Durante muchos años, el uso de los recursos de la Fundación Teletón fue un asunto oculto. Sin embargo, hace dos años, el medio CIPER destapó un escándalo al revelar detalles de la contabilidad de la fundación. Entre los datos más relevantes, se mencionó que Ximena Casarejos, ex directora ejecutiva de la organización, emitía boletas de honorarios mensuales por un monto superior a los $17 millones bajo el concepto de "asesorías". Ante estas revelaciones, la respuesta oficial fue que dichos gastos correspondían a finiquitos. No obstante, según la legislación laboral vigente, el pago de la indemnización por años de servicio puede realizarse en cuotas, siempre que exista acuerdo entre las partes. El respaldo de este acuerdo debe ser un finiquito o un pacto ratificado ante el Ministro de Fe de la Inspección del Trabajo, sin que sea necesario presentar otros documentos como una boleta de honorarios.

Asimismo, se conoció que el yerno de Casarejos, Patricio López, director de televisión, recibió cerca de $100 millones hasta esa fecha por su labor en la dirección del evento televisivo de la fundación. En cuanto a la recaudación de este año, aunque nuevamente se alcanzó la meta, se destacó que el 15% de lo recaudado se destina a la transmisión televisiva, lo que podría implicar un gasto cercano a los $5 mil millones. Entre 2019 y 2021, la Fundación Teletón pagó más de $155 millones al lobista Enrique Correa por sus asesorías, además de $10,9 millones a María José Necochea, hija de Casarejos y actriz, por concepto de "marketing".

Estos sueldos son considerablemente más altos que los de los profesionales de la salud que trabajan en la institución y que son quienes realmente aportan en la atención terapéutica de los menores con discapacidad. Esta disparidad es aún más alarmante si se considera que, según un estudio de la Fundación Sol, en 2023 el 50% de las personas ocupadas en Chile ganan menos de $503.000 mensuales, lo que evidencia una gran diferencia con los ingresos de los involucrados en la fundación.

Además, la Fundación Teletón representa una oportunidad clave para que un pequeño grupo de empresarios fortalezcan su imagen pública mediante sus aportes, mientras mantienen un control económico sobre el país. Estos empresarios, incluidos los grupos Luksic, Angelini, Matte, Yarur, Falabella y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), son los mismos que se oponen a la regulación y privatización de servicios públicos, como la salud. A través de sus donaciones, buscan presentarse como cooperadores sociales, mientras se enfrentan a una crisis de representatividad, especialmente a raíz de recientes escándalos que involucran a figuras como Hermosilla y Cubillos.

El verdadero problema radica en que persiste una crisis social y económica, que se ve reflejada en una crisis en el sistema de salud pública. Ningún gobierno ha abordado este problema de manera efectiva, y la administración actual de Gabriel Boric ha profundizado esta crisis. Esta situación afecta principalmente a los sectores más vulnerables, como las personas con enfermedades crónicas, oncológicas, personas con discapacidad o aquellos que padecen problemas de salud prolongados. Es urgente terminar con el negocio de la salud y establecer un sistema único y nacional, gestionado por los propios trabajadores y usuarios, que garantice atención integral, accesible y sin discriminación para las personas con discapacidad, promoviendo la rehabilitación, la prevención y la protección. Para hablar de una inclusión real, es necesario redefinir los proyectos de país, considerando que, mientras el gran capital financiero continúe dominando la economía nacional y no se discutan las soluciones estatales, los derechos básicos de los ciudadanos no estarán plenamente garantizados.