindicatos han emitido comunicados de solidaridad y señalando las responsabilidades políticas y patronales. Organizaciones sociales, vecinales y otras redes de apoyo comienzan a organizar esta solidaridad con recogidas de alimentos o productos de primera necesidad, así como protestas como la de esta tarde en Madrid.

El gobierno anuncia ayudas millonarias, aunque no oculta que la mayor parte de las embolsarán las empresas que vean afectada su actividad. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recordaba ayer en la red social X que podían comenzar a solicitar los ERTE para descargar en las arcas públicas el coste de los salarios mientras dure la situación de emergencia. Las y los trabajadores siguen esperando algo tan básico como botellas de agua, ropa o alimentos. Muchos han comenzado a entrar en supermercados y comercios para hacerse con lo necesario para sobrevivir.

Es urgente redoblar esta solidaridad y que se convierta en un gran movimiento para exigir un plan de emergencia que responda a la magnitud de la crisis y antepongan nuestras vidas a los beneficios de los capitalistas. Hay que exigir a las direcciones de los grandes sindicatos para que, junto a la izquierda sindical y los movimientos sociales, llamen a movilizaciones y paros de solidaridad en los centros de trabajo para exigir:

🔴 Refuerzo de todos los servicios civiles de emergencia, internalizando a jornada completa y todo el año a cuerpos como el de los bomberos forestales, que coordinen el trabajo voluntario de quienes quieran ayudar.

🔴 Potestad absoluta a los representantes de los y las trabajadoras, los electos o los que se determinen en asamblea general, para incautar stocks de productos de primera necesidad para su distribución, junto a los vecinos y vecinas, entre los afectados. Este control debe incluir la reanudación o suspensión de las actividades, única garantía de que sus vidas no volverán a ponerse en riesgo.

🔴 Suspensión de los alquileres y anulación de todas las hipotecas y créditos de aquellas personas que han perdido o visto dañada su vivienda, vehículo o pequeño negocio.

🔴 Que todos los pisos vacíos de grandes propietarios y establecimientos hoteleros pasen a estar bajo el control de comités de vecinos y vecinas para el realojamiento inmediato de quienes han perdido su vivienda o está inhabitable.

🔴 Permisos remunerados para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que deban ausentarse de su puesto de trabajo para atender las consecuencias de esta crisis en sus familias, allegados o vecinos.

Todo este plan no puede quedar en manos de los mismos responsables de este crimen social, sino que deben ser las y los trabajadores, junto a los afectados, los que lo desarrollen y planifiquen democráticamente mediante comités locales coordinados a nivel provincial y autonómico.

De la misma manera, los fondos extraordinarios para sufragar todas estas medidas no pueden salir de los presupuestos necesarios para mantener los servicios públicos, sino de los bolsillos de los grandes capitalistas.

Solo Mercadona tuvo en 2023 unos beneficios de más de 1000 millones. La banca acaba de anunciar 23.656 millones de beneficios, un 20% más que el año anterior. Este jueves, el gobierno de PSOE-Sumar acordaba con sus socios parlamentarios - a petición de la patronal bancaria y Repsol - rebajar los impuestos a la banca y anular el extraordinario de las eléctricas.

Hoy Amancio Ortega y Florentino Pérez, anunciaban donativos de 1 y 5 millones de euros para las víctimas. !No queremos sus limosnas! Es urgente aplicar impuestos extraordinarios a las grandes empresas - empezando por las que forzaron a sus trabajadores a trabajar-, así como la banca y las eléctricas.

Es necesario crear un fondo para atender estas medidas de emergencia, así como la elaboración de un plan de mitigación y adaptación a los fenómenos extremos que aumentan en intensidad y periodicidad con el cambio climático.

Si no se toman medidas de reorganización urbana, evitando la edificación en zonas inundables - solo en Levante hay 280 mil viviendas en esta situación-, este tipo de catástrofes se seguirán repitiendo. Junto con esto, la reforestación de zonas que han sufrido mucha erosión, y el reforzamiento de la canalización en fundamental. Siendo el Estado español una zona de DANAs, los especialistas también plantean medidas de seguimiento y alerta temprana.