El llamado “docudrama” aborda los hechos del 26 de septiembre del año pasado en el que perdieron la vida 6 personas y desaparecieron 43 normalistas de la escuela rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero.
El estreno suscitó gran crítica entre los periodistas y cineastas y, sobre todo el pronunciamiento en contra de los familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos.
Estas críticas responden a que la documentación realizada a través del film se basa en la versión ofrecida y defendida de la Procuraduría General de la República, que afirma que los normalistas fueron secuestrados y asesinados por el grupo de narcotraficantes, Guerreros Unidos, al confundirlos con el grupo adversario, los Rojos, concluyendo que los cuerpos fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Dicha versión, impuesta por el gobierno y la PGR desde noviembre del año pasado como “la verdad histórica”, fue la declaración con la que quisieron dar fin al enorme descontento que se manifestaba en las calles con cientos de miles de personas que demandaban la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa y responsabilizaba al Estado de lo acontecido con la consigna #FueElEstado.
Dicha “verdad histórica” se derrumbó por los resultados de la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, cuando declaró con base en las investigaciones que el presunto incendio en el que los cuerpos supuestamente fueron quemados no existió y en cambio reveló la manipulación y ocultamiento de información por parte de la PGR, a la par que afirmó la participación del ejército, la policía federal y estatal en el crimen de Iguala y no solo la de la policía municipal, como sostienen las versiones oficiales.
Al respecto Melitón Ortega, portavoz de los padres de los normalistas desaparecidos declaró con referente a la proyección: “no la vemos con buenos ojos porque es el reflejo de la gran mentira que montó la PGR”. Al mismo tiempo Omar García, sobreviviente de la noche de Iguala, declaró el documental "es una copia exacta de los expedientes de la procuraduría, los dramatizan y los llevaron a la pantalla grande, nada más". Además, llamó a no prestar tanta atención al filme y continuar apoyando su lucha.
Otro de los argumentos con más peso en el terreno legal en contra del documental de “La noche de Iguala” es que no respeta lo dictado en la Ley de Víctimas, pues de acuerdo a ella: “Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse”. Sin embargo, el documental presenta supuestos actos “vandálicos” de los estudiantes desaparecidos y sugiere su pertenencia al crimen organizado. Además, a pesar de los intentos de la PGR por cerrar el caso, la investigación continúa abierta.
Diversos sectores han llamado al boicot de la proyección, mientras tanto el periodista Julio Hernández de La Jornada ha iniciado una campaña de firmas en Change.org para suspender la proyección de la cinta. | 
