En esta audiencia, pudimos ser testigos de cómo la resolución favorable por el cierre de la causa, ya estaba preparada de antemano. Nuestra representación, planteó que el caso debía mantenerse abierta ya que estaba en curso la solicitud por un lado, de fotografías de las autopsias para acompañar y reforzar lo que indica el informe escrito, en relación a que no fueron disparos defensivos, si no por el ingreso de las balas, realizadas “a traición”, mientras los jóvenes escapaban. Es decir tirando abajo la versión única por medio del testimonio del carabinero, de que había sido en defensa propia. A la vez, solicitamos que se hiciera una reconstrucción de los hechos, ya que además de que solamente hay un testimonio como prueba, los testigos que presentaron -que eran personas en situación de calle, quienes además de tener contradicciones, declararon que no vieron el momento del supuesto “ataque” de los jóvenes, si no cuando ellos corrían. Y en cuanto a los disparos, que solo los escucharon.

La respuesta por parte de la defensa del carabinero, desde el fiscal y el ministerio público, fue leer un informe erróneo sobre la autopsia, tratando de forzar la idea de que no habían sido disparos por la espalda o el tórax. El problema es que ese informe contradecía el oficial presentado por la misma PDI. O no sabían que estaban leyendo o deliberadamente buscaron fraguar las pruebas. El mismo Juez tuvo que autorizar la lectura del verdadero informe. Pero a pesar de “aclararse” eso, no generó ningún asombro por semejante irregularidad. En vez de dar lugar entonces al reforzamiento de imagenes, el juez rechazó esa petición.

Con respecto al pedido de la reconstrucción de los hechos, el juez argumentó de manera vergonzosa y casi en un susurro, que se buscaba distorsionar la versión del carabinero y dilatar un caso que ya tenia pruebas suficientes para absolver al asesino de mi sobrino Tomás y de Maxi.

Las familias ya habíamos denunciado previamente la realización de una autopsia deficiente y la falta de imágenes forenses, las cuales aún estaban en trámite. Ante esta situación, se presentó un segundo informe oficial de autopsia, desconocido por los participantes del juicio hasta ese momento. Este documento detalla el ingreso y egreso de los proyectiles, revelando posturas que descartaron la hipótesis de un ataque frontal, y más bien indicaban que los jóvenes estaban en posición de huida o defensa propia. Esta información causó un visible impacto tanto en el juez como en el fiscal, quienes habían basado su argumentación en un informe desactualizado y erróneo.

Es evidente y de conocimiento público en el estrado: los disparos por la espalda y por el costado no son compatibles con un escenario de ataque ni con la legítima defensa.
Sin embargo, el caso fue desestimado basándose principalmente en el testimonio del único “testigo”: el propio acusado. Resulta conveniente y alarmante que la supuesta víctima del ataque sea también el asesino de los jóvenes. ¿Es este testimonio suficiente para descartar un asesinato por la espalda? ¿Cómo es posible que el juez haya desestimado la gravedad de la evidencia tras una simple petición de la representante del ministerio público para no "dilatar la discusión"?
Desde las familias, denunciamos una vez más la manipulación y las irregularidades flagrantes de este proceso, que dejan en claro que, más allá de la justicia, lo que imperó fue un pacto de impunidad.

La responsabilidad del Estado

Aquí es donde reafirmamos que el Estado tiene responsabilidad en la impunidad del caso de Maxi y Tomás. Mientras la ley 21.560 dicta que el asesinato de un carabinero será castigado con el presidio máximo, en el caso contrario, se obstaculiza la investigación ante el peligro de desvirtuar la legítima defensa personal poniendo en cuestionamiento la supuesta agresión a la que se haya sometido el funcionario.

Es decir, que es coherente la resolución del caso con el dictamen de la ley, donde ante amenaza de la legitimidad de la agresión sufrida que justifique la supuesta defensa personal, el caso se debería cerrar y no darle más cuestionamientos a su “pobre carabinero”. Por ende, ni siquiera se discutió verdaderamente, dando como consecuencia la impunidad y el permiso de matar ante una situación desproporcionada.

No se toma en consideración de que estos mismos personajes autorizados a tomar este tipo de decisiones por sobre la vida de otra persona, son los honorables jueces que participaron en la judicialización de los manifestantes en el estallido social, caso hermosilla y otros de corrupción. ¿Es la sociedad consciente de que al apoyar estas leyes, se están poniendo el arma en la frente? Ante un poder judicial que no puede existir sin corrupción, que existe en función de garantizar una legislación de clase que busca perpetuar los intereses de los sectores que nos oprimen, es importante ante cada caso de injusticia e impunidad ponerlos al descubierto, pero también pensar otra forma de justicia.

Como tía, quiero que este caso sea ejemplo de qué es lo que sucede cuando el Estado cede leyes que convienen a una parte de la población. Hoy, fue mi sobrino. Tengo que vivir con el hecho de que los jueces y tribunales de este país están tratando de decirme que ya está y no podrá recibir justicia, pero vivo con el miedo de que sea solo un número más entre cientos que se vienen. Para la sociedad cegada por el materialismo, su muerte queda justificada por un supuesto asalto, donde todavía no se pueden probar las agresiones. Al final del dia, en casa, era solo un niño acurrucado en el sillón con las manitos en la cara tratando de aguantarse el sueño después de un día de colegio.
Finalmente, la herida que deja la deshumanización de un ser querido. Nadie va a responder por su muerte, y el propósito del cierre es olvidar su nombre.

Esto no acaba acá

El gatillo fácil no es potestad unicamente de Chile ni de este gobierno, el asesinato a sangre fría de las juventudes afrodescendientes, originarios y marginados no distingue fronteras y tiene alcance mundial. En muchos países la lucha y organización contra el gatillo fácil se sigue masificando, sin ir más lejos, en Argentina el 27 de Agosto se movilizan a nivel Nacional. Es importante unirnos internacionalmente y plantearle a la justicia nacional y a la corte interamericana de derechos humanos que reabra los casos cerrados y revierta los fallos que garantizan la impunidad.

Agradecemos a familiares de Argentina y grupos de Montevideo en Uruguay, en conjunto a los movimientos chilenos por brindarnos su apoyo.

Por eso, el llamado es a que sigamos organizados y organizadas. Hay que fortalecer la coordinadora contra la Ley Naín Retamal, donde nos agrupamos familiares de víctimas del gatillo fácil, organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas e individualidades.

No podemos permitir que este caso quede en la impunidad como tantos otros. No sólo por Maxi y Tomás, sino por todas las víctimas y las próximas víctimas de la violencia policial, que golpea duramente a los sectores populares.

ESTA LUCHA NO TERMINA.
BASTA DE IMPUNIDAD.
ABAJO LA LEY DE GATILLO FÁCIL.